Como lo señalamos en la parte I el propósito central del informe es hacer una evaluación del carácter democrático del gobierno de Nicolás Maduro. A tal fin en el informe se define la democracia esencialmente como un régimen de libertad, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de prensa. Otro aspecto clave del concepto es que esa libertad debe practicarse en el marco de un Estado de derecho, para lo cual la separación de poderes es indispensable.

En esta segunda parte exponemos la síntesis de los aspectos señalados del informe, el ejercicio de la libertad y la separación de poderes, así como las conclusiones a las que llegó el Secretario General de la OEA sobre el carácter democrático del gobierno venezolano. A continuación la síntesis, las frases o párrafos entre comillas son citas textuales del informe.

1. Las limitaciones al ejercicio de la libertad:

-“El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias”. “Los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso”.”Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional”.

-Medidas para controlar la prensa de tipo penal administrativo. Medios de difusión controlados. Se utiliza también el acceso al papel periódico como mecanismo de presión. Existen denuncias sobre compra de medios por empresarios cercanos al gobierno.

-“Se está utilizando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política”.

-Las protestas públicas son reprimidas con fuerza excesiva. En enero del 2015 se autorizó el uso de armas de fuego para controlar… protestas pacíficas”.

-Presos políticos: en el año 2013 cuando el Presidente Maduro asumió el cargo había 11 presos políticos en Venezuela. Entre enero del 2014 y mayo del 2016 se denunciaron al Foro Penal Venezolano 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos vinculados a protestas y críticas contra el Gobierno. Actualmente hay 1986 personas a las que se les aplica medidas restrictivas, de esas, 94 están en las cárceles, entre ellas Leopoldo López y Antonio Ledezma. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde el año 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura. Entre estos está el caso de Gerardo, quien fue arrestado en una protesta el 8 de mayo del 2014;luego fue colgado esposado del techo por funcionarios de la GN por más de 12 horas, fue golpeado sufriendo serias lesiones en piernas y espalda. Está también el caso de Jocelyn en el estado Falcón quien fue encerrada con presos comunes en una celda donde fue violada y golpeada. También está el caso de Daniel arrestado en una protesta y quien luego fue golpeado y le aplicaron la picana eléctrica. Otras seis personas arrestadas con Daniel recibieron el mismo trato. Daniel sigue en el Helicoide.

2. La precariedad de la separación de poderes.

2.1. La subordinación de la justicia a los intereses partidistas

-En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional (AN). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está supeditado a intereses partidistas. “Después de los comicios del 6 de Diciembre y antes de la instalación del periodo de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del TSJ prestaron juramento mediante nombramientos partidistas”. Como resultado, se han producido una cadena de decisiones posteriores del TSJ para bloquear leyes promulgadas por la AN, limitar las funciones de auditoria de la legislatura, eliminar la facultad de la AN de revocar los nombramientos del TSJ, impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual presidente, bloquear la liberación de presos políticos, prohibir las protestas en los alrededores del CNE y ordenar que repriman las calificada como “protestas violentas”. Adicionalmente, invalidando la legislatura, el TSJ aprobó dos decretos del ejecutivo que declararon un estado de emergencia, lo que concentró aun más las decisiones en manos del ejecutivo. Por último el TSJ expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la AN, pues afirma que se está extralimitando al pretender asumir funciones del ejecutivo.

“El activismo del TSJ se ha disparado con el número de fallos en el periodo de febrero a marzo del 2016 al pasar de dos a 252. Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones han sido favorables al ejecutivo.

“Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial. El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo”.

2.2. Las acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) intentando abortar el Revocatorio:

En 1999 el entonces presidente Hugo Chávez consagró la figura del Referendo Revocatorio previsto en la constitución. En el periodo reciente el CNE no ha proporcionado las garantías necesarias para celebrar el Referendo Revocatorio solicitado por la oposición política. Se han producido demoras en diversas fases del proceso, se han creado requisitos adicionales y se han llevado a cabo amenazas para disuadir a los ciudadanos de participar en el proceso. Tras varios meses de retraso el proceso de validación se inició. “A través de un proceso opaco el CNE ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas”. Cuatro de los cincos miembros del CNE tienen vinculaciones con el partido en el poder lo que pone en entredicho su capacidad para decidir de manera independiente e imparcial. Los grupos que abogan por el Revocatorio han cumplido sus responsabilidades en este proceso,. “El Gobierno y el CNE no lo han hecho. La celebración del Referendo Revocatorio en el 2016 es la única manera de resolver la crisis política de Venezuela”.

3. Comentario final:

Partiendo del concepto de democracia, mencionado al inicio del artículo, el Secretario General de la OEA concluye: “tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra. Eso no es democracia”. El pueblo venezolano se enfrenta a un gobierno que ya no le rinde cuentas, que no protege los derechos de los ciudadanos, un Gobierno que ya no es democrático”. Se ha producido una alteración del orden democrático en el país por lo cual se ha violado la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera constitución de las Américas. En consecuencia Almagro plantea la necesidad de que la OEA ayude a Venezuela a retornar a la vía democrática para lo cual es indispensable que se realice el referendo revocatorio y transformar el TSJ y el CNE en organismo neutrales a fin de garantizar la independencia de poderes y el Estado de Derecho.

Profesor UCV