Las revoluciones democráticas de fin del siglo XX comenzaron con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Continuaron con la unificación de Alemania, en octubre de 1990, y la disolución de la Unión Soviética, en diciembre de 1991. Son los tres hitos que señalan el fin del régimen del Estado-partido.

Por cierto que no fue el fin de la historia, pero sí fue el final de una particular lectura de la misma: el de la teleología marxista. El materialismo histórico se entiende como la evolución de un modo de producción a otro: comunista primitivo, asiático, esclavista, feudal y capitalista. Agudizadas las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción bajo el capitalismo, la historia concluiría en una última fase: la sociedad socialista.

Así es para Marx y Engels: determinista e inexorable. Y de ahí el significado que Fukuyama le dio a la expresión el “fin de la historia”, con frecuencia criticado de manera superficial. Parafraseaba sobre el determinismo con ironía, pues bajo dicho marco analítico la transición hacia el capitalismo democrático era una involución inconcebible. La historia estaba yendo a contramano de la historia.

Permítame el lector cambiar de dirección un momento, ya regresaré al tema. Es que tengo en mis manos una demanda judicial radicada en el estado de Florida. Los demandantes son cuatro profesionales médicos cubanos. Los demandados son la Organización Panamericana de la Salud, OPS (PAHO, son sus siglas en inglés), en la figura de dos funcionarios nombrados y otros funcionarios anónimos.

Los cargos son por violación de leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso. El alegato sostiene que la OPS firmó un contrato de tipo comercial con una tal “Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos”, CSMC. Ello a efectos de instrumentar un programa de cooperación—“Mais Médicos”, en portugués—entre el Ministerio de Salud Publica de Cuba y la OPS para la provisión de atención en Brasil por parte de profesionales cubanos.

Las autoridades brasileñas efectuaban los pagos de dichos servicios a la OPS, quien a su vez canalizaba los mismos a Cuba, ya sea a la CSMC o al propio Ministerio de Salud. Dice la demanda que la OPS cobró una comisión de 5% (75 millones de dólares) como intermediario y administrador del programa entre 2013 y 2018, lo cual sería ilegal, abonando a los profesionales cubanos alrededor de 10% del total como salario, una parte en mano y otra depositada en cuentas en Cuba.

Al mismo tiempo, el programa incurrió en el delito de discriminación por pagar menos que la compensación habitual en Brasil por el mismo trabajo, es decir, promoviendo la explotación de dicho personal. El restante 85% del contrato se giró al gobierno cubano, 1.275 millones de dólares.

Se trata de las conocidas misiones cubanas, instrumentos de política exterior y de captación de divisas al mismo tiempo. Brasil es solo un caso, las misiones tienen lugar en muchas latitudes. Se calcula que, con ellas, el gobierno de La Habana se hace de 8,000 millones de dólares cada año.

Además de posibles prácticas corruptas, la demanda judicial también describe el sistema represivo que sostiene la supuesta solidaridad. El personal se recluta por medio de amenazas y presiones políticas. Rechazar ser parte de dichas tareas en el exterior es considerado una falta de compromiso revolucionario, con las consabidas consecuencias. Quienes se unen al programa no son informados del destino, la duración del mismo, ni la compensación que recibirán.

No pueden ser acompañados por todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y, una vez allí, deben realizar funciones políticas si se les requiere, propaganda e inteligencia por lo general. No hacerlo presenta riesgos para ellos y para sus familias en la Isla. Y por supuesto agentes de la Seguridad del Estado son parte habitual de los programas, espían de un lado y del otro.

El verdadero cinismo de la Revolución Cubana queda así a la vista. Nótese, la misma nunca persiguió la libertad, ni los derechos fundamentales de las personas, ni la democracia, todas ideas burguesas. Pero sí se planteó la emancipación del proletariado, la terminación de la explotación del trabajo por el capital. Es decir, el objetivo declarado de la sociedad socialista era revertir la extracción de plusvalía, la diferencia entre el salario percibido y el valor creado en el proceso de trabajo.

Regreso ahora al comienzo. Si el giro en U del socialismo al modo de producción capitalista, como en la transición post-comunista europea, había sido impensable para el pensamiento marxista, mucho más anómalo habría sido una regresión hacia un modo de producción esclavista. Y esto son las misiones médicas cubanas: tráfico de personas, trabajo forzoso y explotación. En Cuba, el Estado-partido ha hecho que la historia marche a contramano de la historia.

@hectorschamis

El País

https://elpais.com/internacional/2019/03/24/actualidad/1553386100_348365...

En los años setenta, durante la presidencia de Jimmy Carter, el Departamento de Estado había iniciado una agresiva política de promoción de derechos humanos con especial énfasis en las dictaduras del cono sur de América Latina. En coordinación con la OEA y la CIDH, ello continuó en los ochenta con Ronald Reagan y George H. W. Bush en la Casa Blanca.

Una anécdota ilustra y resume esta forma de injerencia americana. El 5 de octubre de 1988 tuvo lugar el plebiscito en Chile, para determinar con el sí la continuación de Augusto Pinochet por otros ocho años, o un no que llamaría a elecciones generales al año siguiente. El no había ganado, pero el régimen se negó, inicialmente, a reconocer el resultado. Se vivieron momentos de gran tensión, narraron los protagonistas de aquella historia una y mil veces.

El embajador de Estados Unidos era Harry Barnes Jr., un diplomático de excepción y un demócrata de principios. Cuando Barnes presentó sus credenciales a Pinochet en 1985 le dijo que “los defectos de la democracia se curan con más democracia”. Pinochet no pudo contener su ira: “¿Desde cuándo son los embajadores árbitros de nuestros problemas internos? No somos colonia ni esclavos de nadie”.

Eso como contexto, pues en el drama de aquella noche de 1988 el embajador Barnes levantó el teléfono varias veces. Primero para hablar con sus colegas de otros países democráticos. Luego para hablar con Pinochet, a quien le manifestó que el gobierno de Estados Unidos le exhortaba a reconocer su derrota e iniciar la transición democrática tal cual estaba estipulado por su propia Constitución, la de 1980.

