La escasez de agua, cada vez más grave, representa una crisis de origen humano que puede resolverse mediante intervenciones humanas. La situación exige nuevas ideas sobre la economía de este recurso crítico y sobre cómo gestionarlo mediante estrategias orientadas a la misión que abarquen todos los niveles de gobernanza.

En lo que respecta al agua, el mundo se enfrenta a una situación insostenible. Sin embargo, solucionar el problema no sólo está al alcance de la mano, sino que también es la solución más fácil para hacer frente al cambio climático y generar empleo y crecimiento.

Después de la reunión de líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el Foro Económico Mundial de este año en Davos, se ha difundido la observación de que vivimos en una era de «policrisis». La aparición simultánea de varios hechos catastróficos define el clima.

Frente a desafíos tan inmensos como el calentamiento global, la crisis de los sistemas sanitarios, una creciente divisoria digital y modelos de negocios financierizados que aumentan la desigualdad de ingresos y riqueza, no es sorprendente que crezca la desilusión con la política, creándose así condiciones ideales para populistas que prometen remedios fáciles. Pero las soluciones reales son complejas y demandarán inversión, regulación e innovaciones sociales, organizativas y tecnológicas, no sólo de parte de gobiernos y empresas, sino también de personas y organizaciones de todo el arco de la sociedad civil.

Los gobiernos, convencidos de que las políticas sólo pueden aspirar a corregir fallos del mercado, suelen dar respuestas insuficientes y tardías. Incluso bienes públicos como la financiación de actividades de investigación y desarrollo en el nivel básico se ven como formas de corregir un problema de externalidades positivas, así como los impuestos al carbono corrigen un problema de externalidades negativas. Pero lograr un cambio transformador que produzca crecimiento inclusivo y sostenible no depende tanto de corregir los mercados cuanto de configurarlos y crearlos. Esto demanda complementar la idea de los bienes públicos con la de «bien común», que no es sólo una cuestión de «qué», sino también de «cómo».

El bien común es un objetivo al que hay que llegar en forma conjunta mediante la inteligencia colectiva y la coparticipación en los beneficios. Trasciende la idea (en la cual se basa) de los recursos de propiedad comunal, al poner el acento en cómo diseñar inversiones, innovaciones y mecanismos de colaboración en pos de un objetivo compartido. Los bienes comunes son producto de interacciones e inversiones colectivas que demandan modelos compartidos de propiedad y gobernanza. Por eso los beneficios surgidos de esas actividades deben compartirse en forma colectiva. La idea de bien común también atiende a la necesidad de una gobernanza internacional eficaz, destacada en la noción de bienes públicos globales elaborada por mi brillante colega, la fallecida Inge Kaul, que ayudó a inspirar el trabajo de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua.

En su encíclica de mayo de 2015 Laudato si’: sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco defiende con elocuencia un modo de pensar basado en el bien común para un mundo de cambio constante. No es idealismo abstracto. La idea de bien común ofrece un marco útil para fijar objetivos compartidos y determinar el modo de alcanzarlos. Francisco habla de la necesidad de subsidiariedad (el principio de resolver los temas particulares en el nivel más local posible) y de ver el mundo por los ojos de las personas más vulnerables.

Según Francisco, la prioridad en todo cambio social, económico y político debe ser proteger las condiciones esenciales de las que depende la vida humana. La toma de decisiones para el bien común implica defender la dignidad de quienes están marginados en términos sociales, políticos y económicos, no sólo con palabras sino con políticas y nuevas formas de colaboración. Implica crear una red de solidaridad a través de la cual las voces no escuchadas puedan participar en los procesos de decisión cruciales.

Para alcanzar estos objetivos se necesita un nuevo modelo de crecimiento en cuya búsqueda deben participar los que hoy están excluidos; no un modelo que sencillamente se implemente en su nombre. Sirven de ejemplo las organizaciones cooperativas, que se han mostrado eficaces para reunir a personas con medios limitados y darles oportunidades de acción autónoma que no hubieran tenido de otra manera.

Francisco también comprende que en tiempos en que algunos sectores económicos tienen más poder que los gobiernos en ciertos ámbitos, es obligación del Estado defender el bien común en nombre de todos. Para oponerse a la tendencia y hacer frente a los grandes desafíos que tenemos por delante es necesario un cambio fundamental en la política económica. Hoy el principio de bien común se ve como un correctivo para los excesos del sistema actual; pero en vez de eso, debe constituir el objetivo central del sistema.

El dinero no es todo: también es importante fomentar ciertas formas de colaboración. En el caso de la COVID‑19, el mundo hizo una muy exitosa inversión colectiva en la investigación de vacunas. Pero omitió garantizar que el resultado final se trasladara a un «bien común»: en concreto, llegar a que toda la población mundial esté inmunizada.

