La investigación, que analizó la normativa dictada en la materia, así como las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los últimos 5 años, revela la profundización de un patrón estatal de control sobre las organizaciones civiles y sociales sin fines de lucro, en el cual confluyen leyes restrictivas, actuaciones discrecionales e intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dificultan o imposibilitan su libre funcionamiento.

El año 2025 confirmó la consolidación y profundización de una crisis de justicia y derechos en Venezuela. De acuerdo con el informe anual de Acceso a la Justicia, titulado Justicia aplazada en Venezuela, el país transita por un escenario signado por crecientes restricciones a la sociedad civil, opacidad judicial, el uso de instrumentos legales que ha contribuido a limitar derechos y una persistente falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.

El doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de julio dejó a miles de personas sin un techo. Para mediados de agosto, unas 24.000 personas vivían en escuelas, estadios de béisbol y otras instalaciones transformadas en «campamentos transitorios», .....

Venezuela lleva más de 1 año y medio bajo un estado de emergencia económica que, de acuerdo con la Constitución, solo puede durar un máximo de 120 días. Desde abril de 2025, las autoridades han dictado ocho decretos que lo han mantenido vigente de manera prácticamente ininterrumpida mediante sucesivas renovaciones y prórrogas.

Venezuela atraviesa un proceso de reinstitucionalización que representa una oportunidad histórica para reconstruir sus instituciones democráticas. También ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se ajuste plenamente al modelo constitucional.

El 1 de agosto comenzará una nueva etapa política en Venezuela con el inicio de las negociaciones para la reinstitucionalización del país, orientadas a alcanzar, entre otros objetivos, la celebración de futuras elecciones democráticas.

El doblete sísmico del 24 de junio no solo dejó destrucción, víctimas y miles de personas afectadas, sino también una angustia adicional para numerosas familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

Hace 2 semanas se cumplieron 180 días desde que la vicepresidenta ejecutiva asumió la presidencia en condición de encargada tras la ausencia de Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional (AN) no se ha pronunciado al respecto, tal como exige la Constitución.

Luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dictó ese mismo día el decreto N° 5.364, publicado en la Gaceta Oficial N° 7.039 extraordinario, mediante el cual declaró un estado de emergencia en todo el territorio nacional.

La aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido más restrictiva de lo que muchos esperaban. A pesar de que su objetivo declarado es promover la reconciliación nacional y facilitar la reintegración de procesados o condenados por razones políticas, centenares de personas todavía permanecen privadas de libertad.