Los gobiernos del chavismo no solo han complicado el presente provocando una aguda contracción económica y una inflación fuera de control, sino que también han ensombrecido el futuro del país complicando cualquier plan de reestructuración de la deuda externa que se plantee en los años venideros, debido a los reclamos que plantean las empresas expropiadas ante los tribunales de los Estados Unidos.
Crystallex, una empresa minera canadiense, obtuvo en el año 2002 permiso para explotación de las minas “Las Cristinas”, pero en el año 2008 dichas minas fueron estatizadas por el gobierno de Hugo Chávez. Desde ese momento la citada empresa planteó un reclamo por los bienes expropiados y el perjuicio sufrido que se estima en 1.200 millones de dólares. Primero recurrió a una corte internacional, que para tales efectos existe en el Banco Mundial, el cual falló a favor de la empresa canadiense. Posteriormente, en Canadá, el gobierno venezolano y la empresa citada llegaron a un acuerdo según el cual el gobierno acordaba indemnizar a la empresa minera, pero la parte venezolana no cumplió con el acuerdo. Debido a ello Crystallex acudió a una corte distrital en el estado de Delaware, donde está registrada la empresa venezolana CItgo (filial de PDVSA), y solicitó confiscar las acciones de Citgo como compensación a la deuda que el gobierno venezolano mantenía con ella. El juez de la corte de Delaware falló a favor de Crystallex y autorizó a la empresa a incautar las acciones de Citgo en compensación. La decisión del juez es apelable, por lo que los abogados de Pdvsa recurrieron a una corte superior en contra del fallo; debido a ello el proceso de embargo de las acciones de Citgo puede llevar tiempo.
Lo significativo de la decisión del juez de Delaware es que echó por tierra el argumento de Pdvsa según el cual la petrolera venezolana y el Estado venezolano son entes jurídicos diferentes. El juez concluyó en su decisión que Pdvsa y el Estado venezolano son una sola cosa y los que mantienen reclamos contra el Estado venezolano por deudas impagadas o indemnizaciones, como las de Crystallex, pueden tomar las acciones y bienes de Citgo en Estados Unidos como compensación. Ello provocará que a la demanda de Crystallex se sumen otras empresas como Conoco Philips que tienen reclamos similares. También un grupo de tenedores de bonos de Venezuela que mantienen un pleito judicial exigiendo al gobierno de Venezuela 8000 millones de dólares. Toda empresa que se sienta perjudicada por las locuras de los dirigentes chavistas correrán en tropel a Delaware a hacer valer sus derechos.
La fila de empresas ante los tribunales de Delaware, perjudicadas por las acciones de los gobiernos chavistas, complicará el futuro económico de Venezuela. En el momento en que en el país se plantee un plan de recuperación económica, será necesario dinero fresco para lograr incrementar las importaciones y la recuperación del aparato productivo, para lo cual será indispensable un plan de reestructuración de la deuda externa. Los reclamos de las empresas afectadas por las alocadas decisiones del chavismo harán más complicado cualquier plan de reestructuración de la deuda externa de Venezuela.
Nota: para la elaboración de este articulo se ha utilizado información disponible en varios reportajes sobre el tema en la prensa nacional, pero sobre todo una síntesis que hicimos de una entrevista a Luis Pacheco, quien se desempeña como profesor del Centro de Estudios de Energía de la Rice University, en el programa CNN Dinero el pasado 10 de agosto.
Profesor UCV