Mientras delegaciones de todo el mundo se reúnen para participar en otra conferencia internacional sobre el clima, la pregunta hoy no es si los gobiernos deberían hacer más para enfrentar la crisis climática, sino si realmente cuentan con las capacidades necesarias para hacerlo. Después de 40 años de predominio de la ortodoxia del libre mercado, muchos sencillamente carecen de ellas.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía, ya está en marcha. Bajo el lema oficial «Impulsar la implementación mediante la cooperación y la acción colectiva», los delegados tendrán que afrontar un desafío conocido: convertir los compromisos climáticos asumidos desde hace tiempo en resultados concretos.
Los gobiernos ya disponen de una herramienta práctica para lograrlo. En la COP30, celebrada el año pasado en Belém, Brasil promovió la Declaración de Belém sobre Contratación Pública Sostenible, que estableció una orientación común para que los gobiernos nacionales y subnacionales utilizaran su poder de compra al servicio de la transición ecológica. Un año después, la ministra brasileña de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, Esther Dweck, y yo acabamos de publicar un nuevo documento de políticas públicas, titulado Del compromiso a la implementación: convertir la Declaración de Belém en un motor de crecimiento inclusivo y sostenible, en el que explicamos cómo transformar esa declaración, pasando de un conjunto de compromisos a resultados concretos, y qué puede hacer la COP31 para contribuir a ello.
A escala mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, después de haber alcanzado un nuevo máximo en 2025, mientras que los desastres relacionados con el clima son cada vez más frecuentes y graves. A principios de este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que, incluso si los gobiernos cumplen sus compromisos actuales, el mundo se encamina a superar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
Sin embargo, el ritmo de implementación sigue siendo demasiado lento para mantener al alcance una trayectoria climática más segura. La pregunta ahora no es si los gobiernos deberían hacer más para enfrentar la crisis climática, sino si realmente están en condiciones de hacerlo. ¿Disponen de las capacidades institucionales necesarias? En demasiados casos, la respuesta es no.
El avance decisivo de Belém
Esta fue la gran lección que dejó la COP30, celebrada el año pasado en Belém, Brasil. Durante cuatro décadas, la ortodoxia del libre mercado les indicó a los gobiernos que debían retirarse, externalizar los servicios básicos y los conocimientos especializados, reducir el gasto siempre que fuera posible y confiar exclusivamente en los mercados para determinar la orientación y la naturaleza del desarrollo económico.
El resultado fue un debilitamiento progresivo de la capacidad del Estado, a medida que sus funciones esenciales fueron contratadas a empresas privadas de consultoría (un proceso que Rosie Collington y yo describimos en nuestro libro The Big Con). Revertir este proceso contraproducente exige invertir más en las capacidades propias de las instituciones públicas, precisamente aquello que el Índice de Capacidades del Sector Público del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la University College London (UCL) busca medir y fortalecer.
Situar la capacidad del Estado en el centro de la política climática debería considerarse una cuestión de sentido común. Sin embargo, los avances han sido lentos, porque un Estado proactivo supone romper con el consenso predominante durante los últimos 40 años. Consciente de ello, Brasil, mediante su denominada «COP de las Soluciones», desplazó el énfasis de las declaraciones y reconoció que los objetivos ambiciosos significan muy poco si no existe la capacidad para llevarlos a la práctica.
Durante nuestra estancia en Belém, mis colegas de la UCL y yo presentamos dos informes exhaustivos sobre los pasos que deben darse para que la ambición climática se convierta en acción efectiva: Capacidad y competencias del Estado para un mundo verde y justo, elaborado conjuntamente con Dweck, y Plataformas nacionales orientadas a misiones: motores para una transición verde justa (documento de trabajo).
Ambos partían de una misma premisa fundamental: la capacidad del Estado es indispensable para una política climática eficaz. La acción climática, al igual que las inversiones y las políticas que impulsan avances mensurables hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es ejecutada, en última instancia, por las instituciones públicas. Para ello se necesitan ministerios capaces de coordinar, organismos públicos que puedan realizar adquisiciones, bancos que otorguen financiamiento y funcionarios que sepan transformar un objetivo en un programa. Sin estas capacidades, los objetivos ambiciosos se convertirán en promesas vacías y la brecha entre los compromisos y su ejecución alimentará la pérdida de confianza de la ciudadanía.