La llamada en cuestión convenció al general Fernando Matthei, Comandante de la Fuerza Aérea, de la inconveniencia de no reconocer el resultado. Tanto que fue el primer integrante de la Junta de Gobierno en dar a conocer el resultado a los periodistas, ignorando al propio Pinochet. Fait accompli, hecho consumado.

La Concertación por el no —alianza de centro-izquierda entre Democristianos, Radicales y Socialistas que enfrentó a la dictadura—reconoció y agradeció la intervención del Embajador Barnesen innumerables ocasiones. Quien aquí escribe escuchó esta historia contada por los protagonistas decenas de veces. Un fraude electoral fue así sorteado, la democratización fue posible.

Si hace el lector fast forward, verá que Maduro le pidió prestado el script a Pinochet, nótese el lenguaje. El Embajador Barnes bien podría haberle prestado el suyo a Luis Almagro, o a Marco Rubio que se ha puesto a Venezuela al hombro en el Senado.

La izquierda de hoy, sin embargo —Noam Chomsky y sus seguidores, Bernie Sanders y los ultra liberales del Partido Demócrata, el laborismo de Jeremy Corbyn, las mascotas con ventrílocuos en La Habana o en Pdvsa— no parece tener libreto alguno, solo tiene confusión e hipocresía. No es capaz de explicar por qué la intervención de Estados Unidos y otras democracias fue válida para que Pinochet no cometiera fraude electoral y saliera del poder, pero no es válida para que Maduro haga lo propio después de haber cometido varios fraudes electorales.

Si es porque Maduro se define de izquierda, son ingenuos o cómplices. Según la Cepal, el índice de pobreza en Venezuela es cercano al 90% y ya era de 48% en 2014. Casi 3.5 millones de venezolanos han emigrado, en la crisis de refugiados más grande en las Américas en toda la historia. Y el régimen ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Solo se trata de una organización criminal en el poder. Los jerarcas chavistas son billonarios, el grueso de sus activos está en Estados Unidos. Es que hay una premisa de la política que el régimen de Maduro ha violado. La misma dice que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, autoritario o democrático, busca el sufrimiento de su propio pueblo. Es una máxima que no tiene validez para Venezuela: Maduro ha buscado deliberadamente el saqueo de su país y el sufrimiento de su pueblo.

El verdadero progresismo no convive con dictadura alguna, no evalúa si los derechos humanos son violados por la izquierda o por la derecha. Progresismo es entender el valor supremo de la libertad en un Estado Constitucional, el principio que establece la separación y el equilibrio de poderes, única manera de proteger los derechos fundamentales de las personas. Y sabe que ello solo se logra en democracia.

Es fundamental la activa intervención del mundo democrático para acelerar la partida de Maduro del poder, ya mismo, hoy, en realidad ayer. Así lo entendieron el embajador Barnes y la centro-izquierda chilena en aquel momento decisivo para la transición chilena, que a su vez fue imprescindible para toda la región.

Treinta años más tarde, la supervivencia de la democracia en América Latina depende de la democratización de Venezuela.

@hectorschamis

El País

2 FEB 2019

https://elpais.com/internacional/2019/02/03/actualidad/1549154083_763696...

He seguido a Venezuela por décadas. Inicialmente por la anomalía de su democracia petrolera, luego por el colapso del puntofijismo y su consecuente vacío, un escenario propicio para el surgimiento del populismo. Más tarde fue la construcción de un régimen autoritario. Y a partir de 2014 por la crisis política profunda, la cual pensé que era irreversible e implicaba una inminente caída de dicho régimen.

Erróneamente, pues allí sigue. Lo cual me causa perplejidad al mismo tiempo que corrobora mi ignorancia. Dicho régimen no gobierna, en el sentido estricto del término, pero sí ocupa el poder. Su rasgo más saliente es la degradación institucional causada por una fuerza política que se convirtió en organización criminal estando en control del aparato del Estado.

O de sus ruinas. Así es cuando la corrupción captura la política y los warlords venezolanos se disputan la apropiación de los recursos lícitos e ilícitos. Lo que queda de ese Estado tanto como lo que queda de la salud pública, el tejido social, la estructura productiva y la moneda en un país que parece haber sido destruido por una peste, un país convertido en el Orán de Albert Camus.

Cómo no pensar en La peste, donde se revela lo mejor y lo peor. Está el Doctor Bernard Rieux, un médico abnegado que dedica sus esfuerzos a curar, pero también está el Doctor Richard, dubitativo y negador de la realidad, hasta que la peste lleva su propia vida. Está el periodista Raymond Rambert, a quien la peste encuentra en Oran por casualidad, pero que se queda a luchar contra la enfermedad y hace de esa lucha su prioridad. Y está también Cottard, personaje con pasado criminal para quien la peste es la oportunidad de lucrar por medio del contrabando.

Alcanza con leer las noticias sobre Venezuela para leer a Camus. Una noticia recorre las redes. Muchos de los alimentos distribuidos por el gobierno a través del sistema CLAP no son aptos para consumo, llegan pasada su fecha de expiración. En un video que se hizo viral se observa un paquete de frijoles atiborrado con gorgojos.

Los medios reportan rupturas en las tuberías de varias ciudades del país, produciendo fugas de agua potable y generando escasez. El problema se ha vuelto permanente en muchas urbanizaciones de Caracas. Hay casos de vecinos que se han puesto de acuerdo para contratar empresas de ingeniería privadas y realizar excavaciones en busca de pozos. O bien lo hacen por su cuenta. Allí tiene el lector una definición abreviada del concepto “Estado fallido”.

La prensa informa acerca de una reciente investigación de Susana Raffalli, conocida experta en seguridad alimentaria. En 16 estados del país, el 15 por ciento de los niños están en riesgo de morir por desnutrición. Ello significa un retroceso de 50 años en el sector salud. No es una cifra a nivel nacional pero es suficientemente crítica. El 33% de los recién nacidos ya exhiben un atraso de crecimiento irreversible.

