Los venezolanos estamos relativamente bien informados de cuáles son las opciones constitucionales para un cambio de la terrible situación política en la que estamos inmersos, no tan bien informados de lo que implica cada una de ellas en términos de tiempo, esfuerzo y dificultades, y nada claros en el beneficio que traería, para el país y sus ciudadanos, la implementación de cualquiera de ellas.

La renuncia del presidente, la vacante del cargo por razones legales y el revocatorio nos conducirían a la sustitución de la persona, con todo lo importante que ella pueda ser, dejando el resto del entramado institucional en la misma situación en la que nos encontramos.

La reforma y la enmienda constitucional pudiesen modificar aspecto concretos que como el recorte de la duración de los períodos presidenciales, la no reelección o al menos no en más de una oportunidad, e inclusive, la doble vuelta en las presidenciales, afectarían algunas de las disposiciones actuales que se han demostrado inconvenientes para la democracia, pero nada más.

Al final, todas ellas concentran falsamente la culpa de nuestros males en la mala gestión de una persona, que si bien la tiene en buena medida, deja por fuera las realidades constitucionales a las que nos ha conducido un sistema de gobierno presidencialista, sin frenos institucionales fuertes, con poderes que dependen de la venía de quien detenta el cargo, con una fuerza armada destruida ex profeso con el solo objeto de ponerla al servicio de un sector político, unas medios económicos sujetos a las decisiones dadivosas y cargadas de condiciones discrecionales y una población a la que liberada de sus obligaciones ciudadanas, se le pretende mantener afecta mediante un discurso encendido y de confrontación, subvencionada sin criterios de necesidad, dándole una imagen falsa que solo ha profundizado las desigualdades de origen.

Cambiar lo que preocupa y afecta a la mayoría de los venezolanos, demanda una opción que nos permita a TODOS sentirnos parte activa de la solución, en la cual no sea necesario que hayan rendidos, donde preservemos todo lo positivo que hayamos podido alcanzar en estos años post perejimenistas, por identificarlos de algún modo, y que sentemos las bases para cambiar lo que se ha demostrado inconveniente para la marcha justa, armónica y eficiente de nuestra sociedad, haciéndola definitivamente productiva, pero no menos rotundamente comprometida con la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Por todo ello y sin intentar contribuir a la competencia entre opciones, nos incorporamos a la Alianza Nacional Constituyente, en procura de una alternativa pacífica, participativa y verdaderamente democrática, que permita en poco tiempo, dentro del cauce constitucional vigente y con el concurso de todas las corrientes políticas, la construcción de la Venezuela que queremos TODOS.

En tal sentido acompañamos la iniciativa de convocar, por iniciativa popular, una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que perseguirá los siguientes Principios Fundamentales que subscribimos totalmente:

I.

El propósito y razón del Proceso Constituyente conduce a asegurar la reconciliación nacional, mediante un Pacto Social apegado al Estado de Derecho que le garantice a los ciudadanos seguridad jurídica, seguridad social y seguridad personal, donde el bienestar, el derecho de vivir en paz y de disfrutar de las garantías establecidas en la nueva Constitución se configuren plenamente como una realidad respetada y acatada por todos y en especial por quienes ejerzan las funciones correspondientes a las instituciones del Estado.

Que la Constitución producto de dicho proceso sea una auténtica realidad para la garantía y el ejercicio pleno de la libertad, la justicia, la democracia, la solidaridad y el progreso, y no un traje a la medida de los gobernantes de turno, como ha sido el curso histórico de la mayoría de nuestras constituciones.

1.Establecer definitivamente un Estado democrático, social, de Derecho y de justicia, Federal y descentralizado, que distribuya efectivamente sus competencias entre los tres niveles políticos territoriales: nacional, estadal y municipal, según la naturaleza de las mismas; asegurando instituciones administrativas fuertes en el nivel estadal y municipal, con las potestades legislativas de los Consejos Legislativos estadales y Cámaras Municipales correspondientes a las nuevas competencias que se descentralicen.

2.Establecer una descentralización tributaria efectiva, asegurando a los Estado y Municipios un buen soporte para su funcionamiento autónomo, en particular, mediante la participación efectiva y mayoritaria de los mismos en el producto del Impuesto al Valor Agregado.

3.Establecer en las Constituciones de los Estados, figuras institucionales autónomas, para la defensa de los ciudadanos del Estado (Defensor del Pueblo en los Estados) y para el Control fiscal en los mismos (Contralores Estadales).

4.Descentralizar los mecanismos institucionales de la Administración de justicia, de manera de asegurar que el ingreso a la carrera judicial y el control disciplinario de los jueces, se haga en los Estados e instituir las Cortes Regionales de Justicia.

5.Restablecer el Senado como Cámara Alta del órgano legislativo nacional que sirva de equilibrio entre los diversos niveles territoriales, en la cual participen en plano de igualdad los diversos Estados de la Federación.