A menudo tenemos una idea perezosa de las «alianzas» entre diversas partes. La mera asociación entre las partes no quiere decir que estén colaborando correctamente para el bien común; para eso también es necesario que fijen en forma conjunta los objetivos y que armonicen riesgos y beneficios. Todos los participantes deben coincidir en el «qué» además del «cómo». Por ejemplo, no se trata solamente de desarrollar vacunas, sino también de ponerlas al alcance de todos.

Con un enfoque basado en el bien común, cada paso del proceso es casi tan importante como el resultado final. En Estados Unidos, el gobierno destina miles de millones de dólares por año a la inversión pública en I+D en el área de la salud (en 2022, sólo los Institutos Nacionales de Salud proveyeron 45.000 millones de dólares), pero después deja todas las ganancias en manos privadas. Al materializarse la «recompensa» de un esfuerzo colectivo (a menudo en la forma de ganancias empresariales, o como conocimiento valioso), debe compartirse tanto como se compartieron los riesgos.

Como muestro en mi libro Misión economía, hay muchos modos de hacerlo. Uno es condicionar el apoyo público a ciertos requisitos sobre propiedad intelectual o precios, o exigir coparticipación en las ganancias, por ejemplo mediante un modelo accionarial. Otro modo de propiciar una distribución más equitativa del valor entre todos los miembros de la sociedad es mediante estructuras de propiedad colectiva. Todos estos mecanismos permiten limitar la concentración indebida de poder en manos de unas pocas personas y empresas privilegiadas.

Y estos problemas no son exclusivos del ámbito de la salud. La economía digital lleva años creciendo sobre la base de inversiones públicas a gran escala. Como unas pocas empresas poderosas controlan la mayor parte de los datos, tecnologías clave como la inteligencia artificial hoy reproducen sesgos e injusticias preexistentes. Para contrarrestarlo, tenemos que diseñar un marco más inclusivo y transparente que, por ejemplo, imponga ciertos criterios éticos a los términos y condiciones de los servicios digitales.

Finalmente, hay que alentar una mayor valoración del poder de la inteligencia colectiva. Así como los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG/ESG) ayudan a las empresas a proveer información sobre su conducta y cultura organizacional, un enfoque de bien común exige una mejor provisión de información sobre la dinámica interorganizacional y público‑privada, que exprese la totalidad del ecosistema de colaboración (o de parasitismo, como también puede suceder).

La idea de bien común es una idea de colaboración intensa, de inteligencia colectiva, de creación conjunta de fines y medios y de una correcta distribución de riesgos y beneficios. Políticas industriales y de innovación con orientación de misión muestran cómo se pueden poner en práctica estos principios. Gobiernos u organismos internacionales pueden fijar una meta clara (a menudo mediante un proceso de consulta con otras partes interesadas) y luego crear condiciones para una intensa colaboración público‑privada que permita alcanzar dicha meta. Y en este proceso, la modalidad de prueba y error es un elemento crucial. El rumbo debe estar claro, pero también tiene que haber amplio margen para la experimentación descentralizada.

El bien común es un objetivo compartido. Al poner el acento en el cómo lo mismo que en el qué, permite promover la solidaridad humana, el uso compartido del conocimiento y la distribución colectiva de los beneficios. Es el mejor (y de hecho el único) modo de asegurar una calidad de vida digna para todas las personas en un planeta interconectado.

Traducción: Esteban Flamini

27 de enero 2023

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/common-good-governance-key-...

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) realizada la semana pasada en Glasgow, participé en un panel con líderes políticos nacionales, que incluía a la Primer Ministra escocesa Nicola Sturgeon y la Ministra española de Transición Ecológica Teresa Ribera, para hablar acerca de cómo tomarnos en serio la economía verde. En momentos que los líderes mundiales, abrumadoramente hombres, hacían tiras y aflojas sobre compromisos, posturas y promesas, -lo que la activista sueva Greta Thunberg memorablemente calificó como más “blah, blah, blah”- nuestro panel de cuatro mujeres se centró en qué nuevas herramientas e instituciones necesitará el planeta en su proceso de descarbonización.

Tras la COP26 es más evidente que nunca que las promesas desde arriba no bastan y que, más bien, se necesita una transformación estructural e institucional desde las bases mismas. Nuestra única esperanza de mantener el calentamiento global dentro de límites “seguros” (de hecho, el objetivo acordado es mucho más seguro para unos que para otros) es acelerar una transición verde con una masiva inversión pública coordinada que apunte a saltos de innovación y a un cambio de paradigma económico.

Tal como el cambio climático es un fenómeno dinámico y no lineal causado por una serie de puntos de inflexión –cada uno con repercusiones que hacen extremadamente difícil de predecir el ritmo y la escala de cambio-, el proceso de restringirlo o incluso revertirlo depende de puntos de inflexión en cascada en la dirección contraria. Si se pudieran dar saltos sinérgicos en innovación tecnológica y transformación institucional, se podrían precipitar bucles de retroalimentación positiva y efectos multiplicadores acumulativos.

