En toda América Latina, una persistente paradoja sigue desconcertando tanto a inversores globales como a analistas económicos. A pesar de la abundancia de riqueza natural, una clase empresarial dinámica y resiliente, y repetidos ciclos de reformas macroeconómicas, la región permanece atrapada en un estado crónico de baja productividad, informalidad generalizada y volatilidad institucional.
Los diagnósticos económicos tradicionales suelen tratar estas fallas sistémicas como deficiencias administrativas aisladas, considerando la corrupción pública, la acumulación de trámites regulatorios o la débil aplicación de la ley como puntos de fricción menores que pueden corregirse con simples mejoras técnicas o ayuda exterior. Sin embargo, realidades estructurales profundas sugieren un diagnóstico mucho más sistémico. El estancamiento crónico que asfixia el crecimiento latinoamericano es el resultado lógico y previsible de una configuración patológica conocida como Estado Impropio.
Un Estado indebido se materializa cuando el aparato estatal desvincula sistemáticamente su propia supervivencia institucional de la productividad y el consentimiento fiscal de su ciudadanía. Cuando un gobierno no depende directamente de los ingresos de los contribuyentes generados por un mercado interno próspero y competitivo para su subsistencia básica, se rompe el vínculo tradicional de la rendición de cuentas institucional. El sector público deja de funcionar como árbitro imparcial o protector de la riqueza, transformándose en un depredador económico dominante y un obstáculo activo para la creación de valor.
Triangulación teórica
Para desmantelar esta trampa institucional, debemos ir más allá de las abstracciones económicas tradicionales y establecer una triangulación teórica rigurosa que combine tres tradiciones intelectuales distintas: la Economía Institucional Original (OIE), la Teoría de la Elección Pública (PCT) y la Nueva Economía Institucional (NIE).
Desde la perspectiva evolutiva de la Economía Institucional Original, el sector público latinoamericano padece una inercia cultural anclada en la trayectoria histórica. Las arraigadas expectativas de paternalismo estatal, heredadas de las estructuras mercantilistas coloniales, se encuentran muy rezagadas con respecto a la complejidad económica moderna. El Estado queda atrapado en formas organizativas anacrónicas, estructuralmente incapaces de facilitar la innovación de mercado descentralizada.
La teoría de la elección pública desplaza el enfoque analítico de la inercia cultural a los incentivos microeconómicos individuales. Los burócratas y políticos son maximizadores racionales de la utilidad que priorizan la preservación personal, electoral u organizacional sobre el bien público , un concepto vagamente definido . Las regulaciones estatales, los controles de precios y los permisos discrecionales crean intencionadamente brechas artificiales entre los precios de mercado y las realidades controladas. Estas brechas constituyen rentas lucrativas.
Cuando la rentabilidad esperada al adquirir protección regulatoria, proximidad política o licencias exclusivas supera con creces la rentabilidad de invertir en innovación empresarial genuina, el talento humano se desvía de la creación de valor. En lugar de la destrucción creativa schumpeteriana , el talento se canaliza hacia comportamientos de captura de rentas. El costo social es inmenso: emprendedores altamente capacitados desperdician su capital intelectual sorteando obstáculos burocráticos, mientras que ingenieros e innovadores de primer nivel optan por la expatriación voluntaria, alimentando la grave fuga de cerebros de la región.
Finalmente, la Nueva Economía Institucional conecta estos conceptos al integrar los costos de transacción y las reglas del juego . Cuando la asimetría de la información es alta y los derechos de propiedad son inseguros, los costos de transacción de los intercambios comerciales básicos se disparan. Las instituciones extractivas o excesivamente complejas se convierten en un equilibrio estable y dependiente de la trayectoria para las élites políticas, lo que condena a la sociedad a una senda de desarrollo subóptima y excluye a los ciudadanos comunes del marco legal formal.
La informalidad y el laberinto burocrático
Cuantificar esta fricción regulatoria en la práctica requiere ir más allá de las encuestas de gobernanza tradicionales. En cambio, el Índice de Burocracia mide el costo real del tiempo que se le impone al sector privado. Al cuantificar la cantidad de horas que deben dedicarse exclusivamente a obtener permisos, gestionar trámites burocráticos contradictorios y lograr el cumplimiento normativo, el índice revela los costos de transacción ocultos que se encuentran a lo largo de todo el ciclo de vida empresarial: desde la apertura, pasando por la operación, hasta el cierre final de una empresa.
Los datos empíricos revelan una sorprendente realidad estructural: la gravedad de la parálisis burocrática es fundamentalmente independiente del nivel de renta per cápita de un país . La acumulación de riqueza o los repuntes aislados del PIB no generan automáticamente una racionalización administrativa si las normas extractivas subyacentes permanecen intactas.
Además, este caos administrativo funciona como un impuesto altamente regresivo. Las grandes corporaciones consolidadas y los monopolios con conexiones políticas pueden absorber fácilmente los costos de cumplimiento o contratar cabilderos para sortear los obstáculos sistémicos. Sin embargo, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), estas barreras a las transacciones resultan prohibitivas en términos de costos.
En este contexto, la enorme economía informal de la región debe ser radicalmente replanteada. La informalidad no es un defecto cultural ni un desdén deliberado por la legalidad; es un mecanismo de supervivencia racional y defensivo frente a un orden jurídico depredador. Al elevar artificialmente los costos de transacción de la formalización, el Estado impropio funciona de hecho como un gremio legal exclusivo, exiliando a sus fuerzas más emprendedoras a la economía sumergida y excluyéndolas de los mercados de crédito formales y las cadenas de valor globales.