Esta semana el FMI pronosticó una inflación anual de un millón por ciento en Venezuela para este año. Ello como concomitante del alto déficit fiscal, financiado con expansión monetaria, y una caída del producto proyectada de 18%, la cual debe agregarse a una contracción de 50% en los últimos cinco años. Se advierte que aumentarán las consecuencias migratorias para los países vecinos.

Con un sistema de precios destruido, se erosiona la normatividad fundamental de toda la sociedad. Cuando nadie conoce el valor de lo cotidiano, las conductas son puro individualismo; “anomia”, lo llaman los sociólogos. Ello destruye el tejido social, tal como lo expresa el éxodo ininterrumpido. La hiperinflación también es una plaga.

Los periódicos informan que la Asamblea Nacional, la legislatura elegida legítimamente, ha iniciado una investigación sobre la nacionalidad del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín. Lo hicieron mediante un oficio enviado a la Cónsul General de España, no a través de una consulta con el interesado. Lo absurdo es que Martín fue elegido junto con otros 12 magistrados por la propia Asamblea Nacional, cumpliendo con su prerrogativa constitucional, en julio de 2017.

Dejaron el país a consecuencia de la persecución del gobierno. Desde el exterior el TSJ trabaja sobre casos por demás sensibles. Entre ellos, la destitución de Maduro y la formación de un gobierno en el exilio, y el caso Odebrecht con sus aportes a las campañas del oficialismo y, según algunos, de la oposición por igual.

Venezuela hoy o el Orán de Camus en 1947, la vida, el poder, la grandeza y la miseria. Y la peste.

@hectorschamis

28 de julio 2018

El País

https://elpais.com/internacional/2018/07/28/actualidad/1532810629_454472...

La guerra por el recurso y la tragedia venezolana

Una buena parte de mi aprendizaje sobre Venezuela ha tenido lugar gracias a mis frecuentes intercambios con Ibsen Martínez y la regular lectura de sus textos, varios de ellos en este mismo periódico. Un tema es recurrente en sus escritos, casi una obsesión, me animo a decir: el petróleo, siempre la variable explicativa de su propio Macondo, esa Venezuela Saudita donde la mismísima categoría “tiempo” parece inexistente. Como en Macondo, precisamente, un pueblo sin historia.

Habiendo trabajado sobre la economía política del desarrollo, mi afinidad con este tema no podría ser más directa e inmediata. Es que el Macondo petrolero de Ibsen es una genial acuarela literaria de lo que, en un dialecto intelectual diferente, llamamos “la maldición del recurso”. Son narrativas gemelas.

Esta literatura, fundamental en economía política, habla de países que funcionan en base a exportar recursos naturales. Nos dice que dichas economías crecen durante shocks de precios favorables, pero con las clásicas distorsiones de la “enfermedad holandesa”. El exceso de divisas aprecia el tipo de cambio real, afectando la competitividad del sector industrial y desplazando el grueso de la inversión hacia el sector exportador. De este modo, la renta exportadora se usa para financiar importaciones de manufacturas. Cuando los precios internacionales caen, y siempre caen, se desacelera el crecimiento.

En consecuencia, en estos países la economía crece por debajo de su potencial, modestamente en el largo plazo y con visibles desequilibrios sectoriales y regionales, resultado de pronunciados ciclos de boom and bust. Típicamente, ello invita políticas fiscales inconsistentes, sumando otro desequilibrio: de presupuesto. El final de este camino los encuentra en medio de una gran crisis macroeconómica y una masiva destrucción de activos. Tanta riqueza los ha hecho pobres.

La política, a su vez, refleja, al mismo tiempo que exacerba, estos ciclos. Diversas facciones se disputan las rentas a efectos de distribuir beneficios entre sus clientes políticos, un escenario propicio para sistemas de dominación patrimonialistas. Un corolario de esto es un aparato estatal de tenue densidad institucional, propicio para un jefe del ejecutivo con autoridad discrecional sobre la política económica.

Con un Aureliano Buendía sentado sobre oro negro, entonces, la democracia es improbable. La Venezuela del Punto Fijo, democrática mientras el resto de América Latina estaba bajo dictaduras militares, constituía una anomalía teórica. Era democrática no por su riqueza petrolera sino a pesar de ella. Uno no encuentra semejante extravagancia en el Golfo Pérsico, continuando con la metáfora Saudita. Evidentemente, Chávez llegó determinado a corregir dicha rareza.

Por supuesto que Noruega—donde dos tercios de la canasta exportadora son en gas y petróleo—es la excepción a la regla, aunque en gran medida por el beneficio de una excepcional secuencia histórica. Es que Noruega descubrió la democracia casi un siglo antes de descubrir petróleo. El tiempo puede ser una variable relevante.

Pero si la economía de recursos naturales está asociada a desequilibrios macroeconómicos y al autoritarismo, también lo ha estado al conflicto prolongado y la guerra civil. Uno tras otro, los estudios empíricos confirman una robusta asociación entre una economía dependiente de exportaciones de recursos naturales y la violencia interna en países de bajo ingreso per cápita. El factor precipitante puede ser el petróleo, como en Sudan y Congo; pero también diamantes, como en Sierra Leone; oro y cobre, como en el Congo Democrático; cacao y café, como en Liberia; fosfatos, como en Marruecos; o bien sustancias ilícitas, como el opio en Afganistán.

Lo común a todos es que la volatilidad de los ciclos económicos en un sistema político de carácter patrimonial incentiva a las facciones a obtener la propiedad del recurso. La erosión de la legitimidad y autoridad del Estado magnifica esta tendencia. Irremediablemente, dichos grupos cumplen funciones cuasi estatales: control del territorio (léase, definir y hacer cumplir derechos de propiedad) y el cobro de tributos (léase, extorsión), claro que sin detentar el monopolio absoluto de la coerción y generando entonces competencia entre sí y mayor fragmentación.

Es decir, generando violencia. El rango de la misma puede ir de la violencia anómica, como es el caso del crimen urbano, hasta una declarada guerra por el recurso dirigida y financiada por warlords—contrabandistas, extorsionadores, traficantes, terroristas o una combinación de todo lo anterior—en ejercicio de una proto-soberanía. Ante la ausencia de autoridad política centralizada, el Estado, una cierta secesión ocurre de facto.

