LA CUARENTENA INTERMITENTE (75)

La experiencia de la emergencia sanitaria global ha impuesto una narrativa que apunta hacia la llamada normalidad relativa, supervisada o vigilada que otros han acuñado como “nueva normalidad” y superar la cuarentena y el confinamiento y describir una nueva fase de la vida que incluye además de las normas de prevención e higiene personal, también el distanciamiento social y la movilidad restringida. Los países cada cual según sus particularidades y las decisiones de las autoridades van adentrándose gradualmente a la reactivación parcial y controlada de actividades industriales, comerciales y empresariales, así como a la prestación de servicios y el desempeño de la cotidianidad ciudadana.

El anuncio oficial del levantamiento parcial de la cuarentena en Venezuela ha generado satisfacción en ciertos sectores de la población, así como conformidad en unos y preocupaciones crecientes en otros. Un inusual esquema de reinicio temporal de labores por cinco días y la eventual vuelta a la cuarentena por diez días, nuevamente, deja dudas sobre la naturaleza de la disposición que no pareciera responder al comportamiento epidemiológico de la enfermedad sino a otras motivaciones. La atención en oficinas públicas, así como en registros, notarias y tribunales continúa suspendida. La apertura, por franjas horarias de actividades bancarias e industriales y del comercio minorista, constituye el presagio de una “curiosa normalidad”. La medida como es de suponer no aplica a las localidades sometidas a toque de queda por la presencia de focos de infección, pues sigue vigente el Estado de Alarma debido a la pandemia que ha sumado un millar y medio de casos y por la cual 14 personas han fallecido.

El epidemiólogo Gabriel Leung, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong ha señalado que como no es factible sostener un confinamiento severo de manera indefinida, hasta alcanzar la inmunidad general, es necesario explorar cuarentenas de características flexibles. Hay naciones que ya iniciaron paulatinamente un proceso de desconfinamiento, algunos con la llegada del mes de junio comienzan el levantamiento de ciertas restricciones, como es el caso de Panamá y Costa Rica, otras como Colombia anuncian la extensión de la cuarentena, y en ciertos países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina y en especial México y Brasil, sigue la incertidumbre, pues constituyen focos de la pandemia en Latinoamérica. A la fecha la OMS ha emito 132 reportes situacionales sobre La Covid-19. La pandemia ha cobrado la vida de cerca de cuatrocientas mil personas y más de seis millones de personas, en todo el mundo, se han contagiado por el nuevo coronavirus. Todavía no existe un tratamiento terapéutico definitivo y, varios ensayos clínicos están en pleno desarrollo, para garantizar una vacuna que asegure la cura de la enfermedad.

El año 2020 alcanzó a Venezuela en una profunda crisis signada por la diatriba política, el caos institucional, la debacle económica y el drama social. Sin duda el comienzo la década será recordado no solo por la COVID-19 y el prolongado confinamiento sino por racionamiento de combustible y el fin de la gasolina más barata del mundo, que caracterizó por décadas al país petrolero. Para mucha gente la estrategia de la “cuarentena social voluntaria, colectiva” y ahora “intermitente” responde a la necesidad de incidir en una movilidad restringida motivado a la escasez de combustible y la necesidad de sostener inventarios, más que al comportamiento endógeno de la pandemia. ¡Amanecerá y veremos!

@ADIGIAMPAOLO

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LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN (74)

Hay otra pandemia que recorre el mundo y no es la provocada la Covid-19, sino por el pernicioso virus de la corrupción que persigue la ganancia desmedida, con la finalidad de apropiarse de los fondos públicos, y el afán de lucro inescrupuloso mediante negociaciones turbias a costa d gestiones administrativas, bajo el manto de la emergencia sanitaria global. La corrupción es uno de los vicios de la sociedad y genera múltiples secuelas en la vida de la gente.

En Panamá, por ejemplo, sorprende que más de treinta tres mil personas hayan sido amonestadas, multadas y detenidas por violar disposiciones de la severa cuarentena, por cierto, una cantidad muchísimo mayor que el reporte oficial de contagiados por el nuevo coronavirus. Aunque más escandalosas son las noticias, en el país centroamericano, en relación al sobreprecio de respiradores artificiales, la contratación de un hospital de campaña, las compras de medicamentos y hasta la falsificación de salvoconductos. Los tentáculos de la corrupción administrativa lucen variopintos e infinitos.

En México el tráfico de influencias quedó en evidencia por las denuncias entorno a la negociación fraudulenta de ventiladores mecánicos que apuntan a familiares de funcionarios públicos. En Guatemala el ministro de salud fue destituido por compras anómalas de equipos de bioseguridad. En Honduras 292 alcaldías son evaluadas por el sobreprecio en alimentos y medicinas. En Colombia una tercera parte de los mandatarios regionales están siendo investigados por negociaciones fraudulentas de ambulancias, compras sobrevaloradas de productos para programas de alimentación y manejos irregulares en la adquisición de medicamentos. Como la corrupción administrativa no tiene fronteras, atravesando montañas el sobreprecio en respiradores artificiales llegó también a Bolivia. En Ecuador hay denuncias en relación a las compras hospitalarias de bolsas para cadáveres. En Argentina las compras de mascarillas y los contratos de albergues para contagiados son objeto de investigación. En Brasil crearon una unidad de investigación policial denominada “Corona Jato” que detuvo a gobernadores y alcaldes por irregularidades administrativas. El problema es de tal magnitud que recientemente la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, realizó un webinar para analizar la corrupción a la luz de la pandemia.

En Venezuela las críticas al manejo clientelar y partidista de los programas sociales no son nuevas y ahora se han intensificado por la eventual activación del sistema del “Carnet de la Patria” para el abastecimiento de combustible. El problema de la salvaguarda de los fondos estatales es antiguo, al punto que en el siglo antepasado Simón Bolívar prescribía la pena capital como mecanismo punitivo contra la corrupción admirativa y el manejo ilegal de los dineros públicos. En el Congreso de Angostura El Libertador propuso el Poder Moral para el control de la gestión pública y es suya la preocupación en relación a que “la impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia: Al fin llega el caso que el castigo no basta para reprimirlos”. Para la otra pandemia, la de la Covid-19 todavía no hay tratamiento definitivo, ni antídoto alguno.

¡Amanecerá y veremos!

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