Durante demasiado tiempo, los debates sobre la transición ecológica se han concentrado en movilizar financiamiento privado, establecer objetivos regulatorios y corregir las fallas del mercado. Estas funciones son importantes, pero insuficientes. La idea de que los gobiernos deben limitarse a crear las condiciones para que los mercados proporcionen soluciones climáticas pasa por alto una cuestión fundamental: ¿quién coordinará las inversiones, desarrollará las capacidades productivas, construirá las cadenas de suministro y garantizará que los beneficios de la transición se distribuyan ampliamente y, por tanto, sean políticamente aceptables?
El hecho de que las emisiones sigan aumentando debería ser prueba suficiente de que ha llegado el momento de adoptar un enfoque diferente. Los gobiernos deben comenzar a considerar las instituciones públicas como cocreadoras de valor y ponerlas al servicio de misiones públicas claramente definidas, en lugar de limitarse al simple cumplimiento de normas y procedimientos.
Este enfoque exige una inversión considerablemente mayor en la capacidad de las instituciones públicas para diseñar, coordinar, experimentar y aprender. Esto significa fortalecer los conocimientos técnicos de los funcionarios públicos, mejorar la coordinación entre los ministerios y los distintos niveles de gobierno, y desarrollar instituciones capaces de trabajar eficazmente con las empresas, los trabajadores, las comunidades y la sociedad civil.
El poder de la contratación pública
La contratación pública permite ilustrar lo que puede lograrse. En cualquier economía, los gobiernos figuran siempre entre los mayores compradores de bienes y servicios. Sin embargo, los procesos de licitación siguen considerándose, con demasiada frecuencia, simples trámites administrativos centrados en el cumplimiento de requisitos y la minimización de costos, en los que los contratos se adjudican sistemáticamente a la oferta de menor precio.
Esto representa una oportunidad desaprovechada. La cuestión no es solamente qué compran los gobiernos, sino cómo lo compran. El poder de compra del sector público envía señales claras de demanda a las empresas, orienta las inversiones hacia determinadas prioridades y genera efectos multiplicadores a lo largo de las cadenas de suministro.
Cuando se realiza correctamente, la contratación pública puede convertirse en un instrumento estratégico para configurar los mercados y promover objetivos socialmente deseables. Al definir los resultados que desean alcanzar, los gobiernos pueden generar demanda de productos innovadores, estimular las inversiones en producción sostenible y fortalecer las cadenas nacionales de suministro.
La lucha contra el cambio climático requiere un Estado emprendedor, lo que supone, a su vez, una contratación pública orientada a los resultados y no a los insumos, en la que los gobiernos especifiquen el problema que debe resolverse, en lugar de limitarse a indicar el producto que desean adquirir.
Como sostenemos Anna Hope Emerson y yo en un reciente documento de trabajo del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP), la contratación pública orientada a objetivos climáticos se considera demasiado a menudo una simple sustitución de productos convencionales por otros más ecológicos disponibles en el mercado. Una vez más, se trata de una oportunidad perdida. Si se aprovecha al servicio de una misión más amplia, la contratación pública verde podría orientar las inversiones, acelerar la difusión de tecnologías y modelos empresariales sostenibles y generar externalidades positivas en toda la economía.
Esta fue precisamente la idea que inspiró la Declaración de Belém. Su importancia va más allá de la contratación pública, porque refleja un reconocimiento más amplio: la acción climática depende de cómo los gobiernos se organizan y utilizan su poder económico.
En concreto, la declaración establece cuatro principios complementarios para impulsar la contratación pública sostenible.
El primero consiste en incorporar objetivos ambientales y sociales en todas las decisiones de contratación, superando los criterios basados exclusivamente en el cumplimiento de normas y requisitos.
El segundo consiste en ampliar la contratación pública sostenible mediante la movilización del poder de compra del Estado en el conjunto del gasto gubernamental, con el propósito de crear una demanda previsible, estimular las inversiones y desarrollar capacidades productivas sostenibles.
En tercer lugar, los gobiernos deben promover una participación inclusiva, garantizando que los procesos de contratación involucren a diferentes actores interesados —incluidas las comunidades afectadas por la crisis climática— y generen oportunidades para una amplia diversidad de participantes económicos.
