La aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido más restrictiva de lo que muchos esperaban. A pesar de que su objetivo declarado es promover la reconciliación nacional y facilitar la reintegración de procesados o condenados por razones políticas, centenares de personas todavía permanecen privadas de libertad.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia n.° 022 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual anuló las elecciones de la junta de condominio de un conjunto residencial al considerar que se vulneró el derecho de un copropietario a postularse de manera individual.

En 2026, la aprobación de un conjunto de normas en áreas clave como hidrocarburos, minería y gestión administrativa ha profundizado la concentración de poder en el Ejecutivo nacional. Este nuevo entramado jurídico refuerza una lógica de centralización que traslada decisiones fundamentales —antes sujetas a control parlamentario según la Constitución— hacia la discrecionalidad del presidente de la República y sus ministros.

La nueva extensión del estado de emergencia económica en Venezuela reabre el debate sobre el uso reiterado de medidas excepcionales fuera de los límites constitucionales y su impacto en el equilibrio de poderes y en la vida ciudadana.

La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática cumple un mes desde que entró en vigor; y durante este tiempo, 7.727 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medidas sustitutivas de privación de libertad han recibido libertad plena, .....

La justicia vuelve a estar en la mira de las autoridades. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció hace más de 1 mes su intención de construir «un nuevo sistema de justicia» que no criminalice la pobreza, que sea menos corrupto y más eficiente que el actual.

Como una ley que servirá «para reparar, perdonar y, sobre todo, mirar hacia el futuro», afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV), al describir la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática al momento de entregarla a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma.

Tras revisar los 13 artículos que contiene el borrador, en Acceso a la Justicia hemos encontrado cinco debilidades que consideramos deberían ser subsanadas para asegurar el cumplimiento del objetivo planteado por la presidenta encargada.

La Constitución venezolana establece un sistema específico y obligatorio de control para los decretos que declaran estados de excepción. Conforme al artículo 339 constitucional, estos decretos deben someterse a un control dual posterior a su emisión por parte del Ejecutivo nacional.

En Venezuela no solo está vigente un estado de excepción por conmoción exterior, sino también otro por emergencia económica, que se inició el 9 de abril de 2025 y debería mantenerse en vigor máximo hasta el próximo 6 de febrero de 2026.