La política agrícola implicó dos agendas: Una basada en la política de precios, financiamiento y asignación de dólares preferenciales a fin de estimular la producción agropecuaria. Otra orientada a la instauración del socialismo y la liquidación del capitalismo en el campo, que consideraba a la clase media del sector agropecuario como la representación del mismo. Ello implicó la estatización de empresas y la intervención de fincas.

La primera agenda se enfatizó durante los años 1999 al 2009. Durante estos años se consideró a los actores privados como aliados del proyecto de cambio. Se privilegió la política de aumentos de precios por encima de la inflación lo que aumentó el ingreso de los productores. Se privilegió también la asignación de dólares preferenciales lo cual se facilitó por los elevados precios del petróleo que predominaron en estos años. Ello incentivó el crecimiento de la producción agropecuaria, crecimiento liderado por la producción de maíz y la avícola.

Después del 2009 se privilegió la segunda agenda de instauración del socialismo en el campo. La estatización y confiscación de la empresa Agroisleña fue un punto de inflexión. La empresa había adquirido un rol clave en la distribución de agroquímicos y en el financiamiento y asistencia técnica a los productores, en particular de maíz. Llegó a atender a un universo de 18.000 pequeños y medianos productores. Las empresas estatales que le sucedieron, como Agropatria, fueron un fracaso debido a su ineficiencia, la politización y la corrupción. Ello generó una crónica escasez de insumos para la producción que tuvo un impacto negativo en la misma. Los dueños de la empresa demandaron al gobierno de Venezuela ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial, y tuvieron éxito en su reclamación, por lo que Venezuela debe pagar 1400 millones de dólares a los demandantes.

Como parte de la segunda agenda destacó la Ley de Tierras en el marco de la cual se procedió a la intervención y colectivización de fincas. En todos los países donde se ha aplicado esta política la producción se ha deprimido. Ante esta situación los gobernantes de los países socialistas más pragmáticos como Vietnam y China desmantelan la misma y desarrollan en su lugar una política de estímulo a la producción familiar (muy similar a la pequeña y mediana producción de nuestra agricultura). Con ese propósito garantizan la permanencia de los productores en sus fincas, la propiedad de las bienhechurías y el control de las cosechas por parte de estos. Ello estimuló la producción y dio fin a la crisis de autoabastecimiento que se había producido en estos países. A pesar de eso el régimen de Venezuela decidió seguir el ejemplo de los que, como los cubanos, procedieron a la intervención y colectivización de fincas con resultados igualmente desastrosos. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume.

En los últimos años el gobierno ha decido desmantelar la agenda del Socialismo del Siglo XXI y ha reducido su intervención en la economía tanto en lo que se refiere a la fijación del tipo de cambio (relación entre el dólar y el bolívar) como al control de precios. Además se ha producido un acercamiento entre el gobierno y los representantes del sector empresarial. En el sector agropecuario el gobierno tenía el monopolio en la importación de insumos lo que cedió a los empresarios, adoptando además una política más flexible en la fijación de precios de manera que estos se muevan más a tono con el mercado. Ello ha estimulado la producción aunque en forma moderada. En el caso de la producción de maíz ésta se encuentra en un proceso de recuperación que la ha llevado hasta alcanzar un millón de tm, lo que si bien es un avance, representa solo el 30% de la producción del año 2008.

La recuperación que se ha estado produciendo en los últimos años es una recuperación en el fondo del foso. La economía está en un foso y en el fondo de éste se está produciendo la recuperación que estamos viviendo. La misma es estimulada por la dolarización que ha impulsado un pequeño sector de negocios, que no ha involucrado a la mayoría de la población. Reflejo de ello es que de acuerdo a la ENCOVI del 2022 el 81,5 % de la población se encuentra en situación de pobreza considerando el ingreso de la misma, el cual no cubre el costo de la canasta básica que incluye alimentos, transporte, educación y otros ítems. Según la misma fuente el 53,3% de la población se encuentra en pobreza extrema, es decir su ingreso no cubre el costo de la canasta alimentaria. El consumo es la etapa determinante de la producción de alimentos, incluida la agrícola. La elevada proporción de la población en situación de pobreza implica una depresión del consumo de alimentos que pone un techo a la recuperación de la producción agrícola. Con un consumo de alimentos deprimido es muy difícil que se avance más allá de una modesta recuperación.

Nota: La ENCOVI hace referencia a la Encuesta de Condiciones de Vida llevada a cabo por la UCAB y liderada por el laboratorio para el estudio de la pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad.

Profesor UCV