El ex candidato presidencial de Centrados ha hecho gala de su firme conciencia cívica y alto compromiso democrático con el país,...

Aunque la semana pasada cerramos este espacio recalcando la convicción de que en manipulación de electoral desde el oficialismo «toda sorpresa es posible» y que en ese cometido «no habrá escrúpulos», no imaginábamos que la confirmación de esos asertos llegaría con tanta prontitud.

El «desencadenante» vino a mitad del miércoles 15 con la «renuncia» de los tres rectores promovidos por el oficialismo, decisión hecha pública de manera indirecta al ser incluida en el orden del día que la Asamblea Nacional discutiría, como en efecto lo hizo de manera volandera, el día siguiente.

Más se tardó un tartamudeante Francisco Ameliach en fustigar el supuesto tétrico pasado electoral del período democrático que en referirse a la situación del presente. Eso sí, quedó claro que los dos rectores no chavistas también tendrán que salir del organismo aunque no hayan manifestado su interés en renunciar. Están siendo sacados prácticamente a empellones.

El jueves en la mañana los rectores principales y suplentes formalizaron su renuncia con un breve escrito leído por el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, ante los reporteros y las cámaras de televisión, lo cual no significa que se tratara de una rueda de prensa, visto que los renunciantes se eyectaron de sus asientos sin dar tiempo a que los periodistas hicieran una sola pregunta. Ninguna explicación convincente, ninguna razón de fondo.

Resultó una nueva demostración del viciado modelo con el que se informa a la nación desde el sector público: tiempo ilimitado para la propaganda delirante y el demagógico pajero intranscendente y una estítica descarga a la hora de tratar asuntos de verdadero interés público. ¿Cuántas interrogantes de peso se quedaron sin respuesta?

Si bien se ha dicho que entre la dirigencia política opositora este giro en la conformación del CNE figuraba como muy probable, no es menos cierto que para el grueso de la población la remoción de los rectores electorales cayó de manera inesperada, sorpresiva y no precisamente con beneplácito.

No puede ser de otra manera, puesto que lo que se visualiza es un CNE con mayor control del sector oficialista y sus aliados, con cuatro cargos, y un solo representante de la Plataforma Unitaria, que ha venido exigiendo al CNE un apoyo más decidido a las primarias del 22 de octubre.

Las primarias han recibido un torpedo en la línea de flotación y será ahora un proceso mucho más difícil de instrumentar. Si la mayoría oficialista del CNE no dio respuestas a las solicitudes de apoyo a la Comisión Nacional de Primarias, mucho menos las darán los nuevos integrantes del órgano electoral, que aún no se conocen ni se sabe cuánto tiempo se tomará la AN para escogerlos. Pero, eso sí, serán más dóciles.

Si en definitiva el rector Roberto Picón quedara fuera del CNE, la oposición perdería su mejor técnico electoral, sin desconocer la idoneidad con la que se ha desempeñado Enrique Márquez. Y a no dudarlo habrá quien plantee, como nuevo dilema, que no se deben postular candidatos opositores al nuevo CNE.

No hay que olvidar que fue gracias a esos rectores, tan poco valorados por sectores radicales, que el país conoció en el 2021 de la victoria opositora en la gobernación del simbólico estado Barinas, cuna del padre de La Destrucción. Hoy se dice que, precisamente, fue el hecho de que Pedro Calzadilla y los otros dos rectores oficialistas no procedieran a la proclamación írrita de Argenis Chávez –algo equivalente al robo de la gobernación de Bolívar a Andrés Velásquez—lo que selló su suerte en esos cargos.

El nuevo CNE, obviamente, no va a ser un organismo equilibrado ni va a generar mayor confianza entre los venezolanos. Vendrá precisamente a lo contrario, si es que esa desconfianza puede ser mayor. Tampoco vendrá a facilitar las primarias que probablemente se terminarán realizando sin su participación.

