El anuncio de la reanudación de las relaciones entre del FMI y el Banco Mundial con Venezuela plantea preguntas obligadas: ¿Qué impacto podría tener esta reapertura en la economía venezolana? ¿Qué riesgos podría conllevar la reanudación de este diálogo?
Frente a este anuncio cabe recordar la historia de las relaciones de Venezuela con el FMI. Vistas grosso modo, bien podría decirse que han tenido generalmente un toque agridulce. Hemos llegado a ellas sin convicción, obligados por la necesidad o por las circunstancias. Han sido marcadas por deplorables condiciones de déficit fiscal y el por el avasallante peso de la deuda. Han sido los bajos precios del petróleo, en muchas ocasiones, los que nos han colocado en situación de acudir a negociar en condiciones de desventaja.
Las exigencias del FMI incluyen siempre, en lo sustancial, compromisos de largo plazo con la estabilidad de las políticas y de las instituciones, el respeto por los acuerdos sociales, la seguridad de los derechos y la gestación de un amplio acuerdo entre los diferentes actores para la definición de un proyecto de unidad nacional. Tocan, además, la garantía de solvencia y el compromiso con una visión de la economía que abrace la libertad económica. En nuestro caso, falta la convicción y la voluntad oficial sobre la necesidad de un cambio que esté en línea con la de una mayoritaria expresión popular favorable a impulsarlo y a cumplirlo.
En la tradición del FMI está la exigencia de una estrategia integral que priorice la creación de margen fiscal disponible para expandir la inversión social, reconstruir la infraestructura y reducir las barreras a la inversión. Las reformas deben ir acompañadas de una reestructuración de la deuda pública y de una reducción de la misma a niveles consistentes con la sostenibilidad fiscal. También forma parte de sus condiciones la autonomía del Banco Central y la libre operación del sistema bancario, así como una reforma del sistema tributario para garantizar el ingreso y prevenir la evasión fiscal. Las fórmulas acordadas con el FMI históricamente han tenido resultados fehacientes en incontables casos. En otros, han resultado en camisas de fuerza que se expresan en el rechazo o el desacuerdo más o menos violento de los administrados.
La reanudación de las relaciones con instituciones como el FMI obliga al mundo político, empresarial y laboral a abordar cuestiones críticas como la reforma de la legislación del trabajo, la armonización de la carga tributaria, la reforma del sistema de pensiones y las necesarias privatizaciones de empresas estatales. En estos y otros ámbitos, la ciudadanía organizada debe tener una palabra. Libertad de mercado y libertad de actuación deben ser las bases de toda transformación. Orientar los cambios en ese sentido debe ser el norte de todo acuerdo y debe ser abrazado como una necesidad nacional.
Las expectativas frente a las conversaciones con el FMI y el Banco Mundial van de la negación a la esperanza, de la duda a la confianza, de la apertura sobre las posibilidades que ofrece a su descalificación. Lo seguro, sin embargo, es que lo que viene para el futuro son retos y exigencias.
El anuncio de nuevas inversiones no luce inmediato. No lo será mientras el riesgo-país no haga propicio el retorno de capitales y nuevas iniciativas de negocios. Ni el fantasma de la inflación ni el estado de las reservas configuran condiciones esperanzadoras. Dialogar con los organismos multilaterales no será un ejercicio útil si no va acompañado de un ejercicio ciudadano de conciencia responsable y una determinación de voluntad de sus instituciones en favor de un esquema que tenga por eje la libertad.