Una vez que la violencia se dispara, ello desencadena una fatal reversión del desarrollo. A medida que el conflicto escala, el ingreso se contrae, la mortalidad crece, las enfermedades se propagan, el crimen se desborda. El hambre se esparce y el consumo de proteínas colapsa. Toda una generación puede estar privada del desarrollo neuronal necesario para el aprendizaje. Las pérdidas en capital humano son irrecuperables.

Los efectos de estos conflictos no reconocen fronteras. Se cuentan en epidemias, refugiados y en la propagación de actividades ilícitas. Todo lo cual supone costos crecientes para los países vecinos en defensa, salud pública y seguridad. El control de fronteras, narcotráfico y lavado de dinero requiere mayores presupuestos en toda la región contigua al conflicto. Una carrera armamentista también es plausible, la violencia engendra más violencia.

He obviado a Venezuela deliberadamente en la segunda parte de esta columna, en la esperanza que el lector haya hecho el paralelo en su mente. Ocurre que, entre sus muchos crímenes, el chavismo ha instalado la guerra por el recurso en América Latina y el Caribe, un tipo de amenaza que la región tendrá que enfrentar por décadas. La Venezuela Saudita ha traído África a América Latina. Su tragedia le pertenece a todo el hemisferio.

@hectorschamis

14 de enero de 2018

El País

https://elpais.com/internacional/2018/01/14/america/1515889676_910862.html

En fecha reciente, el régimen venezolano aprobó la implementación del denominado Carnet de la Patria, el cual según el mismo Nicolás Maduro representa un mecanismo ideado “para afianzar el sistema de protección social del país” (1), antecedido por la expansión de los CLAP y la implementación de las nuevas Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) a partir de febrero. Si bien es cierto que las ayudas sociales constituyen una herramienta válida para mejorar en algo la crítica situación económica y social que afecta a gran parte de la población venezolana, cabe preguntarse si es esta la verdadera y única razón para esgrimir la mencionada estrategia.

En este contexto, el gobierno chavista del señor Maduro presenta como una alternativa novedosa frente a la crisis económica caracterizada por inflación y desabastecimiento la posibilidad de un carnet de la patria con muy difusas posibilidades de lo que su portador podría obtener, a todas luces se trata de una nueva acción enmarcada en una política de gobierno que no ha hecho otra cosa que destruir la calidad de vida de los venezolanos, a través de irresponsables medidas económicas.

En un régimen francamente populista, que utiliza permanentemente el bienestar del pueblo como bandera política, lo anterior luce como poco probable. Basta analizar someramente algunas intervenciones de Nicolás Maduro, en las cuales sin reparo alguno indica que “No puede quedar ni un solo venezolano sin sus Carnet de la Patria, por eso llamo a todos a trabajar. Esto no solo es responsabilidad de unos pocos, sino de todos los comprometidos con el proceso” (1).

A todas luces, destaca la inclusión del carnet de la patria en el contexto político, como un instrumento de identificación de los ciudadanos con el régimen. Sin embargo, la realidad nacional es más compleja. En la actualidad, acceder o querer acceder al carnet de la patria, para el ciudadano común no significa únicamente demostrar lealtad a un proceso con un franco y sostenido descenso en el apoyo popular. Para el venezolano de a pie, que diariamente se enfrenta a los embates del hambre y la miseria, a ese que se ve en la necesidad de hurgar en la basura para mitigar sus necesidad básica y la de su familia, el carnet de la patria es visto como una tabla de salvación, inteligentemente lanzada al ruedo en un momento crítico para el régimen madurista.

Pensar que esta es una medida tomada sin razón aparente, es caer en una crisis de ingenuidad y desconocimiento que a estas alturas del juego la realidad nacional no permite ni justifica. El régimen debe seguir apegado a sus políticas de aparente bienestar, a expensas de la destrucción del aparato productivo interno, la propiedad privada, la independencia económica e incluso la autoestima, la salud y la vida del venezolano. Ellos están jugando su juego y aunque moleste, las estrategias están haciendo el efecto esperado.

Ese venezolano atormentado por necesidades apremiantes, va a utilizar cualquier mecanismo que le garantice, por lo menos en el corto plazo, el acceso a bienes y servicios que, en una democracia real y verdadera le son propios y reconocidos. Aquí ya no se está pensando en estrategias y dignidades. En este país, incluso en las grandes ciudades, se está sintiendo el hambre y la necesidad. La urgencia de una solución, aunque esta solo sea paliativa.

Juzgar entonces a aquellos que se forman en colas interminables buscando una esperanza, aunque sea teñida de manipulación política, no puede ser la reacción y la estrategia de quienes adversamos al régimen gobernante. Ponerse en los zapatos del otro es un principio cristiano, aceptar los errores y enmendarlos, también lo es. En este contexto, luchar verdaderamente por el bienestar de la población vale la pena preguntarse, ante esta situación que ya es un hecho, ¿Qué opina la dirigencia opositora congregada en la Mesa de la Unidad (MUD)?

En estas últimas semanas, la prensa expone, información que vale la pena resaltar, como “arranca la carnetización de todo el movimiento estudiantil, magisterial y trabajadores de la educación” (1). Igualmente, bajo la premisa de amplitud social y bienestar común, se incluyen como favorecidas “todas las personas mayores de 15 años que hayan sido incluidas en algún programa por el sistema de misiones sociales. Organizaciones y movimientos que hacen vida en el Congreso de la Patria y las estructuras del Psuv. Voceros de los consejos comunales y comunas. Pensionados” (2). Se informa también que el Carnet de la Patria permitirá “tecnologizar la acción de Gobierno ya que funciona con la más alta tecnología, con el uso del código QR (código de respuesta rápida, en español) que permite acceder de forma inmediata a la información personal, de residencia y de participación en misiones y movimientos sociales del beneficiario” (3).

