Autoritarismo Líquido — Ensayo 23
El jueves 15 de enero de 2026, doce días después de la captura de Maduro, se celebraron dos reuniones separadas por más de tres mil kilómetros. En la Casa Blanca, María Corina Machado entregó a Donald Trump un reconocimiento que incluía la medalla del Premio Nobel de la Paz, otorgada en Oslo apenas un mes antes. En la leyenda que acompañaba la medalla se leía:
Al presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz a través de la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad.
Entregado como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y decidida del presidente Trump para garantizar la seguridad de Venezuela.
El pueblo venezolano jamás olvidará el coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump.
Trump escribió más tarde en sus redes sociales que ella le había obsequiado el premio «por el trabajo que he hecho».
Ese mismo día, en Caracas, el director de la CIA, John Ratcliffe, conversó durante dos horas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro convertida en presidenta encargada. Según un funcionario estadounidense citado por la prensa, fue Trump quien impulsó ese encuentro para dejar claro, de manera muy particular, que Washington quería una mejor relación con Venezuela.
La sonrisa relajada y genuina de Trump y Machado en Washington contrastaba con la de Ratcliffe y Rodríguez en Caracas, que lucía tensa y forzada. Ese jueves cabía entero el dilema que anuncié al cerrar el ensayo anterior.
Doce días antes, Trump había dicho que Estados Unidos iba a «gobernar» Venezuela hasta que fuera posible una transición segura, adecuada y juiciosa. En la misma rueda de prensa calificó a Machado de «mujer muy agradable», pero añadió que no tenía «el apoyo ni el respeto» dentro del país para conducirlo. A Delcy Rodríguez, en cambio, le dirigió una advertencia a través de The Atlantic. Si no hacía lo correcto, pagaría un precio muy alto, «probablemente mayor que el de Maduro». Al día siguiente, Marco Rubio explicó en televisión que el bloqueo petrolero seguía vigente, que era «una enorme palanca» y que juzgarían a los sucesores de Maduro «por lo que hagan». Era una frase de sentido común. Sería también, con el paso de los meses, la fórmula exacta de la tutela.
Antes de cuestionar esa decisión, conviene entenderla, porque no nació de la ingenuidad. Washington tiene una larga memoria institucional que se mantiene viva en muchos funcionarios de carrera del Departamento de Estado, en relación con lo que ocurre cuando se decapita un régimen y luego se desmantela todo lo que está por debajo. En mayo de 2003, la Autoridad Provisional de la Coalición dictó en Bagdad sus dos primeras órdenes. La primera expulsó de la administración pública a los miembros del partido Baaz; la segunda disolvió el ejército iraquí. Cientos de miles de hombres armados, entrenados y humillados quedaron, de un día para otro, sin sueldo ni lugar. Lo que siguió fue una insurgencia que costó años y decenas de miles de vidas. Cuando Rubio insistió, aquellos días, en que «esto no es el Medio Oriente», hablaba de ese fantasma. La lección que Washington extrajo de Irak fue sencilla. Se saca al hombre, se conserva la estructura y se negocia con quien queda al mando.
El problema es que esa lección había sido aprendida frente a un Estado jerárquico, y lo que había en Caracas era otra cosa. Como ya lo he descrito previamente, una de las propiedades del totalitarismo líquido es su capacidad de simular un estado de tensión permanente entre orden y caos, en el que las redes de poder se presentan como la única garantía de paz. El propósito, decía entonces, es desalentar cualquier intervención externa, porque alteraría un equilibrio frágil y produciría consecuencias peores que mantener el statu quo. En el ensayo 16 llamé a esto el equilibrio del caos controlado, la cuarta regla del poder líquido. Lo que era difícil de imaginar era que esa regla sobreviviría a la intervención que estaba diseñada para impedirla. El argumento con el que el chavismo disuadía a Washington antes del 3 de enero fue el mismo con el que, después del 3 de enero, persuadió a Washington de preservarlo. La red no tuvo que cambiar de discurso. Le bastó cambiar de audiencia.
No pretendo cuestionar la política de Washington respecto a Venezuela, pues no es el objetivo de este ensayo, aunque resulta evidente que presenta varios flancos vulnerables. Mi idea es dejar claro que la lección aprendida ha llevado, en el caso venezolano, a tomar decisiones que también son experimentales, como fueron las de Irak, lo que implica riesgos de otro tipo que aún no están completamente determinados, dado lo inédito del proceso.
A lo largo de la serie he descrito la relación del régimen con sus tutores. La Habana aportó la doctrina de inteligencia y el anillo de protección; Moscú y Pekín, las armas, el crédito y la cobertura diplomática; las economías ilícitas, el dinero que ninguna sanción podía rastrear del todo. Una red líquida no se define por la lealtad a un tutor, sino por su capacidad de adherirse al nodo más fuerte disponible. La madrugada del 3 de enero murieron 32 cubanos defendiendo a Maduro. Tres días después, Trump anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo y que los ingresos de esa venta serían «controlados por mí, como presidente de los Estados Unidos». El 1 de abril, el Departamento del Tesoro retiró a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados. El 28 de agosto, Trump presentó lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia, que según su propio anuncio otorgaba a Estados Unidos el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. El 14 de octubre, el Tesoro también levantó las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficial en la mesa de diálogo. En nueve meses, la red cambió de tutor; su morfología, no tanto.
