El “no viaje” —como lo llama Pedro Sánchez— de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid el 20 de enero de 2020 ha vuelto al debate público en la prensa y las tribunas políticas españolas luego de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano de la Policía Judicial de la Guardia Civil. El informe revela que el presidente del gobierno español estaba enterado desde días antes de la visita de Rodríguez, quien tenía prohibido desde 2018 pisar territorio del denominado espacio Schengen (una área que incluye a 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos en los límites comunes).
El propio Sánchez ha admitido la veracidad, al menos, de ese dato del informe, que la UCO extrajo de una toma de pantalla del teléfono móvil del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, quien recibió a Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. La versión inicial del suceso, bautizado como Delcygate, era que la vicepresidenta venezolana necesitó realizar una “parada técnica”. Es decir, ni estaba en Madrid ni se le esperaba, lo cual resultó ser una mentira. Sánchez maquilla el asunto con la curiosa expresión del “no viaje”: Rodríguez estuvo en territorio español pero él no la recibió, por lo tanto, no estuvo. La política da para todo.
Por supuesto que el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid era más que una parada técnica y más grave, al efectivamente producirse, que la violación de una orden de por aquí no se acerque. En Venezuela es imposible acceder a información pública al respecto. La prensa sabe de sobra, porque lo padece a diario, el secretismo que acompaña todos los pasos del régimen de Nicolás Maduro. En España, sin embargo, tiene serias implicaciones para el gobierno de Pedro Sánchez, salpicado de casos en los que hay más que “atisbos” —otra palabra del presidente de gobierno español— de corrupción.
Ábalos, el ministro que se desplazó a Barajas a esperar a Delcy, ya está fuera del gobierno, después de ser un muy próximo colaborador del presidente, y del PSOE, donde era el número dos, solo por debajo de Sánchez. Dos personajes más, relacionados a su vez con el “no viaje” de la vicepresidenta, son Koldo García, exasesor de Ábalos, y Víctor de Aldama, ambos detenidos. El primero por presunta corrupción en la compra de mascarillas, el segundo por un presunto fraude de 180 millones de euros.
Aldama, empresario, expresidente de un equipo de fútbol, estaría implicado también en la venta ilícita de 104 barras de oro venezolanas, por un monto de 68,5 millones de dólares. Las pesquisas de la UCO han dado con comunicaciones entre Aldama y Rodríguez para concretar esa transacción dos semanas antes de que la vicepresidenta viajara a Madrid.
Un complejo entramado de relaciones y negocios ocultos entre Madrid y Caracas, donde despacha y se da el vuelto un gobierno sancionado por la Unión Europea, de ninguna credibilidad política y célebre por su corrupción endémica. ¿Si la visita de Delcy Rodríguez se pactó con antelación por qué se mintió al respecto? ¿Cuánto pesan estas relaciones “oficiosas” en la posición del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al fraude electoral cometido en Venezuela y el reconocimiento del resultado de los comicios que dio ganador a Edmundo González?