A pesar de ello, demasiado brutales y temerarias tendrán que ser las nuevas jugarretas del régimen para impedir que el voto soberano de los venezolanos, ejercido de manera unitaria en el 2024, lo defenestre del Ejecutivo, iniciando con ello un proceso de relegitimación de todos los poderes: la reinstitucionalización que ansiamos todos. Las trapacerías de hoy delatan los crecientes temores en lo que les deparará el mañana si la población se decide como un solo hombre a poner fin a este presente de ruina y corrupción.

Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.

https://talcualdigital.com/cne-renuncias-a-empellones-por-gregorio-salazar/

Tarek El Aissami buscaba un calificativo que pudiera dar la idea más acabada del hecho monstruoso que venía a anunciarle con toda solemnidad a la nación. Apenas le salieron dos: megafraude y megarobo. Se quedó corto porque lo pudo haber etiquetado como una «estafa galáctica» e igual se quedaba corto.

En cambio, al referirse al autor intelectual y gran aprovechador del delito, el ex Ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, los epítetos le fluyeron como manantial de aguas servidas: ladrón, bandido, traidor, monstruo de mente perversa, gángster…

El hombre hizo todo los esfuerzos histriónicos para mostrar indignación. En efecto, venía a denunciar, «una de las tramas de corrupción más graves que hayamos conocido en la industria petrolera», con lo que dejó muy claro que, lejos de ser la única, ha habido otras –¡quién sabe cuántas!– del mismo tenor. Bueno, eso ya es caliche…

En pocas palabras, el tan ponderado Rafael Ramírez, aquel que fue uña y sucio, sucio y uña con el comandante Chávez; ese que juró hacernos entender a carajazos que Pdvsa era «roja rojita»; el mismo cooperador necesario e imprescindible para que Hugo manejara a la industria petrolera como «caja chica» personal, logró birlar a Pdvsa la minucia de 4.850 millones de dólares.

Lo hizo así: «contrató» con una empresa de unos panas bolichicos una línea de crédito de Bs. 17. 490 millones que nunca entraron a las arcas de Pdvsa, y que ésta pagó a lo largo de un año en 28 cómodas cuotas depositadas en cuentas de Panamá y Saint Vincent. Lo demás fue «repartirse la cochina».

Una de las cosas que estremeció a El Aissami en la rueda de prensa fue recordar que Ramírez, también conocido con el alias de El Largo (y de dedos vaya si lo es) cometió tamaña bellaquería cuando Chávez (unos dicen que en Cuba y otros que el Hospital Militar), se disponía a entregar su alma al Señor, no se sabe si de los cielos o al de otros espacios inmensamente más calurosos. Todo es incierto en la revolución bolivariana.

Tal circunstancia fue calificada por el declarante como «una puñalada al alma de la revolución bolivariana”. Debió ser, en todo caso, con un puñal empapado de anestesia porque, vea usted, ha venido a doler diez años más tarde. Es así, los hechos narrados como fresquitos por El Aissami ocurrieron hace más de una década, mientras entretenían a la población con el cuento de la «Venezuela potencia».

Un momento estelar de la rueda de prensa sobrevino cuando al señalar que en el mismo mes en que se firmó el contrato de marras –y sin haber recibido un centavo– Pdvsa entregó a sus timadores $ 230 millones, El Aissami, como si le quedara un rezago de incredulidad, casi suelta la risa. Sólo le faltó agregar: ¿Qué bolas, no?

Pasaron pocas horas para que Ramírez contraatacara en un canal colombiano. Acusó a Erik Malpica Flores, sobrino de Cilita, de haber vaciado la arcas de Pdvsa, utilizando el doble sombrero de vicepresidente de finanzas de la petrolera y Tesorero Nacional, e involucró en operaciones de lavado a un famoso dueño de una planta televisiva. Otra vuelta para ese ventilador.

