Es natural el escepticismo de la gente ante una nueva Consulta Popular. Y no es para menos. Después de la estafa a la voluntad popular perpetrada por la Asamblea Nacional expresada el 16J, aplica el viejo dicho que el pueblo asume: el picado de culebra le tiene miedo al bejuco.

Sin embargo, el hecho que los factores políticos de la Asamblea Nacional no hayan obedecido el mandato del pueblo el 16J, no invalidó la consulta como la herramienta política, al punto que esta sentó definitivamente a Venezuela y el mundo lo que el pueblo venezolano desea.

La consulta del 16J tuvo resultados políticos tangibles en todo el mundo, tanto que el respaldo dado a la oposición venezolana fue de tal magnitud que era posible ejecutar el mandato sin ningún obstáculo en el país. Un gobierno surgido desde la Asamblea Nacional el 17J hubiera tenido una legitimidad incuestionable ante el mundo, y a las Fuerzas Armadas se les hubiera puesto muy cuesta arriba no obedecer ese mandato.

Y aun cuando los partidos se hayan escondido detrás de un supuesto “no vinculante” legal muy discutible para no hacerle caso a lo que el pueblo grito y demostró con sangre en las calles antes de la misma consulta, el pueblo se expresó claramente en relación a lo que deseaba: un rechazo a la Constituyente del régimen y un cambio inmediato de gobierno. Eso todavía gravita sobre las cabezas de quienes son todavía los principales responsables de los partidos de la Asamblea Nacional.

Cualquier consulta que se le haga al pueblo de Venezuela es políticamente vinculante. Aquí no hablo de lo legal, hablo de lo político. Esto es, de obligatorio cumplimiento por los factores políticos convocantes. Es la voluntad popular de la mayoría expresada abiertamente, en temas de trascendencia nacional, a través del voto en una consulta. ¿Quiénes son los partidos, que son precisamente los mandatarios de esa voluntad, para ignorar un mandato expreso de esa naturaleza?

Entonces el mecanismo de la Consulta Popular no es el problema. El problema surge cuando una vez expresado el mandato, se garantice su cumplimiento por aquellos que deben ejecutarlo. Y para todo el mundo no existe ninguna duda que el 16J la Asamblea Nacional era el mandatario e ignoró la voluntad del pueblo.

¿Qué debemos hacer entonces? Debemos volver a crear el escenario político de la fuerza popular expresada en las urnas, con un árbitro transparente tal y como ocurrió el 16 de julio de 2017, pero con un enfoque completamente diferente. En ese día se creó ese escenario, y la fuerza popular se hizo presente pero nadie la canalizó hacia el objetivo planteado, que no era otro que el rechazo a las acciones del régimen y su sustitución. Debemos canalizar ahora esa fuerza popular.

Lo que paso el 16J-2017 se asemejo en mucho a lo que sucedió el 11A-2002 aunque los resultados no fueron similares: El pueblo se expreso de una manera objetiva y contundente a los ojos de todo el mundo. El 11A-2002 las calles de Caracas se llenaron de gente exigiendo la salida de Hugo Chávez y este respondió con una masacre en la Av. Baralt. Ante ese hecho, las Fuerzas Armadas como un todo se pronunciaron. Y no estamos hablando de un batallón que se alzó o que algunos Generales o Comandantes decidieron que Chávez debía salir, sino el consenso general de todas las Fuerzas cuyos principales actores gritaban días antes “Patria, Socialismo o Muerte” en el desfile de Los Próceres. Es esa fuerza la que debemos expresar de nuevo en las urnas pero en esta ocasión con un dispositivo para canalizarla.

Si el 16J los diputados de la Asamblea Nacional se escondieron detrás de eufemismos legales para ignorar lo que el pueblo les ordeno, esta vez el pueblo debe señalar expresamente el cómo y con quien se debe hacer efectivo ese mandato, dejando muy clara la ruta de actuación con preguntas precisas al pueblo venezolano.

¿Cómo debe activarse de nuevo esa Consulta? La ANCO ya hizo el 6 de Noviembre de 2017 -como para que no queden dudas- la solicitud a la Asamblea Nacional para activar el Articulo 71 de la Constitución. Esta comunicación es protocolar porque es la Asamblea Nacional la vía expedita y de primera instancia para activar inmediatamente por mayoría simple ese mecanismo, tal y como lo hizo el 5 de julio de 2017. En noviembre pasado proponíamos cuatro preguntas. En este momento la situación y las preguntas han cambiado, así como el país, pero no la esencia y la necesidad de que se exprese la voluntad popular.

Aunque tenemos razones para pensar que la Asamblea Nacional engavete esta solicitud, como ya lo ha demostrado hasta ahora, no se puede desestimar un cambio en la actitud política de los partidos que produjeron el 16J, aunque por sus actuaciones esto sea lamentablemente muy improbable. No hay que olvidar lo inestable de la situación política venezolana.

Si la Asamblea Nacional no activa de nuevo el mecanismo plebiscitario, entonces quienes deberemos activar ese mecanismo somos los ciudadanos, siendo convocado este nuevo plebiscito bajo las condiciones que la ciudadanía establezca. Esto no es otra cosa que la prerrogativa de participación ciudadana que nos da la Constitución de 1999 en su Artículo 70, y que fue refrendada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo con sede en Washington DC, del 30 de noviembre de 2017: “…por lo tanto, cualquier salida de la crisis que se pretenda en el escenario político, debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución, y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país…”.

Si la ciudadanía decide abordar la crisis del país a través de una Consulta Popular que establezca dentro de ella la ruta a través de la cual se hará efectivo el resultado de esa consulta, entonces los ciudadanos estaremos haciendo uso de los mecanismos constitucionales establecidos, y dando una respuesta a la frustración del 16J. En la consulta está la respuesta. Y de eso se trata precisamente la Agenda Alternativa para Venezuela…

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