Incluso la introducción de portales digitales modernos a menudo no logra resolver este problema. En un Estado deficiente, los marcos automatizados se superponen frecuentemente a regulaciones obsoletas y contradictorias sin una simplificación estructural previa. El resultado es simplemente una «burocracia digitalizada», con dos niveles de verificación que afianzan el poder de los guardianes públicos en lugar de agilizar el intercambio.
La maldición de los recursos y la ruptura del vínculo fiscal
La manifestación patológica del Estado impropio alcanza su punto álgido en naciones ricas en recursos o con estructuras rentistas robustas. Cuando un gobierno obtiene su financiación mediante rentas externas del subsuelo (como petróleo, gas o minerales) o monopolios de recursos masivos dirigidos por el Estado, elude por completo el sistema tributario interno.
Dado que la élite gobernante no necesita extraer plusvalía de un mercado interno próspero para asegurar su presupuesto, no siente ninguna presión estructural ni existencial para ofrecer transparencia y rendición de cuentas, proteger los derechos de propiedad ni fomentar el capitalismo competitivo. El ciudadano se transforma de un socio soberano en un suplicante de subsidios estatales. Simultáneamente, el Estado utiliza sus enormes flujos de capital para expandir agresivamente sus empresas estatales, desplazando a los mercados de capital privado y convirtiendo al sector privado en un cliente dependiente de los contratos de contratación pública.
Un plan estratégico para la transición
Desmantelar el Estado indebido requiere ir más allá de ajustes administrativos superficiales. Dado que las reducciones repentinas y drásticas de las estructuras públicas suelen provocar fuertes reacciones sociales y una feroz resistencia por parte de grupos de interés arraigados, los responsables políticos deben implementar un marco estratégico secuencial de cuatro fases que considere el contexto local, la cultura y los recursos como elementos esenciales del diseño.
Fase I: Reducción de riesgos y reajuste. Se centra en generar confianza y minimizar los riesgos económicos para los ciudadanos. Las naciones ricas en recursos deberían establecer un Fondo Soberano de Riqueza para otorgar a sus ciudadanos una participación directa en la riqueza de los recursos naturales, protegiendo así la economía de reveses populistas y sustituyendo los subsidios distorsionadores por transferencias directas de efectivo. Mientras tanto, las naciones con escasez de recursos deben poner fin al acoso regulatorio mediante la aplicación de la regla del silencio como consentimiento . Si una agencia no realiza una auditoría dentro de un plazo legal estricto, se presume automáticamente que cumple con la normativa, privando a los burócratas de bajo nivel del poder discrecional para obtener sobornos.
Fase II: Eliminación de compartimentos estancos y estratificación. Se centra en la fragmentación estructural y los compartimentos estancos dentro de las administraciones públicas para optimizar el ciclo de vida empresarial. Los sistemas federales pueden lograrlo integrando los registros municipales locales mediante un enfoque ascendente para mitigar la resistencia institucional y garantizar la interoperabilidad técnica. Los sistemas centralizados, por su parte, deben recurrir a una simplificación administrativa radical para superar la inercia burocrática. Fundamentalmente, estas reformas deben facilitar una salida ordenada y de bajo coste para las empresas en quiebra o en dificultades.
Fase III: Digitalización y Formalización. Aprovechar la arquitectura digital para minimizar los puntos de contacto físicos entre ciudadanos y funcionarios públicos, desmantelando el principal foco de corrupción de bajo nivel una vez simplificados los procesos. Esta fase establece un marco regulatorio que exime a las empresas, con ingresos inferiores a un umbral determinado, de trámites administrativos no esenciales. Esto redefine la formalización, transformándola de una trampa administrativa punitiva en un escudo legal estratégico, que otorga a las pymes un acceso sin trabas a la banca formal sin costes de cumplimiento prohibitivos.
Fase IV: Institucionalización a largo plazo. Se consolida la rendición de cuentas estructural y se protege a la economía de la volatilidad regulatoria de futuras administraciones populistas. Esta etapa final establece un límite legal al costo total agregado de cumplimiento que el Estado puede imponer al sector privado. Finalmente, se externaliza la supervisión mediante la creación de un organismo de control regulatorio independiente y no gubernamental, integrado por representantes del mundo académico, asociaciones de pequeñas empresas y la sociedad civil, otorgándole la autoridad legal para auditar continuamente los flujos de trabajo públicos y emitir mandatos de simplificación vinculantes.
Reflexiones finales
El bajo rendimiento crónico de América Latina no es un rasgo cultural inmutable ni un accidente histórico; es el resultado previsible de un marco institucional estructurado en torno a la búsqueda de rentas extractivas en lugar de la creación de riqueza. Mantener una arquitectura altamente burocrática que ampara monopolios políticos y económicos establecidos genera graves pérdidas de eficiencia y reprime sistemáticamente el potencial productivo de la región.
La transición hacia un Estado adecuado, que limite su función a la de árbitro institucional objetivo, salvaguarde los derechos absolutos de propiedad y minimice los costos de transacción, no es un lujo teórico. Es un requisito estructural fundamental para impulsar el crecimiento económico regional a largo plazo, garantizar la competitividad internacional y fomentar la prosperidad sostenible en América Latina.
Sary Levy Carciente . Centro Adam Smith para la Libertad Económica, Universidad Internacional de Florida. slevycar@fiu.edu