La sostenida recuperación económica a tasas elevadas de Alemania y Japón después de la II Guerra Mundial, recibió el apodo de “milagro”. Igual calificativo se le aplicó al caso italiano, aunque de forma menos notoria. Pues, si las estadísticas daban para hablar del milagro alemán o japonés, igual connotación hubiera podido usarse para referirse a Venezuela entre los años ´40 hasta finales de los ´70 del siglo pasado. Detrás de ello estuvo, claro, las enormes oportunidades que ofreció el vertiginoso crecimiento de la explotación del petróleo de nuestro subsuelo.
Durante buena parte de este lapso la conducción del país estuvo, felizmente, en manos de políticos comprometidos con la democracia, la justicia social y la correspondiente modernización económica y de sus instituciones. Aun así, el impacto de los abruptos incrementos en los precios internacionales del crudo de los ´70 y principios de los ´80, preservó, en la imaginería de muchos, la ilusión de un “Estado Mágico” (Coronil, 2013) que todo lo podía. Aquellos gobernantes cuya gestión se quedaba corta de tales expectativas tenía que ser, a los ojos de la gente, por desidia, incompetencia y/o corrupción, pues plata había. Otras explicaciones, así fueran muy legítimas, no entraban en la ecuación.
Esta visión voluntarista de gobierno, reforzada por el presidencialismo dominante, dejó abierta la puerta a la búsqueda de líder providencial que cumpliera con las aspiraciones de la gente. A pesar de haberse consolidado las instituciones de una democracia funcional, apegadas a la constitución y el Estado de derecho, la ilusión de “milagros” asociados a nuestra condición de país petrolero nos daba confianza en que se sortearían nuestros problemas. Y le sirvió la cama a Chávez. Al saltar los precios del crudo a más de USD 100 el barril, tal ilusión avaló su socialismo de reparto, mientras él y su sucesor destruían la economía y terminaban de montar un régimen de naturaleza fascista. Acabar con la libertad de prensa le facilitó al chavismo fabricar ilusiones para mantener el respaldo de la población. Hoy, Delcy Rodríguez, corresponsable de la destrucción referida, ha encontrado en el mega acuerdo petrolero, festejado ruidosamente por Trump, una licencia para que la dejen en el poder.
Por lo que se conoce, el acuerdo contempla que Venezuela otorgue una concesión por 100 años a la empresa de Alejandro Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), para explotar 17 campos petroleros, con reservas de unos 65 mil millones de barriles de crudo. El 35% de las acciones de esta empresa serán propiedad de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono sin invertir un centavo, a la cual también se le asignará 20% del petróleo producido a precios de costo y la primera opción para la compra del 80% restante. También se reserva el poder de vetar cualquier nombramiento a la junta directiva de NABEP. El gendarme necesario para asegurar que el negocio se cumpla.
La Sra. Delcy, por su parte, anuncia inversiones en el sector por unos USD 100 mil millones y USD 209 mil millones en ingresos para los próximos 25 años. La producción diaria de crudo aumentaría en 1,5 millones de barriles Según ella, sostendrá la recuperación de la industria petrolera y del país, obviando que su ruina actual es obra de la expoliación de ella y de sus cómplices. Se han escuchado voces celebrando el acuerdo y otras dándole el beneficio de la duda. Sería la oportunidad para sacar el crudo a la superficie, sin la cual no hay recuperación ni reconstrucción posible. Venezuela por sí sola no puede. Y así, ante las dificultades y frustraciones que, para muchos, presenta la transición hacia un régimen democrático, la ilusión de una próxima jauja petrolera ofrece sosiego. ¡Borrón y cuenta nueva! Con mangos tan bajitos y tan jugosos, ¿por qué remover responsabilidades del pasado?
