Con su data completa de ubicación geográfica y resultados exactos, sus códigos electrónicos operativos, las firmas estampadas por las autoridades y testigos de mesas, las actas originales de escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio acaban de ser exhibidas por el Centro Carter ante el mundo, con lo cual terminó de pulverizar el último vestigio de beneficio de la duda que alguien –sólo en un ejercicio extremo y acrobático de buena fe– pudiera concederle a las autoridades electorales venezolanas.

Y este emplazamiento es válido, principalmente, para quienes se cansaron de repetir ante la Asamblea Nacional, en el TSJ, desde la fiscalía general o en alocuciones para la televisión nacional o internacional que las actas de la oposición no existían y si tuvieran algunas eran forjadas. No se olvide que justamente por la supuesta ejecución de ese delito se ordenaron las detenciones del presidente electo y otras personas y se desató la persecución que condujo a la salida al destierro a EGU. Un exabrupto político, una trasgresión de la ley, un abuso de poder conduce a otro igual o peor. Esa es la ruta del caos por la que seguimos compelidos.

La discusión sobre lo verídico o no de los resultados electorales anunciados por el CNE tiene ya un sello irreversible. El presidente de la República, a quien de acuerdo a la Constitución Nacional ya le restan menos de cien días de mandato, no podrá convencer a la inmensa mayoría de los venezolanos ni a la comunidad internacional de que salió triunfante en los comicios del 28 de julio. Perdió por casi el 40% de los votos, sin contar los millones a quienes se les impidió ejercerlo.

Ahora son muchos los escenarios de gravísimas consecuencias que se abren a partir de la decisión de quedarse a toda costa en el poder. Y sobre eso nadie ha hecho tan serias y certeras advertencias como Enrique Márquez.

El ex candidato presidencial de Centrados ha hecho gala de su firme conciencia cívica y alto compromiso democrático con el país, que es a no dudarlo uno de los mayores servicios que se le puede prestar en esta hora menguada de nuestra historia a Venezuela.

No lo hace de modo estridente o panfletario. No incurre en falta de respeto a ninguna de las instituciones, ni siquiera al CNE, que todavía no le ha informado cuantos votos obtuvo su candidatura, reconociendo con humildad que no han debido ser muchos. Su discurso tiene un tono de franqueza y sinceridad cuando reconviene a Nicolás Maduro y lo llama a reflexionar sobre las consecuencias que traerán al país las violaciones flagrantes y en serie que se están cometiendo contra la Constitución.

No es de manera sediciosa. Es precisamente con la Constitución en la mano que llama, que exhorta, que convoca y reclama a los poderes públicos a hacer justicia y no lanzar por un despeñadero a Venezuela. A ahorrarle lo que puede resultar en inmensos sufrimientos a la patria venezolana y a sus hijos. Sin embargo, de manera inconcebible Márquez está bajo el asedio de uno que otro esbirro.

A todo evento, Márquez exige la presentación de las actas de escrutinios, la información desglosada de los resultados electorales, los mismos que tiene en su poder el Centro Carter. Allí, en las papeletas consignadas por el pueblo está la verdad de lo ocurrido. Y en este caso la verdad es equivalencia y garantía de paz, anhelo fundamental de la ciudadanía. Entonces, que se abran las urnas, como se hizo en otras ocasiones de dudas.

Es Márquez firme en su reclamo contra el CNE y el TSJ por haberse confabulado para borrar del mapa la soberanía en que se basa el concepto de nación esa que, según el artículo 5 la carta magna, «reside intransferiblemente en el pueblo», quien la ejerce mediante el sufragio.

El órgano electoral no cumplió con sus deberes constitucionales y el judicial asumió responsabilidades que no le competen. Allí se configuran delitos sobre los cuales, exige Márquez, debe pronunciarse la Sala Constitucional del TSJ, que ha guarda hasta ahora un oprobioso silencio.

Por los más altos intereses de Venezuela, Nicolás Maduro, el CNE, el TSJ, el fiscal general deberían atender, con las formalidades que constitucionalmente le son inherentes a sus altos cargos, los reclamos de Enrique Márquez y de un conjunto de venezolanos que esta semana recurrieron al máximo órgano judicial en búsqueda de verdad y justicia. Un alto al desenfreno inconstitucional es la máxima aspiración popular de los venezolanos cuando el gobierno de Nicolás Maduro está llegando a su final.

Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.

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