6.Acercar el poder a los ciudadanos, mediante la multiplicación de los Municipios en el país, como las unidades políticas primarias de la organización nacional, de manera que sean los centros de gobierno local y mecanismos institucionales más importantes para asegurar la participación política democrática de los ciudadanos. Los Consejos Comunales y Asociaciones de Vecinos serán fortalecidos democráticamente y estarán integrados por ciudadanos electos, siendo estos los medios de transmisión entre el ciudadano y el Municipio.

7.Asegurar la separación de poderes en los órganos del Poder Público en los tres niveles político territoriales del Estado, y en especial en el nivel nacional, asegurar el sometimiento del Presidente de la República a la Constitución, limitando sus poderes en la administración de la Hacienda Pública y en sus actuaciones de carácter ejecutivo, a cuyo efecto, se propone la eliminación de la reelección en términos absolutos; es decir, no habrá reelección presidencial, y el establecimiento de la Doble Vuelta Electoral para la elección de cargos públicos ejecutivos, así como la elección directa y secreta del Vicepresidente de la República. Se limitará para casos extraordinarios y excepcionales, puntuales y con límite temporal, la posibilidad de la delegación legislativa (ley habilitante).

8.Establecer el principio de la sujeción de los militares y de la Fuerza Armada a la autoridad civil, manteniendo su derecho al voto y restableciendo su carácter apartidista para el cumplimiento de la misión de la institución militar de asegurar y mantener el orden democrático y su neutralidad política, eliminando todo tipo de proselitismo político en el ámbito militar, así como los órganos que no perteneciendo constitucionalmente a la Fuerza Armada, actúan actualmente como órganos milicianos o colectivos armados.

9.Restablecer la intervención del Senado en el proceso de ascensos de los oficiales superiores de las Fuerza Armada.

10.Restablecer la libertad de expresión plena, eliminando toda posibilidad de control y hegemonía comunicacional de parte del gobierno.

II.

El Poder Constituyente Originario de la Asamblea Nacional Constituyente que se convoca por iniciativa popular, no regulado por las normas establecidas por los poderes constituidos, será fiel a la tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz, la libertad, los valores, los derechos humanos, principios y garantías democráticos. En este sentido, nuestra actuación se fundamenta en los siguientes principios fundamentales:

1.Un cambio radical de las estructuras institucionales del país. Dicho cambio debe ser llevado adelante mediante vías pacíficas y constitucionales.

2.Creemos en un proceso de cambio en el que todo venezolano debe ser respetado en sus derechos, independientemente de su posición política.

3.Rechazamos y, por tanto, no creemos en salidas violentas de ninguna naturaleza, por lo que rechazamos enfáticamente iniciativas golpistas.

4.Creemos que para este cambio es imprescindible la participación de todos los venezolanos sin excepción, lo que implica transitar la vía justa de una gran reconciliación nacional.

5.Consideramos que la vía constitucional para lograr este nuevo modelo de país, en donde todos quepamos, es mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

6.Esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe darse con la aplicación de unas Bases Constituyentes que garanticen la participación justa e imparcial de todos los venezolanos a través de todas sus formas de organización o representación social, política o gremial.

7.El Proceso Constituyente debe ser el centro primordial de discusión de todos y cada uno de los problemas que el país sufre y de las soluciones necesarias para recuperarlo de su actual crisis y proyectarlo con firmeza hacia el futuro.

8.Consideramos que todas las decisiones emanadas del Proceso Constituyente deben ser inspiradas y generadas por una actitud y acción de consenso.

9.Consideramos necesario desarrollar una amplia participación y consultas populares, para que el constituyente tenga conocimiento acertado del país en el que todos los venezolanos anhelamos y queremos vivir.

III.

Las Bases Constituyentes establecen las normas que rigen la iniciativa de Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Como manifestación del Poder Constituyente Originario, son de carácter Supra Constitucional, conformando un cuerpo normativo no vinculado por el ordenamiento jurídico que emana y regula al Poder Constituido.

Las Bases Constituyentes que regirán el proceso han sido redactadas respetando principios democráticos tales como la Soberanía Popular, la progresividad de los derechos humanos, la transparencia, el principio de igualdad participativa con el debido respeto a las minorías y el pluralismo político, la participación ciudadana, la elección de los Constituyentes por votación universal, directa, secreta con representación proporcional y mediante el Sistema de Votación Manual.

Para finalizar, es indispensable para nosotros señalar que al apoyar esta propuesta estamos dejando sentada nuestra posición en cuanto a la forma que consideramos más apropiada y menos traumática para la recuperación de nuestro país; por lo tanto y tal como ha sido siempre, nuestra disposición estará encaminada al logro de la unidad real dentro de la hoy inmensa mayoría que ha decidido que es necesario y urgente un cambio en la forma de ejercer la política para ponerla al servicio de TODOS.