Desde la óptica del régimen, este es un instrumento que va a permitir profundizar el conocimiento sobre los grupos sociales y el acceso a los programas establecidos, lo cual pareciera perfectamente lógico. Sin embargo, sin mucho análisis, alarma por decir lo menos, la clara decisión, no intención, decisión del ejecutivo de carnetizar a importantes sectores de la vida nacional como maestros, estudiantes, empleados, obreros y todo aquel venezolano exigiendo como único requisito ser mayor de 15 años.

Hay que decirlo claro, el carnet de la patria es una acción desesperada, populista y con serios visos de tendencia excluyente que no es algo aislado sino repetición de otras aberraciones como la tristemente célebre Lista de Tascón, registros inútiles de censos y amenazas veladas o explicitas a empleados públicos o ciudadanos que opten a un derecho como lo es la vivienda, en ningún modo se puede acusar al pueblo venezolano sumido en una espiral de hambre y violencia por tener la ilusión o esperanza de un subsidio. Precisamente es allí donde entra la perversidad macabra de un régimen decadente experto en crear miseria para luego regodearse de esta enmarañado en un discurso patriotero justificando el desastre en la maldad de los enemigos internos y externos de la patria.

Retomando lo expuesto, ante la catastrófica situación nacional y las carencias existentes, en nada asombra la decisión de miles de venezolanos de buscar en el carnet de la patria una salida individual a una crisis colectiva, sin ahondar en el fin solapado del control político y económico de miles de voluntades. Lo que sí es cuestionable es que, salvo algunas opiniones, la dirigencia opositora no haya expresado de forma clara, contundente y unitaria, las razones no reveladas, la intención y el real peligro a las libertades democráticas que significa la implementación del carnet de la patria, el cual pasaría a ser incluso más importante y valedero que la misma cedula de identidad.

En estos tiempos de lucha sin descanso, más que protagonismos y apetencias individuales y el reparto de los despojos de un país en ruinas, debería imperar la voz sensata de los líderes que para ello se postularon y decidieron serlo. Es momento de dar la cara, más allá del curul alcanzado o las prebendas ofrecidas. Es necesario y apremiante dar la voz de alerta sobre los alcances del carnet de la patria. Sin embargo, no debe ser olvidado el venezolano de a pie, el mismo que pierde el color político al verse obligado a peregrinar en busca de sustento. Es ese ciudadano, y todos los que a diario ya no vivimos, sino sobrevivimos esta realidad, el que requiere que se hable claramente, exponiendo los potenciales beneficios del carnet de la patria como paliativo (que los tiene), y más importante aún, las estrategias ajustadas a la realidad que permitan recuperar las libertades y derechos que caracterizan una vida en democracia.

El pueblo venezolano merece respeto y ese respeto pasa por la presentación de opciones viables para lograr encontrar salidas a la crisis, en lugar de un carnet ilusionista atado al chantaje y la exclusión Aragua y Venezuela requieren de proyectos orientados a la reactivación del aparato productivo, la recomposición del tejido social y un plan de rescate de los servicios públicos, esto sin dejar de lado la necesidad de combatir la corrupción y todo el entramado clientelar que pervierte la conducta de los ciudadanos.

El carnet de la patria aparece en la trágica comedia chavista como una falsa oferta distribuidora de la renta petrolera. Ante esto, las fuerzas democráticas y verdaderamente progresistas deben presentar opciones de desarrollo socioeconómico que saquen al país del atolladero en que se encuentra, generando una nueva conciencia social que promueva en los ciudadanos su papel preponderante en los cambios necesarios, retejer las relaciones sociales, combatir la violencia y el culto al malandraje y posicionar un liderazgo político comprometido y honesto. Frente al carnet de la patria como signo patético del fracaso del modelo chavista, Venezuela requiere y merece medida calidad de vida y paz, no circo ni medidas incoherentes y desesperadas que buscan el mantenimiento en el poder de un gobierno experto en crear y reproducir pobreza.

Ada E. Lugo

Niuman Páez.

(1). García, M. (2017). Ejecutivo: Registros del Carnet de la Patria serán los jueves, viernes, sábado y domingo. En: Noticia al Día. De Fecha: 31 de enero 2017. Disponible: http://noticiaaldia.com/2017/01/ejecutivo-registro-del-carnet-de-la-patria-seran-los-jueves-viernes-sabado-y-domingo/. [Consulta: 1 de febrero de 2017].

(2). Informe21. (2017). Preguntas y respuestas sobre el Carnet de la Patria. Disponible: http://informe21.com/economia/preguntas-y-respuestas-sobre-el-carnet-de-la-patria. De Fecha: 17 de enero 2017. [Consulta: 1 de febrero de 2017].

(3). Conoce qué beneficios genera el Carnet de la Patria. Notitarde. Versión Digital. De fecha: 31 de enero de 2017. Disponible: http://www.notitarde.com/conoce-que-beneficios-genera-el-carnet-de-la-patria/pais/2017/01/31/1046697/. [Consulta: 1 de febrero de 2017].

Es común a las autocracias en declinación, quebrantar la institucionalidad que ellas mismas han creado.

Es la Carta Democrática de la OEA, aquel documento escrito en 2001. Pocos meses atrás, aquí mismo tracé un paralelo entre la crisis peruana de los noventa y la actual de Venezuela. El Perú de Fujimori y esta Venezuela chavista exhiben rasgos similares, no importa el signo ideológico proclamado desde el poder. Así como debemos a Fujimori el concepto de “autogolpe”, Maduro bien puede reclamar derechos de autor por la noción de “golpe judicial”.

Ello por la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia con la nomenclatura adepta, presta a invalidar las leyes emanadas de la Asamblea Nacional. Para ello cuenta con una Sala Constitucional que actúa para privar a la Asamblea de sus poderes de control político sobre el gobierno y la administración pública. Lo hace violando la propia Constitución que el chavismo escribió y aprobó, no debe olvidarse. Es común a las autocracias en declinación quebrantar la institucionalidad que ellas mismas han creado.