En cualquier país un robo tan descarado y por esa ingente suma hubiera cimbrado las bases del gobierno. Aquí es como si se oyera llover. De cuando en cuando estallan estas tramas grotescas de corrupción y abuso de poder en las que los involucrados se lanzan réplicas y contra réplicas hundidos en una ciénaga con el lodo a las pestañas. Son los actores que hemos visto desfilar por los más altos cargos de la administración pública, miembros exclusivos de la cúpula, salidos de las propias entrañas de la revolución que convirtió una petrolera estatal modelo en un montón de chatarra.

Una cosa es cierta: no es posible entrarle a palos a Rafael Ramírez sin que le salgan chichones a Chávez, el mismo que manejó la mayor riqueza petrolera que ha recibido la nación venezolana y la dejó hundida en la más abyecta miseria. ¿Qué bolas, no?

Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.

Twitter: @goyosalazar

Difícilmente haya otro país en el mundo donde mediante una conjura de las instituciones del Estado se haya tendido una urdimbre legal tan amplia y diversa para silenciar a la sociedad, acallar el reclamo popular, la crítica o la disidencia como en Venezuela.

Seguirán diciendo desde los predios «revolucionarios» que la Constitución del 99 «garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna». O también que «se reconoce el derecho a una información, veraz, oportuna, imparcial y sin censura», pero en contrasentido los medios del sector público, ahora propiedad exclusiva del PSUV, constituyen 22 años después la mejor demostración de cómo se puede desconocer y pisotear impunemente la carta magna en aspectos tan fundamentales.

¿Pero qué podemos decir de la pobrecita constitución que el oficialismo tanto pondera de los dientes para fuera? ¿Cómo olvidar que tras el rechazo expresado mediante el voto popular (remember la «victoria de mierda») contra el proyecto de reforma constitucional presentado por Chávez en el 2007 éste y sus obsecuentes seguidores se dedicaron a introducir el modelo socialista ya rechazado mediante leyes inconstitucionales, como la propia Ley de los Consejos Comunales. Es decir, su Constitución del 99 Chávez se la pasó por la parte de atrás del chaquetón militar.

Pero volvamos a ese asfixiante entramado legal destinado a constreñir la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información. Allí figuran Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la tristemente célebre «ley resorte», ambas con sus respectivas reformas no precisamente para ablandarlas; el Reglamento de medios radioeléctricos comunitarios; la Reforma parcial del Código Penal, la «regulación» del derecho a réplica y la grotesca Ley Contra el Odio, precisamente ideada por quienes han hecho del odio su mejor combustible político. Y lastimosamente encuentran réplicas en otros sectores.

Todos esos instrumentos le han entregado a la cúpula en el poder una vastísima gama de herramientas procedimentales, coercitivas y desmedidamente punitivas que sumados a la destrucción de la economía barrieron el amplio espectro mediático que existía en Venezuela cuando Chávez llegó al poder.

Hoy se retoma otra de esas iniciativas legales que, por lo que asoman sus impulsores en sus declaraciones, vendría a vulnerar la profesión periodística y al propio Colegio Nacional de Periodistas como corporación de derecho público. Ya hubo otra intentona fracasada en 2009.

Sus enunciados estaban muy claros: desaparecer el CNP y convertirlo en la Asociación Venezolana de Comunicadores e ingresar a los llamados comunicadores comunitarios y alternativos, cuyos medios han sido creados, financiados, reglamentados y utilizados como simples altavoces de su proyecto por el proyecto de dominación total y perpetua del chavismo.

La nueva iniciativa no ha podido nacer de manera más improvisada y disparatada, lo cual no quiere decir que no pueda concretarse en un esperpento jurídico que lesione el marco legal que ampara al gremio periodístico venezolano. Tienen todo el poder en la AN. Allí, en complicidad absoluta, se cobran y se dan el vuelto.

Esta nueva pretensión de grupúsculos periodísticos del chavismo es un hecho político no menor que merece la atención de toda la sociedad democrática venezolana, la que sabe que ha contado y contará con los periodistas venezolanos para, contra todo asedio, maltrato, persecución y limitadas condiciones económicas, conocer un registro de la realidad más acorde con la verdad y muy distinto al que quiere imponer la avalancha propagandística del régimen. Este despropósito legal del oficialismo vuelve a unir a los periodistas y al pueblo al que sirven. Mientras tengamos eso claro y esas luces no se apaguen habrá esperanza.

