La crisis en la prestación del servicio de agua potable que impacta la tranquilidad de la sociedad venezolana y lesiona la calidad de vida de los ciudadanos, exige que se plantee en la agenda política un debate sobre la forma como se ha manejado la gestión integral del agua en Venezuela.

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, fecha que se ha venido celebrando desde el año 1993, como un acuerdo global en el marco de la ONU. Este año 2016 el diputado Stalin González reclamó, en el marco de esa celebración, las contradicciones existentes en el gobierno entre la inversión aprobada, lo ejecutado y la ausencia de explicación sobre las obras que están inconclusas, particularmente, en materia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

Mientras tanto el gobierno, en esa materia, mantiene una campaña de sensibilización sobre la preservación del agua, aplicando un severo racionamiento de agua y promoviendo a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua la conformación de un modelo de organización llamada Salas de Gestión Comunitaria del Agua, que responde más a una estrategia de control político, que de inclusión social.

La ONU, en el documento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, advierte que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el inadecuado saneamiento, son aspectos que atentan de manera negativa en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias más pobres.

Desde la Conferencia de Naciones Unidas, Rio+20, en el año 2012, se reconoce que el agua está en el centro del desarrollo sostenible, se destaca su papel en el desarrollo socioeconómico, para lograr ecosistemas saludables y para la propia supervivencia humana.

La ONU, en varios de sus documentos oficiales, reitera la necesidad de gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, a los fines de mantener el suministro tanto para las personas como para el uso económico. Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre 2015, llama a los gobiernos a fortalecer y apoyar la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento.

El debate que debe dar la sociedad venezolana sobre la gestión integral del agua, reclama una nueva institucionalidad en materia del agua, orientada hacia el desarrollo y el bien común, sin condicionamientos ideológicos. Ese debate debe considerar el rol de los municipios particularmente en lo que respecta a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, revisando los compromisos que en ese sentido se habían planteado en el marco legal vigente. Los municipios deben ser parte actora de una nueva forma de gestión, según sus propias capacidades y para ello debe diseñarse incentivos, modalidades y mecanismos para involucrarlos de manera más efectiva en la gestión integral del agua.

Asimismo y en la búsqueda por concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantea la inclusión de los ciudadanos en el tema del agua, resulta oportuno y más aún, como estrategia para enfrentar la crisis actual en la prestación del servicio de agua potable, destacar la necesidad de darle vida a la cooperación vecinal, prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Ese mecanismo, previsto en el artículo 268 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (LOPPM), plantea específicamente, en su numeral 2, que el Concejo Municipal puede convocar a los ciudadanos para activar una Comisión de Vecinos a los fines de ejercer una fiscalización y vigilancia sobre el buen funcionamiento de un servicio público municipal.

Esa comisión de vecinos, como estrategia de cooperación vecinal, debe ser impulsada por el Concejo Municipal, a través de su facultad reglamentaria, prevista en el artículo 54 de la LOPPM.

Esa comisión de vecinos, se presenta como una herramienta legal e institucional que en la actualidad facilitaría la inclusión de los vecinos en el problema del agua, ayudaría a comprender la magnitud de la crisis del agua en Venezuela y permitiría unir esfuerzos en la búsqueda no solo de mayor transparencia en el manejo de la situación por los entes responsables, sino también, en la promoción de un debate amplio sobre el rol del municipio en la gestión integral del agua.

Asimismo, activar una Comisión de Vecinos, podría ser una figura adecuada para el ejercicio de la contraloría social sobre el plan de racionamiento, cuyo resultado, permitiría evaluar la necesidad de un plan de contingencia municipal para enfrentar la crisis hídrica, que además, encuentra en el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) el espacio institucional para su aprobación.

Resulta coherente que el Concejo Municipal, en respuesta a su mandato legal de promover los mecanismos eficientes, suficientes y oportunos de participación en materia de gestión pública, y atendiendo a un tema tan sensible y de profundo impacto en la calidad de vida de sus vecinos, impulse la comisión de vecinos como espacio institucional, que le es propia, por lo tanto, es expresión de su autonomía municipal a los fines de incluir a los ciudadanos en la problemática del agua.

Es claro que la cooperación vecinal no trae consigo que el agua vuelva de inmediato a los grifos de manera continua y menos aún, que sea potable; pero sí podría contribuir en la construcción de consensos sobre un diseño de gestión que responda al bien común, utilizando la institucionalidad que la ley nos permite y rescatando al municipio como actor del desarrollo.

Artículo escrito para POLITIKA UCAB y publicado el 1 de abril de 2016.