Difícilmente haya otro país en el mundo donde mediante una conjura de las instituciones del Estado se haya tendido una urdimbre legal tan amplia y diversa para silenciar a la sociedad, acallar el reclamo popular, la crítica o la disidencia como en Venezuela.
Seguirán diciendo desde los predios «revolucionarios» que la Constitución del 99 «garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna». O también que «se reconoce el derecho a una información, veraz, oportuna, imparcial y sin censura», pero en contrasentido los medios del sector público, ahora propiedad exclusiva del PSUV, constituyen 22 años después la mejor demostración de cómo se puede desconocer y pisotear impunemente la carta magna en aspectos tan fundamentales.
¿Pero qué podemos decir de la pobrecita constitución que el oficialismo tanto pondera de los dientes para fuera? ¿Cómo olvidar que tras el rechazo expresado mediante el voto popular (remember la «victoria de mierda») contra el proyecto de reforma constitucional presentado por Chávez en el 2007 éste y sus obsecuentes seguidores se dedicaron a introducir el modelo socialista ya rechazado mediante leyes inconstitucionales, como la propia Ley de los Consejos Comunales. Es decir, su Constitución del 99 Chávez se la pasó por la parte de atrás del chaquetón militar.
Pero volvamos a ese asfixiante entramado legal destinado a constreñir la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información. Allí figuran Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la tristemente célebre «ley resorte», ambas con sus respectivas reformas no precisamente para ablandarlas; el Reglamento de medios radioeléctricos comunitarios; la Reforma parcial del Código Penal, la «regulación» del derecho a réplica y la grotesca Ley Contra el Odio, precisamente ideada por quienes han hecho del odio su mejor combustible político. Y lastimosamente encuentran réplicas en otros sectores.
Todos esos instrumentos le han entregado a la cúpula en el poder una vastísima gama de herramientas procedimentales, coercitivas y desmedidamente punitivas que sumados a la destrucción de la economía barrieron el amplio espectro mediático que existía en Venezuela cuando Chávez llegó al poder.
Hoy se retoma otra de esas iniciativas legales que, por lo que asoman sus impulsores en sus declaraciones, vendría a vulnerar la profesión periodística y al propio Colegio Nacional de Periodistas como corporación de derecho público. Ya hubo otra intentona fracasada en 2009.
Sus enunciados estaban muy claros: desaparecer el CNP y convertirlo en la Asociación Venezolana de Comunicadores e ingresar a los llamados comunicadores comunitarios y alternativos, cuyos medios han sido creados, financiados, reglamentados y utilizados como simples altavoces de su proyecto por el proyecto de dominación total y perpetua del chavismo.
La nueva iniciativa no ha podido nacer de manera más improvisada y disparatada, lo cual no quiere decir que no pueda concretarse en un esperpento jurídico que lesione el marco legal que ampara al gremio periodístico venezolano. Tienen todo el poder en la AN. Allí, en complicidad absoluta, se cobran y se dan el vuelto.
Esta nueva pretensión de grupúsculos periodísticos del chavismo es un hecho político no menor que merece la atención de toda la sociedad democrática venezolana, la que sabe que ha contado y contará con los periodistas venezolanos para, contra todo asedio, maltrato, persecución y limitadas condiciones económicas, conocer un registro de la realidad más acorde con la verdad y muy distinto al que quiere imponer la avalancha propagandística del régimen. Este despropósito legal del oficialismo vuelve a unir a los periodistas y al pueblo al que sirven. Mientras tengamos eso claro y esas luces no se apaguen habrá esperanza.
Twitter: @goyosalazar
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.