Esa es precisamente la dirección de lo que llamo una política de innovación orientada a una misión. Tenemos que reunir y organizar recursos y alinear políticas en torno a objetivos medibles, como el surgimiento de nuevas innovaciones tecnológicas y la preparación de nuevos mercados. Cada misión debe inspirar y catalizar, y hacer que nuevos actores y sectores innoven de maneras nuevas y colaborativas, sea para hacer que una ciudad alcance la carboneutralidad o lograr un océano sin plásticos. Cada misión debe reunir inversiones de distintos actores, con unas fuertes condiciones para cualquier tipo de apoyo público, de modo que impulse “cascadas de inflexión hacia arriba” Sin embargo, para reorientar la economía en torno a saltos de innovación, necesitaremos nuevas instituciones en todos los niveles, desde lo local a lo global, que amplíen el actual horizonte tecnológico y abran el camino hacia un futuro de emisiones cero.

En el nivel internacional, por ejemplo, un “CERN de tecnologías climáticas” (que tenga por modelo el cuerpo de investigación científica supranacional europeo) podría coordinar las inversiones de los gobiernos participantes, mediante una hucha colectiva para financiar el desarrollo de tecnologías innovadoras que el sector privado no desee desarrollar por ser estas muy riesgosas o sus retornos financieros demasiado escasos. Esta idea fue destacada en el informe final del Panel del G7 sobre Resiliencia Económica, en el que representé a Italia.

En el nivel nacional, los bancos públicos de inversión verde pueden proporcionar el capital paciente necesario para expandir mercados de cero emisiones de carbono. Un modelo prometedor es el del Banco Nacional Escocés de Inversiones (a cuya creación tuve el honor de ayudar), una institución financiera pública cuya principal misión es ayudar a descarbonizar la economía escocesa. El nuevo banco canalizará la inversión entre sectores y empresas que se estén especializando en tecnologías de cero emisiones de carbono.

Por último, pero no menos importante, está el nivel municipal, que es donde la acción climática se materializa en proyectos tangibles como la vivienda de cero emisiones de carbono, vecindarios sin vehículos y cadenas de suministro circulares. Aquí, el nuevo Consejo de Iniciativas Urbanas, del que el University College de Londres, la Escuela de Economía de Londres y ONU Hábitat son coanfitriones, tiene un papel crucial para compartir información sobre proyectos exitosos y alinearla con acuerdos internacionales, no en menor medida los que provengan de la COP26.

Para despegar, estas instituciones deberán ganarse la confianza y la participación de los ciudadanos, específicamente los trabajadores vulnerables. Los gilets jaunes (chaquetas amarillas) y otros movimientos de protesta ciudadana han demostrado por qué el impulso para la transición verde debe venir desde abajo. Las consideraciones que sustentan las propuestas del Nuevo Trato Verde giran alrededor de cómo hacer las que las energías populares pongan a la gente al centro de la transición económica.

Participación popular significa involucrar a los ciudadanos en procesos de nivel comunitario, como la Comisión de Renovación de Camden, que ha hecho uso de debates clave entre asociaciones de residentes para poner conjuntos de viviendas sociales al centro de la estrategia de crecimiento limpio del municipio de Londres. Además, implica invitar a asociaciones comunitarias, cooperativas y sindicatos a formar “asociaciones por los bienes públicos” con los gobiernos. Otra opción es crear asambleas ciudadanas sobre el cambio climático, como se ha hecho en España. Tales innovaciones institucionales servirán de base para un nuevo contrato social, la única forma de generar confianza pública y alcanzar una transición socialmente justa.

El mayor error del activismo climático ha sido no comunicar de manera realista y atractiva una transición verde que promueva los intereses de los trabajadores. Un Nuevo Trato Verde que genere buenos empleos nuevos, eleve los estándares de vida, y reduzca la precariedad y la desigualdad debería ser su máxima prioridad. El éxito de la transición verde dependerá de medidas que aseguren a los trabajadores cuyos empleos estén amenazados por la descarbonización el desarrollo de habilidades y empleos en la nueva economía. En su defecto, se les debería otorgar un ingreso mínimo garantizado como un derecho básico.

Eso no ocurrirá a menos que los trabajadores tengan un lugar en la mesa de negociaciones. Sean cuales sean los nuevos compromisos a los que llegue la COP26, debemos redoblar el trabajo tras bambalinas de desarrollo de instituciones, con especial énfasis en ampliar la participación para incluir a los ciudadanos de a pie. Para evitar un desastre climático se necesitará una experimentación generalizada con nuevas tecnologías y, no menos importante, con nuevas instituciones en todos los niveles.

16 de noviembre 2021

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Project Syndicate

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