La escena que mejor lo resume tuvo lugar en un hotel de Manhattan el 22 de septiembre. Por primera vez en once años, un presidente estadounidense se reunía con quien ejercía el poder en Caracas. Delcy Rodríguez hizo el signo de la paz ante las cámaras; Trump levantó el pulgar. Hasta ahora no se ha sabido mucho de esa conversación. Horas antes, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump había celebrado con frases ásperas la operación que capturó a Maduro; además, había presumido de los acuerdos petroleros con una frase que dejó pocas dudas. «Al vencedor pertenece el botín», dijo, según la crónica de Al Jazeera. La expresión tiene historia en Washington. En 1832, el senador William Marcy pronunció la frase para defender el reparto de cargos públicos entre los leales al partido ganador. Desde la silla de Venezuela, en el foro de la ONU, Delcy escuchaba junto a su delegación, aquellas palabras del presidente Trump, que como dardos seguramente se clavaron en sus oídos. Era una escena rara y cargada de contradicciones. Muy representativa de las paradojas heterárquicas del poder líquido.
Al día siguiente, desde la misma tribuna, Delcy Rodríguez agradeció la reanudación de relaciones, habló de un «renacimiento» de Venezuela y prometió elecciones sin decir cuándo. Era la misma oradora que, años atrás, había proclamado en ese mismo atrio que Venezuela no se arrodillaba ante ningún poder imperial y que, en 2019, había calificado las sanciones estadounidenses de terrorismo económico. Aquellas frases, ahora huecas, nunca se pronunciaron con convicción; muy probablemente tampoco las dichas ese día. Todas eran la más pura expresión de una red que opera bajo su única unidad de propósito; permanecer en el poder.
Mientras ocurría aquel encuentro, Machado intentó tres veces, en veinticuatro horas, regresar a Venezuela desde Panamá, por rutas que incluían Aruba, Curazao y el mar. No lo logró. Según su equipo, habían realizado al menos siete intentos desde junio. El gobierno de Rodríguez ha negado que le impida el retorno y, hasta ahora, ignora las solicitudes para coordinarlo, quizás a sugerencia de su tutor, pero ha advertido que, si vuelve, tendrá que responder por haber pedido sanciones y una intervención militar. Un argumento completamente líquido cuando proviene de quien facilitó la captura de su jefe directo en una operación militar de los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha dicho que ella tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera. Sin embargo, no ha dicho qué hará para que ese derecho se cumpla. En el ensayo 21 escribí que Machado salió de Venezuela convertida en Nadie, como Ulises frente al cíclope. Nueve meses después, la paradoja es que el régimen que no logró verla salir ha aprendido a impedirle volver. Lo cierto es que el reingreso de María Corina Machado en Venezuela se ha convertido en un pulso disputado en el territorio gris entre la diplomacia, la disuasión y la represión.
En esta etapa, el simulacro institucional, la segunda de las cuatro reglas, también se renovó. La Constitución venezolana establece que, si la falta absoluta del presidente ocurre en los primeros cuatro años del período, deben celebrarse elecciones dentro de los treinta días siguientes. Para evitarlo, el Tribunal Supremo recurrió a la figura de una «ausencia forzosa», que la Constitución no contempla, y la trató como una falta temporal. El artículo 234 limita esas faltas a noventa días, prorrogables por otros noventa. El plazo venció a comienzos de julio. La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, guardó silencio y la diputada Iris Varela explicó que estaban «cuidando la silla» del presidente secuestrado. Washington, por su parte, había anunciado el 5 de marzo la normalización de las relaciones con Venezuela «bajo la presidencia interina» de Rodríguez y, el 20 de julio, la reconoció ante un tribunal de Florida como jefa de Estado. El 2 de octubre, la fiscalía de Nueva York sostuvo en su escrito contra Maduro que solo el gobierno de Rodríguez, reconocido por Estados Unidos, podría haber reclamado inmunidad para el acusado y que nunca lo hizo. Nadie en Caracas ha pedido de vuelta al hombre cuya silla dicen cuidar. El régimen que durante más de veinte años vació las instituciones, manteniendo su fachada, sigue operando en la ambigüedad del poder líquido, siempre conveniente para su propósito.
Sería deshonesto no anotar lo que esa tutela ha producido. La embajada de Estados Unidos en Caracas reabrió tras siete años de ruptura. En febrero se aprobó una ley de amnistía. El número de presos políticos registrado por el Foro Penal, que superaba los 800 en septiembre de 2025, había bajado a 322 el 9 de octubre. Un número significativo de exiliados han regresado al país y algunas prohibiciones absurdas de movilización y salida han sido eliminadas de los sistemas migratorios. Desde agosto funciona una mesa de diálogo en Caracas que ya va por su tercera ronda, aunque aún sin resultados tangibles. Nada de eso es menor para las familias que recuperaron a un hijo, a un padre o a un compañero. Pero el mismo Foro Penal sigue registrando nuevas detenciones y la puerta giratoria que describí en ensayos anteriores no se ha cerrado por completo, solo gira más despacio. El espacio cívico muestra señales de recuperación y apertura, pero sin fecha para las elecciones.