Por ende, el conflicto de poderes ya está instalado. Comienza a tomar forma la necesidad de aplicar la Carta, según han manifestado los expresidentes nucleados en IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. De hecho, la alteración del orden constitucional es un pedido a gritos del artículo20 de la Carta, el cual anticipa la posibilidad de convocar al Consejo

Permanente de la OEA para analizar dicha crisis y decidir sobre la misma, incluyendo el envío de una misión al país en cuestión. Sería necesario. Intervenir en Venezuela es imperioso para prevenir una profundización de la crisis política y la inminente crisis humanitaria. Téngase en cuenta, además, que el proyecto de Ley de Amnistía ha sido discutido pero todavía no ha sido aprobado. Será la madre de todas las batallas. Es la ley sin la cual la elección del 6 de diciembre pierde todo su sentido; ley con la que el oficialismo no puede coexistir ni por un minuto. Con los presos políticos en la calle, el gobierno caería como un castillo de naipes.

A sabiendas, la Sala Constitucional probablemente sentencie la inconstitucionalidad de la amnistía. Significaría una dramática reducción de las opciones de negociación pacíficas. El hilo siempre se corta por la parte más delgada. Luis Almagro lo dijo, concisamente y hasta con una cierta licencia poética: “No hacemos nada si no hacemos nuestra la prisión de cada preso político. Su prisión es prisión de nuestros derechos”.

Ello mientras espera una petición formal para invocar la Carta, menos un requisito burocrático que la necesidad de acumular capital político para sostener su aplicación en el tiempo. Es que el gobierno de Maduro continúa con apoyo en la región, sea por ideología, por petróleo aún subsidiado, o por temor al efecto dominó. Precisamente, Dilma, Lula y Maduro, acorralados los tres, no paran de elogiarse mutuamente.

No es casual, entonces, que los familiares de los presos políticos reciban buen trato en muchas legislaturas latinoamericanas pero no por parte de los Ejecutivos. Fue el caso con la canciller de México y el presidente de Paraguay, pero nadie más en el último tiempo. Las cancillerías latinoamericanas deberían recordar las palabras de Martin Luther King: “Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestro amigos”.

Hasta el propio Mauricio Macri ha dejado de hablar sobre Venezuela. Aquella nítida foto con Lilian Tintori en la noche de su elección aparece un tanto desdibujada hoy, en la nebulosa de quienes invocan la “diplomacia silenciosa”. Tal vez ignoren que la diplomacia silenciosa jamás se usa a expensas de la “diplomacia publica”, es decir, a costa de hablar de los valores permanentes, no importa a quien incomoden, ya que es la única manera de ser creíble ante la comunidad internacional.

Este escenario no es bueno para los demócratas venezolanos, obviamente, tan necesitados de apoyo internacional. La paradoja es que tampoco es bueno para el propio Macri, quien, callado, terminará dejando pasar la portunidad de construir aquel liderazgo que insinuó con su victoria y que tanta esperanza había despertado en todo el hemisferio.La solidaridad internacional no es más que hacer de la prisión de un preso político, la prisión de uno mismo, como bien dijo Almagro. En el caso venezolano, también implica hacer de la desesperación de las colas por alimentos, la propia desesperación. Y de la angustia por la falta de medicinas, la angustia propia. La Carta Democrática es el instrumento necesario para transformar esa empatía en acción.

@hectorschamis

El País, marzo 13, 2016

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/12/actualidad/1457822953_816824.html

Dos Latinoamérica se encontraron cara a cara en la cumbre de CELAC

“Se dice que la década pasada ha sido una década de la izquierda en América Latina, una década de gobiernos progresistas. ¿Se puede decir que ha habido progresismo, progreso social de izquierda estos años?” Así comenzó Moisés Naím su programa, Efecto Naím, al que fui invitado junto con el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga. “Eso si uno toma esas palabras como válidas”—repliqué, con más reflejos que reflexión—“las palabras de los gobiernos que se han definido a sí mismos como izquierdistas”.

“Izquierda dirán ellos”, agregué al final, esos quince segundos de televisión que obligan a omitir varios aspectos de esta discusión, comenzando por la propia definición de “izquierda”. La clarificación es oportuna, dadas las ambigüedades vigentes. Especialmente porque la contraparte del argumento es que quien se opone a esos gobiernos “de izquierda” termina siendo “de derecha”. Falacias por las que transcurre el no-debate, la incesante repetición de clichés que sustituyen la verdadera conversación. Es el fin de la política.

Ser de izquierda se basa en la convicción que la desigualdad no es pre política. Esto es, no está constituida ex ante, ni pertenece al orden natural de las cosas. Por el contrario, la desigualdad se entiende como la consecuencia de un conjunto de relaciones de clase e instituciones: las primeras le dan sustancia, las segundas la reproducen en el tiempo.

Ante eso, la estrategia del socialismo revolucionario fue la toma del poder, súbita y violenta, para desmantelar las relaciones capitalistas de producción y su superestructura jurídica. El problema fue que en el camino de la expansión de derechos sociales se eliminaron por completo los derechos políticos y civiles. El socialismo realmente existente terminó siendo el régimen del Estado-Partido y su burocracia. Resultó que para comer había que dejar de votar y dejar de hablar. Conocido pero falaz razonamiento, sobre todo si, en el largo plazo, tampoco se come.

Mientras ocurrían las masacres del estalinismo, asomaba otra versión de izquierdismo en Europa: el reformismo keynesiano y el Estado de Bienestar de la postguerra. Hacia los 70 el eurocomunismo rompía con Moscú, nótese, antes de la caída del Muro de Berlín. Surgió la izquierda socialdemócrata, que no rechazó la idea de mayor equidad social pero con el capitalismo—no contra él—y en combinación con la democracia competitiva.

La pobreza no se mide, la inflación es incierta, las cuentas nacionales, una ficción. Izquierda dirán ellos

Todo ello dio forma al progresismo, un izquierdismo superador, capaz de operar con un concepto más amplio de desigualdad. Más amplio porque para reducir la desigualdad tiene que funcionar el mercado, mecanismo que alienta la iniciativa, la creatividad y la toma de riesgo, la receta de la prosperidad. Pero también porque el mercado es socialización, genera pluralismo y sociedad civil, o sea, ese espacio autónomo de deliberación y agregación de intereses e identidades diversas: de clase tanto como religiosas, étnicas, de género y de orientación sexual. Y todas ellas superpuestas.

