En artículos anteriores examinamos las perspectivas de transición democrática de Venezuela, luego de la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero, a partir de las instituciones que la condicionan. Permite señalar que un aspecto central para que los procesos de estabilización, recuperación y transición a la democracia puedan rendir los frutos pregonados, lo constituye la necesaria reforma del Estado.

Siguiendo al premio Nóbel de economía, Douglas North (1993), llamamos instituciones a las reglas de juego, formales e informales, que gobiernan a una sociedad. Generan incentivos y/o penalizaciones que moldean la conducta de sus integrantes en el ámbito económico. Entre otras cosas, inciden sobre la confianza respecto al ordenamiento legal y los compromisos y/o contratos asumidos, al considerar el costo o el beneficio de cumplirlos o no. La coherencia de una ley respecto a los fines para los cuales fue creada puede verse vulnerada por otras normas o por hábitos y/o valores que la contraríen. Así, puede alimentar niveles de incertidumbre que inhiban la acción y dificulten algunas transacciones. 

Los procesos de transición político-social suelen desatar dinámicas diversas que repercuten en ajustes significativos de sus instituciones. En última instancia, son personas concretas quienes cumplen o no el mandato de leyes y reglamentos. Y pueden estar respondiendo a intereses encontrados. Sin un arraigo sólido en los valores y hábitos compartidos de una sociedad, la robustez de las instituciones se ve comprometida, minando la necesaria confianza en ellas. En la Venezuela actual, una práctica política que premia la lealtad incondicional por encima del Estado de derecho, de preceptos éticos básicos o de merecimientos, vacían la operatividad de leyes que, formalmente, se supone podrían apuntalar el proceso de transición democrática. Porque el fascio-madurismo acabó con las seguridades del Estado de derecho. Amplió el márgen de discreción para sus acciones y sembró confusión entre los venezolanos, generando un tremedal movedizo de instituciones que atenta contra toda estabilidad. Es lo que se puso de manifiesto con la formulación y aplicación selectiva de la Ley de Amnistía y, ahora, con el absurdo anuncio de su fin por parte de la presidente designada por Trump, Delcy Rodríguez. Sin un deliberado esfuerzo de rescate de las instituciones, es ilusorio esperar estabilidad, como tampoco procesos expeditos de recuperación y transición democrática. 

En lo económico, un ejemplo de lo señalado son las medidas adoptadas contra la inflación. La severa astringencia monetaria infligida con la fuerte contracción del gasto público real, los encajes prohibitivos a la banca y los intentos de anclar el valor de la divisa, se ha traducido en destrucción de servicios públicos, sueldos de hambre, asfixia crediticia, depresión económica y colapso funcional del Estado. Y, aún reduciendo el dinero en poder del público a niveles históricos mínimos, la inflación en Venezuela sigue siendo la más alta del mundo. Porque tiene su raíz en las distorsiones inherentes a la gestión del mismo Estado, para empezar, su insostenibilidad contable. Arruinada su base tributaria y sin acceso a financiamiento internacional, se financia, desde hace años, con emisión monetaria del BCV. Y luego, está la inflación intrínseca en la terrible ineficacia del gasto público.

Un Estado maula, convertido por las ansias dictatoriales en productor de males (no bienes) asociados a la violación de los derechos humanos y colonizado como botín a expoliar, tiene que ser reformado a fondo. La eficacia de su gestión requiere de una formulación y ejecución de políticas consistente, que genere confianza. Derrotar la inflación implica “remonetizar” exitosamente a la economía venezolana, es decir, crear condiciones que permitan absorber crecientes cantidades de dinero sin que se disparen los precios. Porque sin ello no habrá activación sana de la economía, fundamento del crecimiento sostenido que todos anhelamos. La palabra clave es, de nuevo, confianza: tanto para invertir, realizar operaciones crediticias, de compra venta, contrataciones, empleo, etc. 

