El Gobierno de Gustavo Petro recibió el aval parlamentario para “entablar conversaciones con organizaciones armadas”, incluidos los que abandonaron el Acuerdo de Paz y retomaron las armas. ¿Qué tan justo o necesario es?

El cometido de la "paz total” del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia dió un inmenso salto. La Cámara de Representantes aprobó este 26 de octubre la iniciativa con 125 votos a favor y 13 en contra, luego de arduos debates. Ahora, la "paz total” podrá convertirse en política de Estado. "Este es el inicio de la profundización de la democracia para pasar la página del baño de sangre, del retraso al que nos somete el conflicto armado”, expresó a la prensa el ministro del Interior, Alfonso Prada.

La paz total del Gobierno de Colombia "parece ir por buen camino, pero hay un número increíble de retos que hay que afrontar aún”, dice a DW Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz). Retos, "como llevar a cabo negociaciones con actores armados como la guerrilla del ELN (presente en Colombia y Venezuela), que si bien tiene una agenda política, está involucrada en el narcotráfico y otras economías ilegales”, acota el doctor Peters, quien cuestiona la voluntad de estos combatientes a desmovilizarse, en caso de un nuevo acuerdo de paz.

A este reto se suman otros puntos controvertidos del proyecto del presidente Gustavo Petro, como la creación del "servicio social para la paz” y la posibilidad o no de negociar con desertores del Acuerdo de Paz de 2016. Algo a lo que el parlamentario Humberto de la Calle, cofirmante del Acuerdo de Paz de 2016 se ha opuesto vehementemente.

"Yo comprendo las críticas en contra de los acercamientos con quienes abandonaron el Acuerdo de Paz, pero lo que llevó a eso fue justamente la falta de implementación del acuerdo final”, dice a DW el jurista Sergio Ruano, que actualmente cursa un máster en Justicia Transicional en la Universidad de Ginebra, y quien ve justamente aquí "la nuez del asunto”.

Los críticos a aceptar un diálogo con los "desertores” de la paz en Colombia hablan de que el Gobierno de Petro les ofrece a los disidentes un "repechaje”, injusto con quienes han cumplido. "Más que repechaje es arreglar lo que no se ha hecho hasta ahora”, replica en conversación con DW Leonardo González Perafán, director del Observatorio de DD.HH. y conflictividades Indepaz.

Hay quienes han desertado de tres o cuatro procesos de paz

Algunos no están de acuerdo con que el Estado y la sociedad ofrezcan "una segunda oportunidad”. ¿Qué pasa entonces con los miles de milicianos paramilitares y guerrilleros que han pasado por tres o cuatro acuerdos de entrega de armas, pero que luego fundan o se suman a nuevos grupos criminales?

"Esa ha sido la historia de este país en donde varios procesos de paz han fracasado porque no han garantizado la no repetición”, explica, por su parte, el jurista González Perafán, de la Universidad del Cauca, y agrega que de eso se trata la paz total: "De brindar las garantías de una estabilidad social y económica para que los jóvenes no vuelvan a las armas; para que no sigan creándose nuevos grupos armados”.

En este contexto, el director jurídico de Indepaz recuerda que "desde 2016 han sido asesinados 341 firmantes del Acuerdo de Paz que estaban cumpliendo y defendiendo la paz, pero muchos de ellos fueron asesinados por sus antiguos compañeros de armas, paramilitares, el ELN y el Ejército de Colombia”. Y explica que "esto sucede porque la paz que se que se les prometió no era solamente una firma sino también cambios estructurales en sus territorios que el Estado no ha cumplido”.

A pesar de los errores, obstáculos y zancadillas al Acuerdo de Paz, el profesor Stefan Peters resalta la existencia y la labor de la Justicia Transicional para la Paz (JEP) con la que "Colombia es pionera a nivel internacional, con la Comisión de la Verdad, su informe, las sanciones”, pero también recuerda que "hay muchas regiones en donde hoy la vida es más pacífica y otras en las que apenas se puede hablar de paz”. Esto, se debe, en gran parte, según el politólogo germano, a la aún no aplicada reforma rural y el problema de las drogas.

Llamado a todas las partes a "legitimar" el Acuerdo de Paz

Si bien la JEP ha hecho un excelente trabajo, el abogado Sergio Ruano resalta que los actores responsables del conflicto, tanto exguerrilleros, militares y políticos, no han demostrado toda la voluntad necesaria para generar toda la legitimidad política, la amplia aceptación social que el Acuerdo de Paz requiere. Y se refiere, en especial, al excomandante de las FARC Rodrigo Londoño, que "no debe seguir esperando el largo proceso de la JEP para confesar crímenes, reparar a las víctimas y comprometerse con la paz”.

El jurista Ruano, de la Universidad Nacional, reitera que para que la paz no sea vista como un mero "acuerdo entre élites”, es vital la representación de todos los sectores de la población”.

Por último el director de Indepaz reitera que la paz total "se trata justamente de que los jóvenes en Colombia tengan verdaderas oportunidades y no la guerra o el narcotráfico".

27.10.2022

DW

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