Es que en nuestras sociedades complejas y diversas tener políticas de ingresos no es más importante que tener normas para corregir asimetrías en la distribución del reconocimiento social de esas minorías. El progresismo, entonces, solo puede ser liberal-constitucional y, con ello, democrático.

Esta problemática ha sido ajena a la hipocresía de la auto proclamada izquierda de América Latina. Su retórica anti-capitalista no desmanteló el capitalismo. Ni mucho menos, tan sabroso botín para enriquecerse con los amigos. La redistribución no fue financiada con políticas de inversión sustentables y productividad creciente, sino con precios internacionales favorables que, ante el cambio de ciclo, comienza a revertirse. Su ignorancia económica ha producido una monumental distorsión de precios que, financiada con recursos fiscales, generó déficits a su vez financiados con emisión. La pobreza no se mide, la inflación es incierta, las cuentas nacionales, una ficción.

Izquierda dirán ellos. Ni hablar de los derechos identatarios. Esto no ha sido progresismo sino su opuesto, una arqueología del estalinismo modelada en la dinastia despótica de los Castro, tan venerados por los bolivarianos. Es un capítulo que llega a su fin, por la biología en Cuba, las elecciones en Argentina y Venezuela, las protestas contra la perpetuación en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y las marchas contra la corrupción en Brasil y Guatemala. Y por el cambio de precios en todas partes.

Como se vio en la Cumbre de CELAC, donde dos Latinoamérica se encontraron cara a cara. Una, la del dueño de casa (y del micrófono), es la de las consignas melancólicas y los clichés gastados. Es aquella del comandante tal o cual, la de una pseudo teoría de la dependencia, un anti-imperialismo impostado sin otro propósito que justificar la perpetuación en el poder. Es la América Latina que invoca difuntos, a los que busca canonizar, y a expresidentes procesados por corrupción, a quienes intenta restaurar en el poder.

La otra América Latina que se vio en Quito es la del pragmatismo, la que mira hacia delante, la que busca resolver los problemas de sus sociedades e imaginar soluciones ante una economía internacional incierta. Es la que busca atraer inversión y crear empleo frente al cambio de ciclo, los erosionados recursos fiscales y las decrecientes reservas del Banco Central.

Esa otra América Latina busca recuperar sus mejores tradiciones de derechos humanos, como en el auténtico progresismo de Gabriela Michetti, vicepresidente argentina, al recordarle a Maduro que debe respetarlos, habiendo sido Venezuela amparo de tantos exiliados. Esa es la América Latina de la democracia, la alternancia en el poder y las garantías constitucionales. Izquierda o derecha, esa es la única que tiene futuro.

@hectorschamis

El País. 30 de enero de 2016

En Argentina y Venezuela, el gran triunfador es la idea de la alternancia

La democracia se funda y se recrea en base a la alternancia, noción según la cual el poder no es propiedad de ningún partido, grupo, familia o persona. Por el contrario, es un recurso compartido colectivamente y transferible por medio del sufragio universal. Como tal, es transitorio y regulado por un conjunto de normas constitucionales.

En los sistemas parlamentarios el gobierno puede terminar en cualquier momento. Solo es necesario un voto de no confianza para hacer efectivo el principio de la alternancia. El gobierno se disuelve y uno nuevo se forma, ya sea en el Parlamento o por medio de elecciones anticipadas. En los presidencialismos, por su parte, el tiempo en el poder y el calendario electoral son fijos. Pensado como una alternativa a la monarquía, un presidencialismo sin límites de tiempo en el poder terminaría siendo exactamente eso, un régimen monárquico y con rasgos marcadamente despóticos.

Evocar la historia sirve para entender el capricho, el cinismo, el chantaje y la arrogancia de los oficialismos derrotados hoy en Argentina y Venezuela

Las autocracias no comulgan con estos principios, pero no obstante muchas de ellas han contado con mecanismos institucionales para enfrentar el inevitable problema de la sucesión. No siendo por convicción, una cierta alternancia ocurre por imposición del almanaque—la vida de un individuo es efímera en términos del tiempo político—tanto como por la necesidad de todo sistema de gobierno de renovarse, incluso las dictaduras.

En el sistema soviético el comité central del partido-Estado se encargaba de la sucesión, una decisión de los jerarcas. Franco restauró la monarquía como regla sucesoria, que derivó en democracia. Pinochet lo hizo por medio de un plebiscito estipulado en la constitución que él mismo escribió. Típicamente, los regímenes militares resolvían la sucesión por medio de decisiones colegiadas de los altos mandos. En la Indonesia de Suharto existían tres partidos políticos que competían entre sí en elecciones regulares. Los tres respondían al dictador, una eficaz mímica de alternancia democrática que duró más de dos décadas.

En notable contraste, los bolivarianos, el ALBA y otros autoritarismos afines no han siquiera pensado en una regla sucesoria, una rutina para enfrentar al implacable paso del tiempo. El ejemplo de la complicada sucesión de Chávez ilustra el punto con elocuencia. El lector dirá que ello es por ser populistas, pero ese es el error de la época: usar el término populismo para todo, tanto que no significa nada.

De hecho, el populismo era más cuidadoso en estas lides. Getúlio Vargas dejó dos partidos detrás, el PSD y el PTB. El PRI respetaba la norma de no reelección presidencial. El peronismo resolvió la crisis de la muerte de su fundador creando un partido político, con elecciones internas y que ganó y también perdió elecciones nacionales. Eso desde 1983 y hasta la llegada del kirchnerismo en 2003.

Evocar la historia sirve para entender el capricho, el cinismo, el chantaje y la arrogancia de los oficialismos derrotados hoy en Argentina y Venezuela. Cristina Kirchner boicoteó la asunción de Macri, incumpliendo sus obligaciones institucionales y amenazando al gobierno entrante. Maduro acusó al pueblo de votar contra sí mismo, en una sorpresiva utilización de la noción de falsa conciencia. Vengativo, además, anunció que no va a construir las viviendas programadas, ello como represalia por el resultado electoral.

