El reconocimiento de la existencia de una grave crisis generalizada en nuestro país es prácticamente unánime; independientemente de la diversidad de interpretaciones que se hacen sobre sus causas, responsabilidades y maneras de enfrentarla. Por otra parte, dicha crisis ha sido utilizada como justificación para implementar medidas que, lejos de resolver los problemas, han terminado afectando a sus principales víctimas; que no son otras que los distintos estratos sociales que constituyen el pueblo venezolano. Por cierto, las inclinaciones políticas particulares no han servido para evitar sus perniciosos efectos; los cuales sufrimos colectiva e independientemente de ellas.

Son muchas y variadas las razones por las cuales, en las actuales circunstancias, los sectores populares se han visto nuevamente obligados a lanzarse a la lucha. A lo largo y ancho de nuestro país se producen diariamente distintas formas de protesta; reclamos que no reciben, en su mayoría, efectiva respuesta por parte de las autoridades encargadas de prestar sus servicios sin distinciones de ningún tipo. A este tipo de luchas y a esta problemática nos referiremos utilizando el término de LUCHA SOCIAL; lo que no implica que dejemos de reconocer que, como todo tipo de conflicto que se desarrolla en una sociedad, ellas también tienen un carácter político.

La lucha social ha sido hasta ahora predominantemente espontánea, inmediatista y dispersa; características que se presentan incluso en las acciones planteadas por sectores laborales y estudiantiles con mayores niveles de organización y experiencia. Estas condiciones han permitido al Estado venezolano y a sus instituciones, responsables de garantizar los derechos humanos y constitucionales de todos los venezolanos, enfrentar los reclamos por separado; y responder según sus propios criterios y conveniencias. Es así, por citar algunos casos destacados, como han actuado ante los padecimientos de la gente a causa de la expresión que adquiere la crisis en la prestación de todos y cada uno de los servicios públicos (salud, educación, agua potable y drenajes, electricidad, vivienda, aseo urbano, transporte); así han respondido a las necesidades de producción y abastecimiento de alimentos y medicinas para la población; así han escamoteado los derechos de los trabajadores a disfrutar de salarios ajustados a la realidad económica, a contrataciones colectivas que expresen sus aspiraciones de mejores reivindicaciones, al pago de las deudas contraídas y a un sistema de seguridad social que cumpla a cabalidad con los objetivos que le corresponden; así niegan el financiamiento requerido para el cabal funcionamiento de las universidades autónomas; así practican y promueven de diferentes maneras la censura y la autocensura en los medios de comunicación; así han permitido que vivamos permanentemente aterrados por el clima de violencia e inseguridad que ha generado el desborde y la impunidad de la delincuencia, la diaria y creciente cuota de asaltos, robos, violaciones, muertos y heridos (jóvenes en su mayoría) por estas causas, y el peligroso incremento de los casos de “ajustes de cuentas” y linchamientos que hoy vemos en nuestras calles.

Mientras tanto, podemos apreciar cómo se destinan importantes cantidades de dinero del presupuesto nacional, entre otros aspectos, a la compra de armamentos bélicos, al pago puntual a la banca internacional por concepto de deuda externa, al financiamiento de un descomunal aparato propagandístico para el desarrollo de costosísimas campañas publicitarias a nivel nacional e internacional; cómo se ha permitido el crecimiento desmesurado, burocrático, ineficiente y clientelar de las instituciones del gobierno y se consumen cuantiosos recursos en gastos suntuosos y superfluos de estos organismos y sus altos funcionarios; en tanto que la corrupción ha alcanzado niveles de tal profundidad y extensión que ha dejado de ser solo un problema ético, para convertirse en un hecho económico que merma la capacidad financiera del Estado.

Simultáneamente, se criminaliza y judicializa la protesta, se practica el paralelismo gremial y sindical, se hostiga, se encarcela y se utiliza el sicariato contra los dirigentes populares y los defensores de los derechos humanos; se militarizan casi todos los aspectos de la vida del país; y se entronizan, oficial y extraoficialmente, los llamados “estados de excepción” y demás formas de represión y control social.

Es con estas luchas que libra el pueblo venezolano; que hoy, 19 de abril de 2016, a 206 años de la gesta independista del 19 de abril de 1810, que nosotros, los abajo firmantes, como venezolanos, como militantes y no militantes de partidos políticos, como integrantes de diversos movimientos y organizaciones sociales y como ciudadanos identificados plenamente con los intereses mayoritarios y superiores de nuestra Patria y de nuestro pueblo, firmemente convencidos de que sin participación popular no habrán cambios verdaderos ni favorables en nuestro país, mediante esta DECLARACIÓN DE ARAGUA, aprobada en asamblea de ciudadanos, expresamos públicamente nuestra disposición y compromiso de trabajar por el fortalecimiento y correcta orientación de las LUCHAS SOCIALES; con el objetivo de transformarlas en una fuerza unitaria, organizada, democrática y combativa; en capacidad de defender nuestros derechos y de ocupar el papel protagónico que nos corresponde en la búsqueda de salidas a la crisis, que no signifiquen el sacrificio de nuestros hijos, ni la entrega de nuestras riquezas naturales y soberanía nacional a ninguna potencia extranjera; en capacidad de convertirse en una fuerza social autónoma e independiente de cualquier tutelaje político o económico, respetuosa de la pluralidad y de la disidencia; y dispuesta al diálogo, a los entendimientos y a los acuerdos para que dicha salida pueda ser pacífica, democrática y constitucional; lo cual, plantea como requisito indispensable, la necesidad de la reconciliación nacional y el desarrollo de la justicia social.

Jesús Elorza Gente del Deporte

Léster L. López Ciudadanos en Acción

Santiago Clavijo Aragua Sin Miedo

Niuman Páez APROPUPEL Maracay

Juan Macías UPTA Federico Brito Figueroa

Sixto Hernández Trabajador UCV

Nívea Español Aragua Sin Miedo

Iván Briceño APROUPEL Maracay

Oswaldo J. Ávila Sindicato UCV

José A. Rivas PSL

Héctor Leiva E. Muchachos de la Nasa

Luis C. Solórzano Aragua en Red

Eustoquio Pedrá FETRARAGUA

Teodomiro Aguilar Asoc. de Jubilados y Pensionados

José E. Rodríguez Profesor UCV

Tomás A. Acosta Docente

Rosa E. Gelves FETRARAGUA

Alfredo Cabrera FETRARAGUA

Víctor Partidas FETRARAGUA

José R. Valles Independiente

Richard Rivas Colegio de Profesores

Luis Rivas Colegio de Profesores

Aldo Torres FETRAELEC

Gilberto Barreto Colegio de Lic. Administración

Héctor Sánchez Concejal MBI

Edmundo Felipe Red de Universidades

Edgar Capriles Aragua Sin Miedo

Elbano Martin S. IFEDEC

Roberto Sánchez Concluchino

Marlene de Sánchez Sociedad civil

Adriana Sánchez Sociedad civil

Ángel Sanabria Docente UPEL

Lali Armengol Ciudadana

Continúan firmas de Declaración de Aragua del 19 de abril de 2016

El presente documento fue aprobado de manera unánime en la Asamblea de Ciudadanos realizada el día martes 19 de abril del presente año.

Si usted comparte los términos del documento y desea ser incluido en el listado, favor envíe su nombre y apellido, Nº de cédula y el nombre de la organización social a la cual pertenece. Asimismo, para efectos de comunicación, favor anexar Nº telefónico, dirección de correo, twitter, etc.