Twitter: @goyosalazar

Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.

Se marcha en pocos días el 2019 cerrando un ciclo de 20 años que deja un país sumido en una emergencia humanitaria profunda y compleja, un proceso que abarca todos los órdenes de la vida de los venezolanos y que ha sido capaz de impactar al resto del continente latinoamericano.

Luego de lidiar por tanto tiempo con las mismas calamidades, de escuchar una y otra vez las historias de inenarrable dolor por el cual atraviesan las familias venezolana, presenciar todas las limitaciones existenciales que padecen quienes habitan hasta en las capitales más importantes del país como Maracaibo, sin agua, sin luz, sin comida, sin gasolina, sin transporte colectivo el riesgo es que todo pase a formar parte del “decorado”, que surja una habituación en la que el ciudadano se adapte por la fuerza a las condiciones abyectas a los que los ha reducido la yunta cubano-venezolana, enceguecida por su obsesión de apropiarse para siempre de esta tierra y sus riquezas.

Sin embargo, en esta Venezuela adolorida y devastada, donde lo que fueron grandes empresas, públicas y privadas, producto de la inversión y de años de esfuerzos de generaciones de venezolanos, no hay asomo de rendición. Cada jornada nos convence de que este es un país hecho de héroes.

Así lo vemos: desde las humildes madres que luchan todos los días por garantizarle la alimentación, la salud y la educación a su hijos, hasta el empresario que debe enfrentar la escasez y el encarecimiento exorbitante de los insumos, mantener su personal y no ceder ante el asedio del hampa, la común y la institucionalizada. Desde los maestros y profesores con salarios de hambre hasta los médicos que atienden a sus pacientes en un entorno de escasez de instrumental, ayuda tecnológica y medicamentos y hasta sin desinfectantes para las instalaciones hospitalarias.

Desde los trabajadores que ven las industrias básicas del petróleo, el hierro y el aluminio reducidas a escombros hasta los periodistas que viven un verdadero apartheid en el cual se les estigmatiza, persigue judicialmente y se les pone toda clase de obstrucciones a su labor informativa.

Todos entregan día tras día una valiosísima cuota de sacrificio en la cruzada colectiva de impedir que Venezuela se hunda en un abismo sin regreso y quede convertida en un país inviable por un período incierto. Todos aspiran no a otra cosa que vivir en un país donde haya normalidad, donde las familias puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y prosperar en un territorio donde reine la paz y la convivencia.

A estas alturas, más del 80 por ciento de los venezolanos tenemos claro cuál es el obstáculo que nos separa de la recuperación de Venezuela: un grupete de civiles y militares que no sólo implantaron el modelo que ha llevado al país a la ruina y degradaron todo el quehacer político, económico e institucional, sino que hicieron de la corrupción su modus vivendi y la incrementaron exponencialmente, sin paralelos regionales.

El 2020 marcará el último año del presente período legislativo de la Asamblea Nacional, único poder legítimo y que por eso mismo padece el cerco oficialista en lo político, lo judicial y lo económico. Es la tabla a la que se ha aferrado en su lucha la sociedad democrática con el apoyo de los países más importantes del mundo. En esta etapa final del año la dictadura arrecia sus embates contra la AN y su presidente Juan Guaidó. Enorme la responsabilidad histórica que descansa sobre los hombros de esa dirigencia que debe hablarle con claridad a la gran mayoría que la respalda sobre la ruta que seguirá durante el año que está por comenzar.

La primera meta es obvia: garantizar la reelección de Guaidó en la presidencia de la AN y en la presidencia interina de la república. Y la otra mantener la AN bajo el control de la mayoría opositora cuando se realice el proceso electoral que pauta la Constitución Nacional. Sin parpadeos ni vacilaciones.