Machado, a quien todas las encuestas sitúan muy por delante de cualquier otra figura, no tiene asiento en la mesa que Washington patrocina. Y según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, más del sesenta por ciento de los venezolanos desaprueba la gestión de quien hoy gobierna con el respaldo de la Casa Blanca.
Hay un precedente que Washington conoce bien, por aquello de la memoria institucional, y que, por contraste, ilumina lo que ha ocurrido en Venezuela. En mayo de 1989, Manuel Antonio Noriega anuló las elecciones panameñas que había ganado la oposición. En la noche del 19 al 20 de diciembre de ese año, minutos antes de que comenzara la invasión estadounidense, Guillermo Endara, el candidato al que le habían robado la victoria, juró como presidente en una base militar de la zona del Canal. Washington derribó al dictador y entregó el poder a quien lo había ganado en las urnas. En Venezuela, las actas del 28 de julio de 2024, esa larga cinta de papel con la que abrí esta tercera parte, siguen siendo la prueba documental más sólida de quién ganó aquella elección. Washington las conoce. Eligió, sin embargo, a la vicepresidenta de quien la robó porque, según han explicado, necesitaban la estabilidad del propio sistema para desactivarlo y desarticularlo. El tiempo y la historia juzgarán esta decisión.
Zygmunt Bauman dedicó algunos de sus últimos textos a una idea que tomó de Antonio Gramsci. Desde la cárcel, Gramsci había escrito que, en las transiciones, la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y que en ese interregno aparecen los síntomas más variados de la enfermedad social. Bauman llamó interregno a un tiempo en el que las viejas formas de hacer las cosas ya no funcionan y las nuevas todavía no existen, un tiempo en el que el poder y la política se han separado. Venezuela vive hoy un interregno de esa clase, con una variante que Gramsci no previó. Lo viejo no termina de morir porque existen intereses en mantenerlo con vida. El poder real se negocia entre Caracas y Washington; la política, la que se expresa en la soberanía de los votos, en candidatos, en la voz del ciudadano y en plazas llenas, se mantiene afuera.
¿Liberación o tutela? Formulada así, la pregunta es engañosa, porque supone que se trata de una elección binaria y ya consumada. El 3 de enero fue, sin duda, una forma de liberación. Sacó del poder a un hombre que lo había usurpado y que hoy espera en Nueva York un juicio fijado para junio de 2027. Lo que vino después es una tutela. Ahora, la verdadera pregunta es: ¿qué tipo de tutela? Una que puede ser un puente, una administración provisional que conduce de manera verificable hacia elecciones libres y se retira cuando la gente va a las urnas y emite un veredicto. O puede ser una sustitución, un cambio de tutor que deja la red con una morfología variada pero presente y se limita a cobrarle un peaje. Pero entre aquella y esta existe otra, la más legítima de todas, una que, basada en la legitimidad del liderazgo y del voto, trabaja en equipo con los Estados Unidos, bajo esquemas transparentes y sólidos para el beneficio de ambos pueblos. Una alianza mucho más poderosa y firme que cualquier tipo de tutela. Una expresión real que comenzaría a poner fin a las perversiones del poder líquido, que tanto han sufrido los venezolanos y la región. Esta opción, por cierto, es la que más apoyo tiene no solo en Venezuela, sino también en el Congreso norteamericano y en el resto del continente.
El dilema de Washington, al final, no puede verse como una “elección” entre Machado y Rodríguez. Es, por el contrario, la decisión entre desmantelar una red o administrarla. No tengo duda que desmantelarla exige tiempo, riesgo y paciencia. Lo sé muy bien porque llevo años estudiando el tema. Administrarla brinda estabilidad inmediata, petróleo y una apariencia de orden. Pero toda la historia que he contado en esta serie también es una advertencia. El autoritarismo líquido no resiste la presión; la rodea. No se rompe, se adapta y, cuando encuentra un poder más fuerte que el suyo, no lo combate, se le adhiere y espera.
Washington sacó a Maduro del sistema. Sin embargo, el sistema, en su liquidez del poder, sigue en pie, con un nuevo tutor y con múltiples desafíos, mientras los Estados Unidos lidia con los dilemas de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer.
Esta serie comenzó con una pregunta. ¿Cuándo dejamos de entender lo que ocurría en Venezuela? Veintitrés ensayos después, el régimen que la inspiró ha perdido a sus jefes, ha sacrificado a muchos de sus nodos, se ha reconfigurado en su propia heterarquía y ha evolucionado en sus capacidades de simulación. Sin embargo, sigue conservando su método. En el epílogo intentaré responder lo que queda pendiente, qué nos enseñó Venezuela sobre la naturaleza del poder líquido y qué tendría que ocurrir para que, esta vez, lo nuevo sí pueda nacer.