El cuarto principio consiste en fortalecer la colaboración y el aprendizaje institucional. Mediante la creación de canales para compartir conocimientos, experiencias y herramientas entre organismos públicos y distintos niveles de gobierno, los responsables de formular políticas pueden desarrollar las capacidades institucionales necesarias para implementar, adaptar y mejorar progresivamente las prácticas de contratación pública sostenible.
En conjunto, estos principios proporcionan un marco común para traducir los compromisos políticos en prácticas más estratégicas, inclusivas y orientadas a resultados, al tiempo que permiten a los gobiernos adaptar su implementación a sus respectivos contextos institucionales y prioridades.
Sobre la base del trabajo que realizamos durante la COP30, nuestro documento de políticas públicas analiza los principales desafíos y oportunidades relacionados con la implementación de la Declaración de Belém y la ampliación de la contratación pública sostenible.
El momento oportuno
Este nuevo análisis llega en un momento importante tanto para Brasil como para la comunidad internacional. La reciente reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ofrece una oportunidad para consolidar los avances alcanzados y redoblar los esfuerzos en materia de contratación pública sostenible, junto con otras políticas climáticas que el país ha recuperado durante los últimos cuatro años.
Al mismo tiempo, la COP31 en Antalya puede contribuir a mantener el impulso de la Declaración de Belém, ampliando la participación de los gobiernos y reforzando la conexión entre los compromisos internacionales y la acción nacional.
El documento de políticas públicas examina las lecciones recientes derivadas de experiencias concretas de contratación pública sostenible, tomando como referencia los casos de la ciudad de Recife y el estado de Bahía. También considera las enseñanzas de los programas de alimentación escolar de Brasil, Escocia y Suecia, que fueron objeto de estudios de caso recientes del IIPP. En conjunto, estos ejemplos demuestran que las políticas y los procesos de contratación orientados a resultados no solo son posibles, sino también altamente eficaces.
Sin embargo, la contratación pública por sí sola no puede impulsar la transformación económica general que necesitamos. Funciona mejor cuando se combina con una variedad de instrumentos de oferta y demanda y forma parte de una estrategia industrial integral orientada al cumplimiento de misiones. En este contexto, el proceso óptimo de contratación requiere un enfoque que involucre al conjunto del gobierno, como el que Brasil ha emprendido mediante su Comisión Interministerial de Contratación Pública para el Desarrollo Sostenible.
También es necesaria una coordinación estructurada entre los sectores público y privado. Para estimular la innovación, ampliar la oferta sostenible y fortalecer la preparación de los mercados, los responsables de formular políticas deben promover deliberadamente la interacción entre los organismos gubernamentales, los proveedores, las instituciones financieras, el mundo académico y la sociedad civil.
Asimismo, ampliar la participación en la Declaración de Belém resulta fundamental para movilizar redes internacionales y establecer estrategias claras de implementación, mecanismos de seguimiento y marcos de rendición de cuentas.
Por último, pero no menos importante, los gobiernos deben invertir en las capacidades de las instituciones públicas y de los equipos responsables de las contrataciones, especialmente mediante programas de capacitación, herramientas digitales y plataformas para compartir conocimientos.
Desde una perspectiva mundial, necesitamos que la Declaración de Belém siga ganando impulso y atrayendo nuevos signatarios, aunque las firmas por sí solas no constituyen resultados. Mientras se desarrolla la COP31, los gobiernos que ya han suscrito la declaración deberían publicar sus hojas de ruta para la implementación, incluidos los objetivos de sus respectivas misiones y los planes para supervisar los avances.
Al mismo tiempo, más gobiernos, tanto nacionales como locales, deberían incorporarse a esta iniciativa y comenzar a compartir sus propias experiencias en materia de contratación pública sostenible.
Finalmente, quienes supervisan el financiamiento climático, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo que trabajan con los bancos públicos nacionales, deberían presentar sus propios planes para apoyar explícitamente las capacidades del sector público que permitirán a los gobiernos alcanzar sus objetivos. La cuestión no consiste simplemente en asumir compromisos con la sostenibilidad, sino en construir Estados capaces de hacerla realidad.
Si queremos que la reunión de este mes en Antalya sea recordada como «la COP de la implementación», todos los participantes deberán reconocer formalmente que la capacidad y las competencias del Estado no son cuestiones secundarias ni aspectos que puedan dejarse para después. Constituyen la infraestructura sobre la cual descansa una acción climática eficaz.
Traducido por ChatGPT