Desde tiempos inmemoriales, comenzando por las Tablas de la Ley con los 10 Mandamientos entregadas por el Altísimo a Moisés en el Monte Sinaí, las leyes tienen por objeto ordenar la vida en sociedad. Nuestro Andrés Bello, quien entre sus muchos talentos poseía el de respetable jurista, definió la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Para Bello, lo decisivo para calificar un acto de ley es la forma en que se gesta y no la naturaleza de la disposición en él contenida.

No sé si en la historia legislativa existieron otras leyes dirigidas al odio, segregación racial, expoliación y exterminio de determinados grupos humanos como fueron las Leyes de Nuremberg promulgadas en 1935 por el régimen nazi de Adolf Hitler y las leyes raciales fascistas en la Italia de Benito Mussolini, a partir de 1938. En ambos casos, el grupo humano contra el que fueron dirigidas fue la «raza judía», considerada inferior y perniciosa. Aunque se extendieron a otros grupos considerados igualmente «subhumanos» como los gitanos, los homosexuales y los discapacitados, especialmente enfermos mentales.

La primera ley cuyo objetivo expreso era cobrar venganza fue la Ley del Talión. Conocida popularmente como ojo por ojo y diente por diente, esta ley fue incluida en el Código de Hammurabi, dictado por ese rey de Babilonia unos 16 siglos antes de nuestra era. Pero la venganza legal nada tenía que ver con política, era la reparación al agredido causando el mismo sufrimiento al agresor.

En el llamado trienio adeco (27 de noviembre de 1945) se creó el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa para juzgar el enriquecimiento ilícito durante los gobiernos anteriores, desde el de Cipriano Castro hasta el de Medina y castigar el peculado. Bajo tales acusaciones fueron expulsados del país los expresidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita y varios importantes exfuncionarios, como el exministro Arturo Uslar Pietri. La comisión no siempre actuó con equidad y se basó más en el propósito de retaliación política que en la justicia.

Quienes promulgan y se jactan de leyes vengativas suelen ser gobernantes con aspiraciones de eternidad en los cargos. Ignoran que en muchas ocasiones tales leyes tienen efectos bumerán. Veamos una ley venezolana de esta naturaleza promulgada hace apenas unos días: el 28 de abril de 2023: la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Al jactarse de los prodigios de esa ley aprobada entre gallos y medianoche, Nicolás Maduro dijo: La calidad del debate que han dado ha permitido que tengamos esta novísima ley, poderosa ley, la ley orgánica de extinción de dominio que nos permite de manera acelerada castigar y quitarle el dominio de propiedades mal habidas a las mafias Gracias por esta ley, que en esta fase de la batalla que estamos dando por la moral y la ética, tremenda batalla intensa que vamos a radicalizar, viene a ser la primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en la vida política, nacional y en el escenario del Estado.

Como resultado de esta ley, añadió Maduro, se inició el operativo «caiga quien caiga» y, de paso, mencionó el conjunto de bienes recuperados. Pero no llegamos a saber quiénes cayeron; es decir, a quiénes pertenecían, su ubicación ni su valor. Los bienes incautados: seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 casas mansión, 16 oficinas, cuatro grandes terrenos, siete empresas, una posada, un club, 13 complejos empresariales, cuatro fundos, 361 vehículos de alta gama, 52 camiones nuevos, nueve motos, nueve autobuses, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves y siete embarcaciones.

Con respecto a casos y mafias del narcotráfico, apuntó que el dominio extinguido fue: 71 mansiones, un apartamento de lujo, cuatro terrenos, un complejo empresarial con galpones, 62 vehículos de alta gama, tres camiones, 26 maquinarias pesadas, 17 aeronaves, 10 embarcaciones, entre otros, en lo que va de año.

Y como la guinda de la torta, acotó: Sobre los casos de corrupción dentro del chavismo, hay un total de 1.007 bienes incautados hasta este momento. Aseguró que están detrás de recursos monetarios, sobre los cuales no tienen aún cifras concretas.

Según la alocución presidencial, esas propiedades (incautadas o confiscadas) serán distribuidas a los distintos niveles de Gobierno y formarán parte de proyectos para uso de la población venezolana.

Me asalta la curiosidad: ¿A cuáles niveles del gobierno les van a adjudicar las 71 mansiones? ¿Y a cuáles los 423 vehículos de alta gama? ¿Y las embarcaciones —es decir yates— y los aviones y los fundos, edificios, etcétera? ¿Servirá algo de lo expropiado para incrementar las pensiones de los jubilados, los salarios de los maestros, enfermeros, profesores universitarios y demás empleados públicos?

Quedan abiertas las interrogantes. Y es como un fresquito que le entra a uno saber que la ley del «caiga quien caiga» es, por ahora, una cuestion entre bandos o bandas chavistas, es igual.

Twitter: @Paugamus

Paulina Gamus es abogada, parlamentaria de la democracia.