Esas son las importantes victorias que forzosamente debe conseguir el pueblo venezolano en su lucha contra la tiranía. Un liderazgo, claro, firme y transparente que unifique más aún al pueblo y potencie su capacidad de lucha para salir de la dictadura.

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Presidía Caldera una reunión de la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución, en el Salón de los Escudos del Capitolio, cuando los reporteros de la fuente parlamentaria nos acercamos a preguntarle qué opinión le merecía el debate que sobre la corrupción habían escenificado esos días en el Senado Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández, ambos en plena competencia por la silla de Miraflores.

Corría el año 88, sobre las curtidas espaldas de Caldera pesaba ya más de medio siglo de vida política con todos sus avatares, incluyendo la fundación de un partido y su primera presidencia de la República. Hubo que insistir para que accediera y su respuesta dejó ver, en principio, que no quería verse envuelto en la refriega de los candidatos. “La política es como una piscina. Usted mete la punta del pie para saber si el agua está fría y enseguida está metido en ella hasta el cuello”. Pese a lo dicho, animal político al fin, no dejó de meter la puya: “Ese debate es político”, dijo escéptico.

De esa piscina de profundidades ignotas y altísima temperatura ha tratado de mantenerse tan lejos como le ha sido posible Lorenzo Mendoza, a pesar que del complejo industrial privado que preside, el más importante del país, es el que más embates ha recibido por acciones u omisiones de los factores revolucionarios, y a pesar también de los incesantes ataques personales, burlas, insultos, estigmas, asedio a su privacidad y las criminalizaciones más canallescas lanzadas en su contra y que por años encabezó el propio Chávez.

El difunto caudillo hizo esfuerzos descomunales para arrastrarlo al campo de la confrontación política. Le inventaba una candidatura presidencial: “quieres ser presidente, ¿no?”. Y ante esa infundada pretensión que, por lo visto, parece ser el mayor crimen que puede intentar un ciudadano venezolano no afecto al proceso, él mismo se despachaba la respuesta. “Te quito la Polar, te la quito todita”.

Como un cisne sobre el pantano de esa diatriba endemoniada ha trazado su vuelo durante todos estos años el todavía joven capitán del emporio industrial privado más asediado, vilipendiado e intervenido del país. Esa etapa parece concluida, no porque Mendoza haya anunciado o tenga in pectore una decisión candidatural, sino porque la calamitosa deriva política de la oposición venezolana, con aspirantes inhabilitados, bajo prisión, en el exilio o padeciendo los negativos reflujos de los últimos fracasos electorales lo han catapultado a la cima de las expectativas populares en cuanto al liderazgo nacional se refiere.

No ha tenido que ir en busca de la piscina de Caldera o a la famosa montaña de Mahoma. Es el pináculo escarpado el que se le está viniendo encima en avalancha para decirle, a través de los sondeos conocidos, que si da ese paso trascendental (y si lo dejaran) la contienda electoral pudiera resultar un “walk-over”, una carrera de un solo caballo, como dicen los hípicos ingleses.

No es el momento ni hay espacio para analizar la factibilidad y, sobre todo, las implicaciones que tal decisión desencadenarían en los dos tiempos de esa eventuales opciones: la candidatura y la presidencia. Y ante ese amplísimo mural de valencias positivas y negativas ya debe haber paseado la mirada de Mendoza y sus más cercanos.

Es protuberante el hecho de que sin habérselo propuesto y seguramente no desearlo, Mendoza ha quedado emplazado por la dinámica política que lo destaca como, diría el lugar común, “encarnando las esperanzas populares”, más en un pueblo que lleva el mesianismo como una de sus atávicas inclinaciones.

¿Qué hacer frente a una nación que le dice “usted es hoy el único que puede emprender la ruta de la salvación nacional? Ordene”. Una cosa es cierta: frente a tal compromiso Lorenzo no podrá pasar agachado. De un momento a otro tendrá que anunciarle al país, en un sentido u otro, la decisión de su vida.