Venezuela atraviesa una situación caótica. La escasez de alimentos y de medicamentos y la abundancia de delitos nos han escamoteado el derecho a vivir y nos recuerdan - cada momento - la ineluctable proximidad de la muerte.
El tornillo del garrote vil que un régimen político perverso puso en el cuello de la República, ha sido apretado lenta pero constantemente; los demenciales métodos aplicados en otras latitudes con resultados humanos y económicos desastrosos, están siendo impuestos en la patria de Bolívar y Miranda con inaudita vesania, provocando miseria y desesperanza; pero la hora del «sálvese quien pueda» parece haber llegado, no para huir despavoridos ante el inminente hundimiento de la nave, sino para ponernos de pie, enarbolar banderas y luchar por la vida.
La situación venezolana no es inédita: Armenia (1915 – 1923), Ruanda (1994), Ucrania (1932 – 1933) y Europa (1939 – 1945) presenciaron la desaparición de millones de personas por motivos de raza, religión o política y que el jurista judío Raphael Lemkin (1900 – 1959), llamara genocidio, provocando que en diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención de la cual Venezuela es signataria.
Dicho instrumento comienza señalando que el delito puede cometerse tanto en tiempo de guerra como de paz; muy importante precisión, pues indica que se puede cometer por medios «pacíficos», (no militares) tales como la destrucción de medios de producción de bienes de primera necesidad, la creación de una situación de inestabilidad jurídica que inhiba la inversión o destruya la existente, la persecución de expertos necesarios para la producción de bienes y servicios; la promoción del éxodo de profesionales calificados necesarios para la satisfacción de las necesidades sociales; el rechazo de ayuda internacional requerida por enfermos graves; … y pare de contar.
En la tipificación del genocidio, se lee: «Artículo II (omissis) c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;». Surge de inmediato una pregunta: ¿Se pueden considerar intencionales y de resultados previsibles las acciones del Poder Ejecutivo que han causado hambruna y mortandad en los últimos años? Creemos que sí, pues no solamente causaron hechos antijurídicos, sino que las acciones mismas fueron antijurídicas, directamente violatorias de la Constitución y la ley. Citemos, a título ejemplo, las múltiples expropiaciones que hicieron famoso el término ¡Exprópiese! en boca de Chávez; esa orden constituye un hecho antijurídico por contrariar abiertamente el artículo 115 constitucional que reserva al poder judicial («sentencia firme») la expropiación de cualquier clase de bienes «con pago oportuno de justa indemnización».
Estas acciones confiscatorias no solamente fueron voluntarias, reiteradas y publicitadas, sino que se realizaron en franca desobediencia a la prohibición que encierra el término «Solo» del citado artículo 115; las consecuencias de tal violación eran previsibles: la estampida de capitales nacionales y foráneos por la pérdida de confianza en el sistema económico nacional. Igualmente voluntaria y de resultados previsibles fue la paralización de los planes de electrificación cuyas consecuencias fueron advertidas por expertos en la materia: producción insuficiente ante el crecimiento esperable de la demanda por razones poblacionales. Pero donde la intencionalidad mostró fulgor solar fue en el rechazo a la ayuda internacional para socorrer a los enfermos mediante la donación de medicinas, a pesar de que el Poder Ejecutivo, a través de su servicio aduanero, está habilitado para «Exonerar total o parcialmente de impuestos, y dispensar de restricciones, registros u otros requisitos, el ingreso o la salida temporal o definitiva de mercancías destinadas a socorro con ocasión de catástrofes, o cualquier otra situación de emergencia nacional, que sea declarada como tal por el Ejecutivo Nacional;» (Ley Orgánica de Aduanas, artículo 5°, numeral 12).
Como consecuencia de políticas públicas propias de orates, centenares de niños pequeños y neonatos mueren en nuestros hospitales y a muchísimos otros se le obscurece el futuro a la sombra del cretinismo por mala alimentación, ante la mirada impasible de un régimen capaz de gastar más de 25 millones de dólares en bufas maniobras militares para enfrentar enemigos ficticios, en vez de auxiliarlos y escuchar el ruego de los médicos que se ven impedidos de ejercer con éxito su profesión. Nuestros centros de salud públicos y privados, en vez de ser promesas de vida y salud, son ductos hacia la muerte, suerte de puertas infernales con horrendos letreros: «Perded toda esperanza».
En nuestro criterio, los venezolanos estamos sometidos a genocidio, ideado en el extranjero y ejecutado por fanáticos y delincuentes que se escudan tras tesis políticas rotunda y universalmente fracasadas. Toca a los juristas amantes de esta tierra preparar la denuncia correspondiente ante la Corte Penal Internacional y ante un mundo que mira con incredulidad la tragedia venezolana.
Miles de nuestros compatriotas mueren como moscas en calles y hospitales; como diría Cantinflas: Si esto no es un genocidio, se le parece.
@DulceMTostaR