De mal en peor. Así va la crisis de institucionalidad democrática que Venezuela enfrenta desde hace años, lo cual tiene sentido, porque las causas que la provocan ―«La injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho»― no han hecho más que agudizarse en los últimos meses.

La denuncia la formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 2021, en el cual la instancia no pasó por alto el hecho de que el partido de gobierno en Venezuela se haya hecho con el control absoluto de la Asamblea Nacional (AN), «la última institución del poder público nacional revestida de legitimidad democrática», mediante las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.

Por esta situación, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene por décimo séptimo año consecutivo al país en su capítulo IV, conocido popularmente como la lista negra de los países en materia de derechos humanos. La instancia alegó que en Venezuela persiste «una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos», materializada a través de «un ejercicio abusivo del poder que socava o contraría el Estado de Derecho», así como por «la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial» y la ocurrencia de una «alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático».

La ausencia de la separación de poderes, en especial la cooptación de la justicia por parte del chavismo, es para la CIDH uno de los factores que «ha facilitado la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos» tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y ataques contra los activistas y organizaciones que promueven las garantías fundamentales.

La justicia al banquillo

En su informe, el organismo fustiga con dureza la actuación del Poder Judicial, en particular la opacidad con la que actuó en 2021.

«La falta de transparencia y publicidad ha caracterizado particularmente al Tribunal Supremo de Justicia, que ha incurrido en prácticas como proferir condenas públicas mediante comunicados sin notificar a las partes de los procesos; proferir decisiones de trascendencia nacional sin la realización de audiencias públicas; publicar únicamente la parte dispositiva de las decisiones judiciales; y notificar decisiones, condenas y medidas cautelares a través de redes sociales como Facebook o Twitter, dejando de lado el uso de autos judiciales».

Estos señalamientos de la instancia se hacen eco de las denuncias que desde Acceso a la Justicia se han venido haciendo sobre este particular.

La CIDH consideró «especialmente preocupante» este tipo de prácticas por considerar que «pueden acarrear violaciones graves a las garantías judiciales que asisten a todas las personas, como la presunción de inocencia, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído y el deber de motivar».

Asimismo, criticó que el máximo juzgado no informe «si los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos», ni tampoco «el porcentaje de jueces provisionales del país».

La CIDH tomó nota de los hallazgos realizados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como «la admisión de medios de prueba, incluyendo la confesión de parte, bajo coacción o en interrogatorios sin la debida representación legal». Igualmente expresó su alarma por la corroboración por parte de la instancia de la ONU de que a los opositores no se les garantizan sus derechos al momento de enfrentar un proceso judicial.

Los pobres, los más afectados

Para la CIDH la falta de Estado de derecho «generó un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves violaciones de Derechos Humanos», tales como las ejecuciones extrajudiciales, que afectan a los pobres de la población. Contradictoriamente, las autoridades venezolanas han hecho de la defensa de los más vulnerables su bandera.

La instancia continental tomó nota de los datos manejados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla en relación con que en el primer semestre de 2021 se registraron 825 presuntos ajusticiamientos a cargo de fuerzas de seguridad del Estado. De la misma manera, recordó que entre 2014 y 2020 la Secretaría General de la OEA documentó 18.093 casos de asesinatos cometidos presuntamente por agentes del Estado.

«El modus operandi identificado por la CIDH indica que las ejecuciones extrajudiciales se cometen primordialmente en contra hombres jóvenes en situación de pobreza durante operativos de seguridad ciudadana. Más precisamente, en el marco de enfrentamientos simulados durante el curso de procedimientos de rutina, durante protestas, o cuando las víctimas han sido detenidas ilegal y/o arbitrariamente y se encuentran bajo custodia estatal».

Pero no solo los pobres son víctimas de abusos: aquellas personas que osan disentir del Gobierno o reclaman sus derechos también tienen altas probabilidades de ser detenidas ilegalmente, maltratadas durante su cautiverio y sometidas a procesos judiciales injustos. Así lo denunció la instancia, que tomó nota de los datos recopilados por Foro Penal Venezolano, organización que contabilizó cuarenta y un casos de detenciones arbitrarias hasta noviembre pasado.

No solo críticas

Como es tradición en ella, la CIDH no solo formuló cuestionamientos a las autoridades, sino que presentó una serie de recomendaciones para revertir la situación. Así en primer lugar abogó por el establecimiento de «mecanismos de diálogo entre distintos actores políticos y la sociedad civil con miras a la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática del país».

Seguidamente instó a las autoridades a «restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El informe de la CIDH deja en claro una cosa: la existencia de la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En países donde no hay democracia puede ser un riesgo, incluso mortal, ejercer la libertad de expresión y el derecho a manifestarse y asociarse para defender garantías como la educación, la salud, el trabajo o el medio ambiente. Sin democracia la vida y la libertad son relativas. Basta con ver lo que ocurre en nuestra propia región en países como Nicaragua, donde centenares de opositores se encuentran encarcelados y más de medio millar de organizaciones civiles, incluyendo la Academia de la Lengua han sido clausuradas por el régimen de Daniel Ortega.

El reporte de la CIDH no solo realiza duros cuestionamientos, muchos de los cuales son altamente conocidos por los venezolanos de a pie, sino que presenta una hoja de ruta para revertir esta dramática situación. Hacemos votos porque las autoridades apliquen las recomendaciones formuladas en el documento y así Venezuela deje de figurar en la lista negra de los derechos humanos.

22 de junio 2022

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