La gestión del Estado debe apegarse a un principio de subsidiariedad, en el sentido de enfocar su acción en aquello que no harían mejor actividades privadas. En una democracia liberal, ello tiene que enmarcarse en las preferencias y gustos de la sociedad, lo que los economistas llamamos la función de bienestar social. En el caso de una economía social de mercado, implica centrarse en la producción de bienes públicos, entre los cuales está asegurar el cumplimiento de leyes y normas en resguardo de los derechos de los venezolanos. Incluye la defensa y ejercicio de su soberanía, base de la República. Además, supone que el precepto de la igualdad ante la ley busque reflejarse, en lo posible, también como una igualdad efectiva de oportunidades. Es el camino escogido por la Unión Europea. Como problema central de Venezuela está la necesaria subordinación militar al mando civil, como reza la constitución. Merece discusión aparte: la razón de la fuerza no debe anular la fuerza de la razón.

 La reforma del Estado, obliga a comenzar por lo básico. Es menester sanear sus cuentas, acabando con corruptelas y solapamientos, y fortalecer sus fuentes de ingreso sin matar la “gallina de los huevos de oro” de la iniciativa privada. Debe desprenderse de empresas que representan desaguaderos de los recursos públicos. No tiene sentido un Estado empresario habiendo disposición y libertad para que la inversión privada asuma con eficiencia las actividades productivas y comerciales. Pero, la privatización responsable de firmas estatales requiere recursos y asistencia técnica para ordenar y hacer atractivas sus cuentas a los inversionistas. Si se trata de empresas de servicio, se debe contar con un marco regulatorio que asegure el cumplimiento de sus fines, una vez en manos privadas. Venezuela, afortunadamente, dispone de una rica experiencia en los procesos de privatización de los años ‘90. 

Negociar con los acreedores la reestructuración de la enorme deuda pública externa es central en estos momentos. Con apoyo de los multilaterales se aspira a reinsertar el Estado en los mercados financieros internacionales para que pueda cumplir sus compromisos y ayudar a reactivar la economía.  Presupone su reforma profunda, ya que el rescate de las instituciones que sobrevendrá es requisito para una relación provechosa con el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF. Los intercambios recientes del interinato de Delcy Rodriguez son apenas los primeros pasos. El acceso a los $4,9 millardos en DEGs y al oro de nuestras reservas internacionales resguardado en el Bank of England podrán contribuir con estabilizar en lo inmediato el tipo de cambio pero están muy lejos de lo necesario para asentar un proceso sólido de recuperación económica. Para que los multilaterales comprometan ingentes recursos para este propósito, es menester que cuenten con una contraparte calificada en el país con la cual acordar las transformaciones necesarias, así como los mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. Se trata de funcionarios de primera, que tengan a su disposición servicios, relaciones, información pertinente y un apoyo institucional sólido, fundamentado en su legitimidad. Sólo el resultado de elecciones transparentes y confiables podrá lograr que ello sea así.   

El Estado debe reducir su tamaño para enfocar su acción en la provisión de bienes públicos. Lejos de debilitarlo, fortalece su capacidad de gestión. Pero requiere del financiamiento y la asistencia técnica de los multilaterales y presupone un sector privado en crecimiento sostenido, capaz de absorber progresivamente los cesanteados del sector público. Por tanto, la reforma del Estado debe redundar en un marco institucional altamente favorable al emprendimiento. Inversiones extranjeras serán decisivas por sus aportes en aspectos tecnológicos, know-how y acceso a mercados, además de la provisión de capital. En particular, el incremento de la producción de crudo debe contar con suficientes garantías como para superar las reticencias a invertir importantes sumas por parte de las empresas del sector más importantes, escarmentadas con experiencias anteriores con la “revolución” chavista.   Porque sin la perspectiva de un incremento sostenido de ingresos por exportación petrolera, se dificulta el apoyo de los multilaterales y la recuperación económica. Y, en el horizonte, se asoma el fin de los combustibles fósiles como fuente principal de energía. No somos los únicos en la contienda. Queda como problema discutir los mecanismos institucionales que resguarden la recuperación económica de las distorsiones del rentismo, que tanto daño hicieron en el pasado. 

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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