“Los hombres no cambian, se desenmascaran”: Germain de Stael.

Vivimos tiempos complicados. En el país tenemos representantes de instituciones fundamentales que con descaro toman decisiones o hacen afirmaciones con la Constitución en la mano, cuando esta señala un curso diferente o expresamente lo prohíbe. Desde hace muchos años el gobierno viola con impudicia la Carta Magna y las leyes, pero en los últimos meses y días la escalada deja boquiabierto al más experimentado en estas lides. Ejemplos sobran.

Tiempo hace que vemos a los militares participando descaradamente en actividades partidistas, estando proscrita la política para los uniformados. Ahorcan financieramente a gobernaciones y Alcaldías no oficialistas al no enviarles el presupuesto, como lo establece la carta madre, con el solo objeto de hacerlos fracasar, sin importar que los perjudicados sean los ciudadanos de esas entidades. Crean entes paralelos con presupuestos millonarios y colocan allí a dedo a sus fichas. A uno de ellos lo llaman “el protector de Miranda”.

Igual estrangulamiento lo hacen con universidades, gremios, sindicatos, y cuanta organización se atreva a ser autónoma, o peor si son francamente opositoras, montándoles organizaciones paralelas que siguen los caprichos políticos de la oligarquía dirigente. A esas estructuras generalmente las llaman “Bolivarianas”. Todo esto es de larga data, y viola la práctica democrática en el mundo y, también, contraviene la decencia política.

Pero desde la derrota parlamentaria del 06 de diciembre, los cortocircuitos en los lóbulos cerebrales del oficialismo se dispararon. Nombraron a toda carrera un TSJ violando lapsos y requisitos que establece la Carta Magna. Isaías Rodríguez, Ex Fiscal General de la República, aseveró que los magistrados no tienen la capacidad para estar al frente de sus funciones, “Son bastantes, no uno o dos, estoy hablando de bastantes”, afirmó al referirse a los jueces investidos. Otros hacen señalamientos éticos de esos señores.

Lo cierto que desde esa designación el Ejecutivo Nacional y los otros poderes comenzaron a tomar múltiples decisiones, una tras otra, evidentemente inconstitucionales, haciendo que “la mejor Constitución del mundo” no exista. Para entender lo que pasa no es necesario ser abogado. Sobran los ejemplos, solo mencionemos algunos. Suspendieron a los Diputados electos del Edo. Amazonas, estando esa entidad desde hace nueve meses sin representación popular, y sin resolver el TSJ la supuesta irregularidad. De lo que tanto se jactó Hugo Chávez, el poder del pueblo, no tiene hoy ninguna importancia.

Las señoras del CNE no organizan las elecciones de gobernadores, cuyo período vence en diciembre de 2.016, porque en el gobierno resolvieron que no es prioritario. Del referendo revocatorio no se diga, las normas sobrevenidas y los lapsos máximos eliminaron el mandato de que el pueblo decidiera si continuaba un mal gobierno. Ellas prefieren dejar este, que es el peor de la historia. En ambos casos el mandato constitucional no importa.

La crisis económica, que es el resultado de las políticas públicas que han aplicado, cónsonas con la visión atrasada que tienen de la economía, la sociedad y el mundo, se propusieron enfrentarla con el “Decreto de Emergencia Económica”. Según la madre de todas las leyes, debe pasar por la Asamblea Nacional. Pero inventan que ello no es necesario. La sala constitucional del TSJ, cuyos miembros Isaías Rodríguez señala como no capacitados, asume la competencia para revisar y aprobar el decreto, y de paso le da prórrogas, más allá de las dos veces que establece el texto que ellos llamaron “la bicha”. No solo esa competencia le quitan a la AN: le sustraen todas, la anulan. Le impiden controlar a los poderes, elaborar leyes, interpelar a las autoridades, escrutar la rendición de cuentas de las instituciones, darse su reglamento interno, nombrar a los abogados para que defiendan al parlamento en los juicios que tuviere, le quitaron los salarios a los parlamentarios, y pare de contar. Luego dicen que se “autodisolvió”.

La última trastada del poder establecido es la aprobación del presupuesto de 2.017, facultad exclusiva del parlamento nacional. La autorizan en una pequeña asamblea frente al Panteón Nacional. Y le agregan otra novedad: que la tienen que firmar los Gobernadores y Alcaldes, de lo contrario no recibirán su presupuesto. Nunca en la historia del país las autoridades regionales y locales han firmado un presupuesto. Nunca. Y no se preocupe en buscar en alguna ley de dónde sacan ese exabrupto, no lo va a conseguir.

Hoy lo que dice la Constitución no existe. Ahora las normas las elaboran o cambian día a día los jefes del psuv, a su medida, con unos jueces a su servicio, con el solo interés de mantenerse en el poder. Eso no lo hace un gobierno democrático, este no lo es. Razón por la que afirmamos que el gobierno se quitó la careta.

La ruta para enfrentar la ruptura constitucional del gobierno es harina de otro costal, que deberá ser abordada y concertada por la dirigencia opositora, de cara y en alianza con el país.