Sin duda alguna, la expresión más cruda de la ausencia de Estado, expresión de anomia, de inseguridad y de caos social, lo constituye la práctica aberrante de la acción privada incontrolada y violenta en grado sumo de una multitud que, ante un pretendido “sospechoso” de haber cometido un delito, procede a su ajusticiamiento como fórmula de venganza privada bajo el pretexto de hacer “justicia”.
Los linchamientos constituyen la más evidente regresión a etapas de la sociedad de manifiesto y absoluto desorden que reproducen expresiones del primitivismo de la venganza privada, en la cual, ante una ofensa al grupo o a uno de sus miembros, ello podía generar una reacción contra cualquiera que pudiera ser señalado como ofensor o allegado a este. Esta etapa fue superada por el “ojo por ojo y diente por diente”, que imponía una limitación por la supuesta equivalencia de ofensas, para continuar con la fase de la composición o compensación, mediante un pago, en manos privadas, hasta llegar, con el avance de la sociedad, al monopolio del Estado de la facultad para imponer sanciones por las transgresiones a la ley en un juicio justo y con absoluto respeto a los derechos del imputado, cuya inocencia se presume hasta que SE establezca su culpabilidad, imponiéndose, en caso de la plena demostración de la responsabilidad, una sanción adecuada y acorde a la dignidad del ser humano, con miras al restablecimiento del orden y a la rehabilitación y reinserción social del condenado.
Ante el surgimiento de estas manifestaciones brutales de linchamiento, se impone la más seria reflexión colectiva y la toma de conciencia por parte de los órganos encargados de administrar justicia.
El pueblo quiere tener evidencias sobre la satisfacción de un interés legítimo de la sociedad: ante las conductas antisociales, ante los delitos que representan las máximas transgresiones al status ético-jurídico, es necesaria la acción del Estado que imponga oportunamente la sanción después de un juicio justo y demostrada la culpabilidad. La sociedad reclama justicia y considera intolerable la ausencia de sanción oportuna. Ante la carencia de justicia y ante la impunidad, como regla general, surgen estas manifestaciones de máxima anomia, que implica, entre nosotros, no falta de leyes sino desaplicación de estas.
En Venezuela reina la anomia y la impunidad, aunque el pesado y obsoleto aparato de la justicia se transforma de pronto en el más efectivo instrumento para sancionar a quienes no han cometido delito alguno, sometiéndolos a procesos injustos con manifiesto sesgo político, a prisiones preventivas que son verdaderas penas anticipadas y a condenas que efectivamente sí se cumplen en depósitos no aptos para seres humanos.
Es necesario reaccionar contra cualquier forma de linchamiento, incluyendo el que se lleva a cabo bajo apariencias de legalidad, expresión de caos social, de impunidad y de debilitamiento institucional, alegato de la Sala Constitucional para rechazar una ley de amnistía que pretendía rectificar procesos injustos, a la vez que se hace necesario tomar conciencia de la necesidad de que los órganos de administración de justicia den una señal clara de su intervención oportuna contra los más graves delitos que azotan a la colectividad, carentes de toda sanción, por lo cual, ante la desconfianza en el sistema institucional formal, se da cabida a esta gravísima manifestación de desajuste social, como lo es pretender hacer justicia por cuenta propia, caldo de cultivo de atroces venganzas colectivas en las cuales se diluye la responsabilidad individual y a las que siguen perversas acciones de bandas y mafias de malhechores que hacen peligrar la paz social y contra las cuales debe darse una clara respuesta de las instituciones, hoy sometidas a intereses políticos o a limitaciones indebidas que le impiden la consecución de sus legítimos objetivos.
El Nacional, 25 de abril 2016