Desde el mismo momento en que fueron conocidos los resultados electorales del 28 de julio, el régimen no ha descansado en ningún momento en aplicar una serie de medidas orientadas a tratar de legitimar, ante la opinión pública nacional e internacional, que Nicolás Maduro fue el candidato ganador, tal cual como lo proclamó el presidente del CNE. La base del problema estriba en que tal anuncio gubernamental, no ha podido ni podrá ser demostrado con las actas electorales puesto que, lo contenido en las mismas, dan ganador por amplio margen al candidato de la oposición.

En su huida hacia adelante, el gobierno mediante medidas coercitivas y represivas pretende generar un miedo colectivo para que la población no se haga eco del triunfo opositor. En la medida que los autoritarismos competitivos pierden la ventaja que les permitió alcanzar y mantener el poder por la vía electoral, se vuelven más autoritarios en el ejercicio de un control creciente sobre la legalidad, financiamiento y actividades de los partidos políticos de oposición y de los medios de comunicación. También, mediante la implementación de medidas represivas orientadas hacia un mayor control de la sociedad, en especial aquellas orientadas al establecimiento de restricciones a la creación, financiamiento y actuación de organizaciones no gubernamentales.

Más de 1.800 venezolanos están tras las rejas y son considerados presos políticos, de acuerdo al balance que lleva la ONG Foro Penal, registro que es avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Son, arbitrariamente y en clara violación del estado de derecho, acusados injustamente de terrorismo, un delito que ha sido imputado a miles de venezolanos -entre ellos decenas de adolescentes- que fueron detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El régimen autocrático de Maduro, desató una persecución abierta, televisada y de inédita violencia contra los manifestantes, dirigentes políticos, activistas y, por supuesto, contra las cabezas de la dirigencia opositora. La policía y los servicios de inteligencia están de cacería en la calle con la llamada “Operación Tun Tun”, con la que el Estado ha desplegado una intensa propaganda que advierte cómo las fuerzas de seguridad tocarán a las puertas de las casas de los venezolanos para detenerlos. En su política represiva, el régimen autocrático, habilitó como centros de detención a las cárceles de Tocorón, Tocuyito, Yare, El Helicoide y la de Puente Ayala en Barcelona.  Todos estos centros, se encuentran en condiciones insalubres y resalta en ellos la falta de atención médica para los prisioneros políticos, que se ha traducido trágicamente en la muerte de tres personas detenidas: Jesús Manuel Martínez, Jesús Rafael Álvarez y Osgual González.

Se ha llegado a tal extremo de deshumanización de los carceleros del régimen, que protagonizaron el dantesco y criminal acto de negarle la entrega del cadáver a la familia Álvarez si no aceptaban la cremación del cadáver. En otras palabras, pretendían entregar solo cenizas a sus familiares. El rechazo y firmeza familiar obligó a los carceleros a entregar el cuerpo.

Pero la política del terror no logró silenciar a los familiares, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y a muchos gobiernos de diferentes países, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos que, a una sola voz exigen, al régimen autocrático y totalitario de Maduro, el cese de su política represiva y la inmediata excarcelación de los presos políticos.

Los familiares por su parte se han concentrado de manera permanente frente a los centros de detención para hacer ver al mundo entero la injusta detención y exigir la libertad de los presos políticos. Y la consigna que hoy recorre al mundo entero es “NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS”

El régimen autócrata, tratando de lavarse la cara represiva accedió a liberar a un pequeño número de detenidos. Pero, al mismo tiempo, se volvió a colocar la careta represiva poniendo en práctica “La puerta giratoria” que les garantiza la entrada de nuevos presos mientras otros salían.

En la calle, a diario los familiares son acompañados por la sociedad civil en la exigencia de libertad para los presos políticos y en la esperanza de poder estar con ellos en estas navidades.