La expresa conducta del Consejo Nacional Electoral al incumplir con su previa promesa de anuncio de la verificación del 1% de las firmas aparta a esa organización del segundo espacio del sistema político, de lo establecido en la Constitución y en la Ley de Procesos Electorales. El árbitro electoral, en consecuencia, pierde su legitimidad frente a los venezolanos y pretende desconocer el planteamiento de la voluntad soberana democrática expresada el 6D. Voluntad del 6D que ha sido instrumentada política y jurídicamente por la Asamblea Nacional, la alianza de partido MUD y, sobre todo, por la sociedad civil organizada. El 6D y la mayoría de los venezolanos con su voto eligieron una mayoría calificada, pero además dejaron constancia de su rechazo ante el régimen autocrático militarista por incumplir con su legitimidad de gestión.
El CNE se niega a entender el ambiente político real, juega en una maroma en apoyo al acobardado Poder Ejecutivo y trata de ganar tiempo para dificultar la voluntad determinante del ciudadano de que se efectúe el referendo revocatorio demostrada durante el firmazo y el reafirmazo. El CNE tiene que cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en especial lo previsto en el artículo 54; pero entiéndase, la demanda de revocatorio no es un problema jurídico, sino una demanda política que nace por la vía de la participación contendiente que significa la voluntad libérrima y democrática de la mayoría de los venezolanos, a la cual este ilegítimo CNE pretende provocar y negarle su derecho adquirido desde el día 6D.
El 6D ha marcado un hito en estos 17 años de destrozo, corrupción y cooptación por parte del régimen autocrático militarista. Ese hito mostró a través de los votos, el franco rechazo a una revolución anacrónica y primitiva, además de una demanda de cambio político. Cambio político que no puede demorar, desviar y mucho menos contener una institución como el CNE -que de acuerdo a lo establecido en la Ley debe desarrollar y activar la participación política, pero además debe facilitar y potenciar la soberanía popular-, razón por la cual la maniobra del 26 de Julio y el retardo del 27 de Julio, crea una situación de extrema tensión sobre la sociedad, retando a que la epopeya política del revocatorio pudiera convertirse en un cuadro doloroso de violencia.
El CNE no quiere comprender el significado del 6D, que no se refiere a la extraordinaria masa de votantes, sino que refleja el honor y dignidad nacional de los venezolanos demócratas que sienten y están dispuestos a lograr el cambio político para la re-instalación de la democracia. Democracia entendida como aquella ecuación en donde el individuo venezolano amarrado a la Constitución está por encima de la comunidad y del Estado. El honor y la dignidad nacional del venezolano y su deseo de referendo revocatorio para clarificar la grave crisis que vive la República no pueden ser desviados, ni retardados, por un CNE que no comprende su responsabilidad y sus funciones en el segundo espacio del sistema político venezolano.
El incumplimiento del CNE está retando a la mayoría de la sociedad democrática venezolana portadora de una decisión política y, en consecuencia, de un planteamiento de soberanía democrática, pudiendo surgir una situación de violencia política por la tozudez, incapacidad y desafuero de un CNE que no ha entendido el momento político histórico excepcional que vive la República. La República hizo que despertaran los repúblicos, es decir, venezolanos que entienden de la democracia, que reconocen la existencia de diferentes poderes, pero que están claros y dispuestos a hacer valer los derechos libérrimos del voto.
El CNE, con su incumplimiento, se pone al lado del Poder Ejecutivo para provocar a la sociedad democrática, para desconocer la epopeya política electoral que ha trazado la mayoría de los demócratas desde el 6D y para orillar el honor y dignidad nacional de los demócratas que reclaman el referendo revocatorio. Pero más grave aún, miembros del CNE como organización, no terminan por comprender que la demanda latente, y hasta probablemente explosiva, del revocatorio no es un problema jurídico ni normativo, es una demanda política comprometida con la participación contendiente de la mayoría de los venezolanos que desprecian tanta inmoralidad y carencia del sentido de la historia como la que trata de imponer este CNE ilegitimado.
Ilegitimado por cuanto interesadamente se pone de lado del régimen acobardado por el referendo revocatorio, ilegítimo cuando muestra su subordinación al Poder Ejecutivo y da la espalda al cuerpo societal demócrata; además de que no entiende la epopeya política que libra la sociedad democrática para poner en alto el honor y dignidad nacional que enfrenta cívicamente a una institución acomodaticia pero sobre todo irresponsable y cobarde. Director en
CEPPRO
Caracas, 27 de julio de 2016