Lo notable no es solo el autoritarismo sino la degradación institucional causada por la concepción patrimonialista del poder. Kirchner, Maduro y Cabello pierden los estribos porque su generosidad paternalista recibe la ingratitud como respuesta, bajo la forma de una inconcebible derrota. Rechazan la alternancia no por poseer una elaborada ideología anti-liberal, sino porque están convencidos que el poder les pertenece por derecho. No piensan en el desafío de la sucesión política porque los bienes se heredan.

El nepotismo aquí es el orden natural de las cosas, la garantía de la estabilidad que se deriva de la concentración endogámica del poder del Estado. Por ello no son capaces de imaginar que ese poder termine en manos de otro. Si sucede, es ilegítimo. Esas manos son, necesariamente, las de un usurpador. Macri y la MUD acaban de cometer un delito: han hurtado el poder.

Más que nunca, seguirán hablando de golpes destituyentes. De otro modo deberían reconocer que perdieron en elecciones libres. Salvo que uno piense como ellos, quienes continúan repitiendo aquello del “giro a la derecha” en la región, por favor, ¡ya basta! Luego de la liberación de los presos de conciencia, pocas cosas en la política son más progresistas que la alternancia en el poder.

Twitter @hectorschamis

El País (España). 12 dic 2015

Ese es el subtítulo de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. El libro recopila los envíos regulares de su cobertura del juicio para The New Yorker. Fue en 1961, convirtiéndose en una contribución monumental para nuestra comprensión del fenómeno totalitario y los rasgos ocultos detrás de su tan visible crueldad.

La banalidad del mal, justamente, es la conclusión derivada del hecho que Eichmann no resultó ser un monstruo, ni mucho menos. Allí se lee que no es un iluminado, no es un ideólogo, no es un fanático, no es un líder. No es carismático ni particularmente inteligente. Tampoco tiene una personalidad criminal, es muy capaz de expresar empatía y afecto por su familia y sus amigos. Es la profundidad y al mismo tiempo la sutileza del totalitarismo.

El mal es banal porque Eichmann es un ser normal—común, en realidad—como cualquier otro. Su maldad no es innata ni patológica, solo la mera consecuencia de quien obedece sin interrogar la moralidad de las órdenes que recibe. Eichmann causa el mal a millones por ser eficiente, un simple burócrata como tantos que cumplen sus obligaciones sin cuestionar. Simple pero competente, un servidor público ejemplar quien, ante un tribunal, articula la defensa de su propio juicio: ser victimizado por haber seguido órdenes. A esta altura, sabemos que ese es un lugar común argumental.

Con las entrevistas al fiscal Franklin Nieves, el acusador de Leopoldo López, y las opiniones sobre el caso, especialmente la magnánima y conmovedora columna de Leopoldo López Gil, el libro de Arendt acompaña y perturba. El paralelo puede ser exagerado, lo cual sería un legítimo debate, pero es inevitable. Nieves ha estado en mi cabeza estas últimas semanas acompañado de Eichmann, ambos bajo la sombra de la gran Hannah Arendt.

Es que la banalidad de Nieves sobresale, al punto que uno se siente incómodo con el tema, se ruboriza por ser testigo de la humillación de un individuo. Vergüenza ajena es la expresión de estilo. Cuando el victimario se constituye en víctima, eso ofende. Al mismo tiempo humilla a quien mira. Y, sin embargo, allí sigue uno, leyendo y mirando con fascinación voyeurista. Nieves confiesa lo obvio, lo conocido por todos. La noticia es el valor institucional de su confesión.

Su arrepentimiento sirve políticamente, es un golpe al régimen de Maduro y Cabello. Lo demás interesa porque evoca la gran intuición de Hannah Arendt. Nieves era un burócrata como Eichmann. Acató sin moralidad alguna y lo hizo hasta el final, hasta que hubo condena. Manufacturó la evidencia, se sometió al Ejecutivo, acusó a sabiendas de la falsedad de las pruebas. Tristemente exiliado en Miami, según cuenta, su obediencia debida tampoco lo absuelve ni lo hace víctima.

Ni mucho menos, por sus decisiones hay un preso inocente. Su arrepentimiento ha generado sorpresa en muchos, compasión en algunos y una cierta rebelión en otros. Si su defección hubiera ocurrido antes, ese mismo arrepentimiento podría haber truncado el juicio y tal vez evitado una condena injusta. El daño al régimen habría sido mayor al que fue.

Pero, como Eichmann, Nieves decidió obedecer, cumpliendo con su (supuesta) obligación. Supuesta porque Eichmann obedecía leyes injustas y opresivas pero que existían, estaban escritas. Nieves debió violar los procedimientos legales para acusar. Y a propósito de banalidad, y nótese la perversidad que acompaña, el fiscal Nieves jamás será el mejor amigo de Leopoldo López, según afirmó.

El paralelo sirve porque Eichmann y Nieves pertenecen al mismo universo conceptual. Juntos también ilustran algo esencial sobre el poder en la no democracia. Prolongado indefinidamente, aquello que puede comenzar como un autoritarismo relativamente benigno—y así empezó el chavismo—entra en descomposición. Entonces muta, adopta rasgos de otra especie. Gobierno y Estado se fusionan, la esfera de lo privado se contrae—es penetrada por el aparato estatal—y la opresión se hace indiscriminada. Ese régimen bordea en el totalitarismo, Nieves se parece cada vez más a Eichmann. Y al final, para mayor paralelo, es el terror lo único que sostiene su imprescindible perpetuación.

Los burócratas obedientes, en definitiva, son funcionales a la reproducción de ese orden político. Nunca son víctimas. Su arrepentimiento es con frecuencia apócrifo y siempre tardío, obligado por las circunstancias de un régimen que se desmorona o que los abandona al costado del camino. Es que además de todo, esos burócratas son siempre material descartable. Esa sí que es una definición de banalidad.

Twitter @hectorschamis

El País. 7 de nov. 2015

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