Los trabajadores del sector deportivo —atletas, entrenadores, dirigentes, empleados, obreros, médicos, periodistas, abogados, profesores de educación física, padres y representantes— se sumaron activa y solidariamente a la marcha del pasado jueves 24 de septiembre. La movilización tuvo como propósito exigirle al Ministro del Trabajo una respuesta a los pliegos que en distintas oportunidades han presentado las organizaciones gremiales y sindicales, los cuales hasta el momento solo han recibido por respuesta un silencio cómplice.

La paz laboral de la República no se decreta mediante la coacción ni el silenciamiento de las exigencias legítimas de los trabajadores; es el fruto ineludible de la justicia social, el respeto irrestricto a la Constitución y la restitución de la dignidad salarial y las pensiones.

Los representantes del sector deportivo recordaron formalmente al despacho ministerial que aún no ha dado respuesta al pliego de exigencias entregado en marzo de 2026, donde se detallan los derechos conculcados en los últimos años. Esta actitud de invisibilizar las peticiones resulta condenable, más aún cuando el artículo 51 de la Constitución Nacional faculta a los ciudadanos a exigir oportuna respuesta de las instituciones del Estado. Ignorar este mandato vulnera los derechos laborales mientras el peso de la crisis económica se descarga injustamente sobre los trabajadores.

Desde el año 2018, el sector laboral padece una política de confiscación de la riqueza social que pulverizó el poder adquisitivo de activos, jubilados y pensionados. Medidas de corte neoliberal como el Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE aplanaron los tabuladores salariales, congelaron aumentos y anularon de facto la negociación colectiva libre y democrática. Beneficios históricos consagrados en contratos colectivos —como los seguros de salud (HCM) y la gestión de cajas de ahorro— fueron cercenados, mientras las prestaciones sociales quedaron reducidas a polvo cósmico por la hiperinflación. Hoy, más de 5 millones de pensionados y 4 millones de trabajadores activos sobreviven en pobreza extrema con salarios que violan el artículo 91 de la Constitución (CRBV), el cual establece que el salario mínimo debe tomar como referencia el costo de la canasta básica.

Esta realidad adquiere un matiz de indigna contradicción. Mientras se promociona un gigantesco convenio petrolero a largo plazo con Estados Unidos y la flexibilización de licencias energéticas que incrementan la renta nacional, esta bonanza brilla por su ausencia en el bolsillo trabajador. La riqueza sigue acumulándose en el factor capital y en las altas esferas financieras, mientras al trabajador se le confina a bonificaciones discrecionales no salariales que no inciden en vacaciones, aguinaldos ni prestaciones.

Por ello, el sector deportivo tomó la calle exigiendo atender la crisis mediante peticiones concretas:

1. Aumento general de sueldos, salarios y pensiones, con piso de arranque indexado al costo real de la Canasta Básica (Art. 91 CRBV).
2. Pago íntegro y no fraccionado de aguinaldos recalculados conforme al nuevo salario, en estricta igualdad para pensionados del IVSS y la Misión Amor Mayor (Bono no es salario).
3. Derogación inmediata del Instructivo ONAPRE y del Memorándum 2792, restituyendo las convenciones colectivas vencidas.
4. Respeto a la intangibilidad y retroactividad de las prestaciones sociales (Art. 142 LOTTT), rechazando leyes de emergencia que vulneren el ahorro laboral.
5. Libertad plena para trabajadores y dirigentes sindicales o políticos detenidos por protestar pacíficamente, así como el cese a la criminalización de la lucha laboral.

De manera clara y contundente los deportistas le señalaron al ministro que, la paz y la estabilidad económica de la nación solo serán posibles mediante la restitución de la Democracia, la Libertad, la justicia social y el respeto a la dignidad del trabajo. Rechazaban que la crisis humanitaria que padecen los adultos mayores y los trabajadores siga ausente de las prioridades de quienes hoy ejercen poder e influencia sobre el futuro de Venezuela. Mientras se anuncian millonarios ingresos y se habla de una supuesta recuperación económica, los pensionados, jubilados y trabajadores venezolanos continúan condenados a sobrevivir con una pensión y un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, congelados desde marzo de 2022 y reducidos, por efecto de la devaluación, a un ingreso incapaz de garantizar siquiera la alimentación o la compra de medicinas.

Las pancartas mostradas en la jornada resumieron con claridad la proclama de los deportistas en la calle: Todas las luchas una sola lucha; Salarios y Pensiones dignas, Democracia y Libertad; Libertad Plena para los presos políticos; Elecciones Ya; Por un Deporte Mejor en una Sociedad Mejor.