En los años setenta, durante la presidencia de Jimmy Carter, el Departamento de Estado había iniciado una agresiva política de promoción de derechos humanos con especial énfasis en las dictaduras del cono sur de América Latina. En coordinación con la OEA y la CIDH, ello continuó en los ochenta con Ronald Reagan y George H. W. Bush en la Casa Blanca.
Una anécdota ilustra y resume esta forma de injerencia americana. El 5 de octubre de 1988 tuvo lugar el plebiscito en Chile, para determinar con el sí la continuación de Augusto Pinochet por otros ocho años, o un no que llamaría a elecciones generales al año siguiente. El no había ganado, pero el régimen se negó, inicialmente, a reconocer el resultado. Se vivieron momentos de gran tensión, narraron los protagonistas de aquella historia una y mil veces.
El embajador de Estados Unidos era Harry Barnes Jr., un diplomático de excepción y un demócrata de principios. Cuando Barnes presentó sus credenciales a Pinochet en 1985 le dijo que “los defectos de la democracia se curan con más democracia”. Pinochet no pudo contener su ira: “¿Desde cuándo son los embajadores árbitros de nuestros problemas internos? No somos colonia ni esclavos de nadie”.
Eso como contexto, pues en el drama de aquella noche de 1988 el embajador Barnes levantó el teléfono varias veces. Primero para hablar con sus colegas de otros países democráticos. Luego para hablar con Pinochet, a quien le manifestó que el gobierno de Estados Unidos le exhortaba a reconocer su derrota e iniciar la transición democrática tal cual estaba estipulado por su propia Constitución, la de 1980.
La llamada en cuestión convenció al general Fernando Matthei, Comandante de la Fuerza Aérea, de la inconveniencia de no reconocer el resultado. Tanto que fue el primer integrante de la Junta de Gobierno en dar a conocer el resultado a los periodistas, ignorando al propio Pinochet. Fait accompli, hecho consumado.
La Concertación por el no —alianza de centro-izquierda entre Democristianos, Radicales y Socialistas que enfrentó a la dictadura—reconoció y agradeció la intervención del Embajador Barnesen innumerables ocasiones. Quien aquí escribe escuchó esta historia contada por los protagonistas decenas de veces. Un fraude electoral fue así sorteado, la democratización fue posible.
Si hace el lector fast forward, verá que Maduro le pidió prestado el script a Pinochet, nótese el lenguaje. El Embajador Barnes bien podría haberle prestado el suyo a Luis Almagro, o a Marco Rubio que se ha puesto a Venezuela al hombro en el Senado.
La izquierda de hoy, sin embargo —Noam Chomsky y sus seguidores, Bernie Sanders y los ultra liberales del Partido Demócrata, el laborismo de Jeremy Corbyn, las mascotas con ventrílocuos en La Habana o en Pdvsa— no parece tener libreto alguno, solo tiene confusión e hipocresía. No es capaz de explicar por qué la intervención de Estados Unidos y otras democracias fue válida para que Pinochet no cometiera fraude electoral y saliera del poder, pero no es válida para que Maduro haga lo propio después de haber cometido varios fraudes electorales.
Si es porque Maduro se define de izquierda, son ingenuos o cómplices. Según la Cepal, el índice de pobreza en Venezuela es cercano al 90% y ya era de 48% en 2014. Casi 3.5 millones de venezolanos han emigrado, en la crisis de refugiados más grande en las Américas en toda la historia. Y el régimen ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Solo se trata de una organización criminal en el poder. Los jerarcas chavistas son billonarios, el grueso de sus activos está en Estados Unidos. Es que hay una premisa de la política que el régimen de Maduro ha violado. La misma dice que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, autoritario o democrático, busca el sufrimiento de su propio pueblo. Es una máxima que no tiene validez para Venezuela: Maduro ha buscado deliberadamente el saqueo de su país y el sufrimiento de su pueblo.
El verdadero progresismo no convive con dictadura alguna, no evalúa si los derechos humanos son violados por la izquierda o por la derecha. Progresismo es entender el valor supremo de la libertad en un Estado Constitucional, el principio que establece la separación y el equilibrio de poderes, única manera de proteger los derechos fundamentales de las personas. Y sabe que ello solo se logra en democracia.
Es fundamental la activa intervención del mundo democrático para acelerar la partida de Maduro del poder, ya mismo, hoy, en realidad ayer. Así lo entendieron el embajador Barnes y la centro-izquierda chilena en aquel momento decisivo para la transición chilena, que a su vez fue imprescindible para toda la región.
Treinta años más tarde, la supervivencia de la democracia en América Latina depende de la democratización de Venezuela.
@hectorschamis
El País
2 FEB 2019
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