Pero esta jauja está sujeta a muchas dudas. La empresa NABEP no tiene el músculo financiero ni la experiencia para desarrollar un acuerdo de esta magnitud. Fue creada hace apenas 4 años. Aunque se tiene a su dueño como un “avión” para los negocios, se trata ahora de conseguir miles de millones, porque la mitad de los campos son “verdes” y requieren enormes inversiones en exploración, infraestructura y servicios para su desarrollo. Por otro lado, lo conocido del mega acuerdo choca con la constitución venezolana y con la Ley Orgánica de Hidrocarburos recién reformada. Desde el marco legal estadounidense se cuestiona, asimismo, la participación del Pentágono. Además, ¿quiénes lo firmarán? Por el lado venezolano, Delcy Rodríguez carece totalmente de legitimidad y así lo reconocen las grandes empresas a las que se les pide que inviertan. A Alejandro Betancourt, presidente de NABEP, se le investiga por lavado de dinero. En su pasado pesa el multimillonario fraude perpetrado con su empresa, Derwick Associates, cuando Chávez la contrató para importar equipos de generación eléctrica al país. Aunque el acuerdo es entre NABEP y Venezuela –EE. UU. no firma– depende de la voluntad de Trump. Le quedan poco más de dos años en la presidencia de EE. UU. y todo indica que tendrá en contra al Congreso de ese país. ¿Mantendrá la participación del Pentágono? Por último, la maduración del proyecto será a largo plazo. Dada la poca credibilidad del Estado chavista y la inseguridad jurídica y política, comentada, ¿Quienes comprometerán miles de millones de dólares en un acuerdo que, de sortear todas sus dificultades, tardará años en reembolsar lo invertido?
Hasta ahora, el acuerdo parece más una ilusión que una realidad. Pero no debe despacharse como un artilugio de humo y espejos. Trump argumenta que estabilizará los precios del combustible, buscando evitar, así, su derrota en las elecciones midterm de noviembre, aun cuando para esa fecha todavía no tendrá impacto. Pero es que Venezuela aparece como su único triunfo en materia de política exterior y debe usarnos para neutralizar su metida de pata en Irán. De manera que está muy inclinado a que el acuerdo cuaje, de una manera u otra. Sabemos que no tiene escrúpulo alguno para torcerle el brazo a otro para conseguir su cometido, sobre todo si se trata de quien percibe como débil. En EE. UU. las instituciones han podido, hasta ahora, evitar mayores desafueros. Pero no tienen por qué velar por la soberanía de un país destruido para que no sea víctima de un acuerdo leonino que comprometerá sus opciones de desarrollo por 100 años. La amenaza es real. La reticencia de las compañías más importantes por entrar de lleno en el acuerdo obliga a Trump a mejorar su perfil, reduciendo la incertidumbre y la inseguridad. Y, en este afán, ¿Por qué cambiar a una servidora tan obsecuente y fiel como Delcy? El poco apego al Estado de derecho que comparte con ella puede ser, incluso, un atractivo, porque el marco opaco que prefieren facilita arreglos “dudosos” para que los amigotes de ambos inviertan. El Rodrigato le provee a Trump y a los suyos seguridad, previsibilidad y control. El llamado a elecciones, María Corina Machado y la democracia misma, representan un riesgo.
Para los venezolanos, el verdadero riesgo está, no en que no lleguen a concretarse las pretendidas bondades del mega acuerdo, sino en que éste sirva para una encerrona que perpetúe al chavismo en el poder, amparado en el acceso preferencial de EE. UU. a nuestro crudo en los términos impuestos por Trump. Que sigan habiendo presos políticos, represión, censura de medios y corruptelas es secundario, el precio a pagar por asegurar el control, la lealtad y la consecuente estabilidad.
Pero aquí se equivocan Trump y Rubio. Porque la verdadera estabilidad de un acuerdo para explotar el petróleo de nuestro subsuelo sólo puede ampararse en instituciones venezolanas sólidas y creíbles, enraizadas firmemente en las preferencias y valores del soberano, es decir, del pueblo. Y ello emana, necesariamente, de unas elecciones confiables que nos devuelvan protagonismo en las decisiones del país, ejerciendo nuestros derechos y responsabilidades, y pidiendo cuentas a las autoridades. María Corina Machado tiene razón, necesitamos atraer capital, tecnología y apoyo de empresas de EE. UU. y de Europa para la explotación, mutuamente beneficiosa, de nuestro subsuelo. Pero este patrimonio no le pertenece al régimen ilegítimo, sino a la nación. Y es que lo verdaderamente crucial del asunto no está en cuánto ingreso adicional puede obtenerse. Está en cómo se va a invertir, qué usos se le va a dar. Vimos cómo Delcy y sus amigos acabaron con los proventos del crudo y para confiar en Trump hace falta una fe a toda prueba. Sólo el pueblo, organizado y democrático, puede decidir al respecto.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela