El Proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal ha estado en la agenda legislativa desde hace muchos años, de hecho hubo un proyecto sancionado en el año 2004, que no logró ser promulgado porque el entonces Presidente Hugo Chávez lo devolvió a la Asamblea Nacional con observaciones que no fueron procesadas, quedando el proyecto de ley en el olvido.

Aquella ley sancionada fusionó ideas de la oposición y del oficialismo, recogió propuestas de la Universidad del Zulia y de la Gobernación de ese mismo Estado[1] e intentó en el año 2011 ser retomada por los gobernadores de Lara, Carabobo, Zulia, Táchira, Amazonas, Miranda, Nueva Esparta y Alcaldía Metropolitana, quienes pretendieron reimpulsar el proyecto de ley a través de la iniciativa ciudadana y no se concretó.

Ese mismo año 2011 los Presidentes de los Consejos Legislativos de los Estados Zulia y Miranda introdujeron un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando la declaración de omisión legislativa de la Asamblea Nacional en dictar la Ley de Hacienda Pública Estadal; pasaron los años y no hubo respuesta a ese recurso, por lo tanto el proyecto de ley sancionado quedó guardado en los archivos de la Asamblea Nacional.

Desde el 6 de diciembre 2015, por primera vez desde que se aprobó la Constitución vigente, la Asamblea Nacional se convierte en un verdadero foro político nacional, en donde los problemas más urgentes y prioritarios del país encuentran espacio en la Agenda Legislativa, además de contar con voces legítimas que recuperan la función parlamentaria y el valor de la representación política.

Con el voto del pueblo y la con la voluntad política de los diputados, la Asamblea Nacional ha sido recuperada como institución política al servicio del Pueblo; el mismo Pueblo a quien años atrás le dieron la espalda y lo ignoraron al desconocer aquél mandato popular que dijo NO al modelo de Estado comunal.

La Asamblea Nacional se coloca al servicio del pueblo y también de la descentralización a través de diversos proyectos de leyes que incorporan, entres sus normas, los principios sobre los cuales descansa el modelo de Estado Federal y Descentralizado que exige la Constitución.

Uno de esos proyectos es precisamente la Ley de Hacienda Pública Estadal, que con un nuevo proyecto, vuelve a tener espacio en el debate legislativo, pero que ahora cuenta con una Asamblea Nacional que está comprometida con impulsar los cambios políticos e institucionales necesarios para solventar las deficiencias de un modelo que por todos lados expone su fracaso.

Frente al modelo centralizado y de control político que representa el Estado Comunal, la Descentralización y el Federalismo se levantan como alternativas viables, constitucionales, que con mayor efectividad pueden enfrentar los desafíos que hoy tenemos como sociedad.

Las muy olvidadas Constituciones estadales encuentran, en el debate sobre la hacienda pública estadal, una oportunidad para recuperar su valor jurídico, pues la Ley que se promulgue en esta materia, claramente obliga a revisar esas Constituciones, pues en ellas esta materia se ve regulada bajo un título particular.

Precisamente en esas Constituciones estadales, los gobernadores y los legisladores son expresamente reconocidos como las autoridades responsables de la administración y de la regulación de la hacienda pública estadal, atendiendo por supuesto a las demás normas previstas en esta materia tanto en la Constitución como en las Leyes Nacionales.

La promulgación de este proyecto de Ley facilitará el camino para que los gobernadores y legisladores estadales recuperen su valor de actores estratégicos en el desarrollo estadal y colaboradores esenciales en la tarea de reconstruir el país.

En el marco de este debate legislativo, resulta importante valorar y replantear el rol de otro actor estadal -que hoy es poco reconocido- llamado Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP), instancia creada en la Constitución, orientada hacia el desarrollo estadal y que se destaca porque en su espacio, la gobernanza podría encontrar un lugar idóneo para el debate, la inclusión y los consensos.

Tanto el CEPLACOP, como los Consejo Locales de Planificación Pública (CLPP), en el ámbito municipal, son instancias de planificación y desarrollo que urgentemente requieren ser reformadas, a tal fin, no necesitan una reforma constitucional, basta con una reforma legislativa para que ellas se pongan al servicio de los ciudadanos y de la descentralización. Con la conformación política de la Asamblea Nacional, esa labor es perfectamente viable y oportuna.

No puede olvidarse en este comentario, al Consejo Federal de Gobierno, también creado constitucionalmente y que con una simple reforma legislativa, puede ser rescatado como espacio para el diseño de la descentralización.

Estas tres instancias mencionadas de planificación y desarrollo, diseñan un sistema en el que la coordinación, cooperación y colaboración entre los distintos niveles políticos territoriales, permiten construir los consensos necesarios para lograr un debate político e incluyente sobre las líneas estratégicas que debería contener todo acuerdo político para construir algún producto que podría llamarse Plan de Descentralización y Desarrollo, que como proyecto político permita sustituir al Plan de la Patria 2013-2019.

Fortalecer la hacienda pública estadal abre el debate sobre la hacienda pública municipal, y ello supone un gran debate político, que no puede limitarse a transformaciones legales y mucho menos, en estos momentos críticos del país, puede limitarse a un conjunto de propuestas normativas que reposan en la web de la Asamblea Nacional.

Es urgente que el ciudadano sea incluido en ese debate, y es necesario que sea acercado a esas propuestas legislativas, para que comprenda el alcance de las mismas y se empodere en su defensa. He allí la importancia de una reforma parcial del CEPLACOP y del CLPP.

Hoy la Asamblea Nacional está amenazada por el Ejecutivo y el Judicial. El ciudadano no debe perder de vista que la principal razón de esa amenaza es que tenemos como sociedad una Asamblea que logra cumplir su misión constitucional. Acompañarla y defenderla pasa por comprender su trabajo y entender el alcance que sus propuestas legislativas traen consigo en la tarea que nos impone la historia de rescatar el país, reencontrarnos con la democracia y rescatar nuestra condición de ciudadanos.

[1]FREITEZ, Jesenia. Culpa de Chávez. En: Tal Cual Digital. 01-11-2011. Online en: http://www.talcualdigital.com/Nota/62688/Culpa-De-Chavez

Politika UCAB