No es cualquier cosa lo que nos ha sucedido. Más de un cuarto de siglo de desarrollo perdido. Mientras la mayor parte de los países que nos rodean avanzaban, nosotros nos rezagábamos visiblemente. Es muy poco lo que podemos mostrar como éxito nacional en las últimas décadas. Nuestra sociedad y sus dirigentes son, en último término, responsables de los logros mínimos alcanzados. Pero esa misma colectividad y especialmente la más humilde, son las que han sufrido mayormente las consecuencias del fracaso.

A la anterior catástrofe institucional y socioeconómica, se suma ahora, como obra de la naturaleza, el demoledor terremoto del 24 de junio de 2026, cuyos extensos daños en la infraestructura y en la economía, seguramente necesitarán varios años para que puedan ser subsanados, dada la ruinosa situación financiera del país. ¿Cuántos de esos daños habrían podido evitarse si no hubiera corrupción en Venezuela?

1. Las causas de la catástrofe institucional y su incidencia sobre el futuro

Venezuela sufrió una insólita caída institucional y socioeconómica a fines del siglo XX y principios del actual. La magnitud del daño social y económico causado a su población no tiene paralelo para países en tiempos de paz. Las dimensiones de la catástrofe ocurrida están determinadas y documentadas (Gabaldón, 2025). Establecer sus causas es indispensable, pues no suelen suceder fenómenos de esta magnitud, sin que haya factores que los determinen. Esto nos interesa, más que por un interés histórico, sociológico o antropológico, por lo que puedan incidir esas causas sobre la trayectoria futura de desarrollo del país, que es lo que más debe preocuparnos.

En mi trabajo antes citado, formulé una serie de hipótesis sobre los factores remotos que podrían subyacer a la grave crisis que actualmente afecta a Venezuela. Cité entre ellos los siguientes:

• ¿Qué fueron razones entroncadas con nuestro acontecer sociohistórico más lejano, por ejemplo, el tipo de gobernanza colonial y los hábitos sociales y administrativos que se hicieron nuestros desde entonces? (Sosa Cárdenas, 2010)
• ¿Qué fue una secuela del militarismo heredado de la Independencia que contribuyó a crear una casta con un sentido de destino manifiesto sobre quién y cómo debe gobernarse el país? Es el caso de que el poder lo han ejercido preponderantemente los militares, desde la Independencia hasta 

hoy, durante la mayor parte del tiempo, de forma mediocre. El profesor Elías Pino Iturrieta, en varios de sus libros, pero particularmente en su reciente obra Un pacto con el diablo. Los orígenes del liberalismo venezolano (2025), abona específicamente a esta hipótesis.

• ¿Qué fue la cultura propia del Estado rentista, qué se insertó en la conducta colectiva después de 1920, la culpable de generar en nuestra sociedad y especialmente en la administración pública, políticas económicas inconvenientes al desarrollo sostenible y una atmósfera poco auspiciosa al emprendimiento privado nacional, como lo anunció hace casi un siglo Alberto Adriani en 1931 (Adriani, 1998)?
• ¿Qué aspectos político-ideológicos contemporáneos han determinado la crisis? Es el caso, por ejemplo, de la destrucción de la industria petrolera nacional ocurrida durante la primera década del presente siglo, que provocó una disminución muy importante del ingreso nacional y generó una ruina fiscal.
• ¿O qué son factores de carácter político mundial los que han contribuido a un descalabro de este tamaño? Por ejemplo, la llamada Posguerra Fría, la posverdad y todas sus secuelas, el crimen organizado internacional y el proceso de globalización en sus diferentes vertientes.

Señalé igualmente que podría ser una combinación de estos factores, los generadores de la catástrofe, pero comprobarlo requeriría una investigación más amplia.

He continuado mi reflexión y encuentro que, posiblemente, de la conjunción de algunos de los factores citados surgió, como tendencia en nuestra sociedad, una cierta propensión a la corrupción que ha sido perversa para el desarrollo productivo y moral de la nación. No vaya a pensarse que este fenómeno es exclusivo de Venezuela. En la mayoría de los países en desarrollo, existen distintos niveles de corrupción. Lo destacable en nuestro país, es que la corrupción haya llegado masivamente, y a niveles tan altos, que ha contribuido decisivamente a la catástrofe en referencia. No obstante, la permanencia de este flagelo, ahora sin control, ha empezado a obstaculizar seriamente la posibilidad futura de que los venezolanos puedan alcanzar algún crecimiento económico y mucho menos, un desarrollo sostenible.

2. La dimensión del mal que nos afecta

Las crónicas de la época colonial son profusas al mencionar la corrupción en sus múltiples expresiones, que ha estado presente en el país desde el temprano periodo de creación de nuestra provincia, mediante las sustracciones directas de dineros públicos, la compra ante la Corona de cargos administrativos y títulos nobiliarios, el contrabando desde las Antillas, entre muchos otros delitos, que dieron lugar con frecuencia a los llamados Juicios de Residencia a los funcionarios de la Corona.

Esa temática estuvo muy presente en el debate sobre la problemática nacional, desde la propia declaratoria de la Independencia. Constituyó una preocupación permanente para Simón Bolívar, quien, como administrador, formuló numerosas disposiciones para controlar la corrupción, entre ellas el decreto de enero de 1824, que, como presidente de Colombia y Dictador Plenipotenciario del Perú, estableció “la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí parte de los fondos de la nación”.

Durante el siglo XIX, después de 1830, con la separación de Venezuela de la República de Colombia, se registra la ocurrencia frecuente de latrocinios en las distintas administraciones, a pesar de que éramos un país pobrísimo. Recuérdense los escándalos ocurridos durante el régimen de los hermanos Monagas, un periodo que se distingue por el autoritarismo, el nepotismo y la corrupción. Los hechos de corrupción posteriores a la Guerra Federal, que convirtieron al presidente Antonio Guzmán Blanco, gran modernizador de Venezuela, en el hombre más rico del país. La negociación de los empréstitos internacionales y los contratos para la construcción de ferrocarriles, verdaderos instrumentos de desarrollo, fue una oportunidad para jugosos actos de corrupción administrativa.

¿Qué puede decirse, en ese contexto, de los regímenes dictatoriales de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez? En ambos gobiernos, el país se manejó como hacienda propia, sin distinción entre los bienes públicos y el patrimonio personal de los dictadores. Durante el gobierno de Gómez se inició el otorgamiento de concesiones petroleras a gran escala, actos administrativos que sirvieron para beneficiar a una pléyade de amigos y familiares del gobernante, quienes amasaron importantes fortunas, al venderlas posteriormente a las empresas petroleras internacionales. No obstante, hay que señalar que la corrupción se circunscribía principalmente a los altos niveles de la burguesía nacional y no entorpecía necesariamente los negocios privados.

En 1935, a la muerte de Gómez, se inicia lo que he denominado una suerte de renacimiento nacional (Gabaldón, 1999). Una época de acelerada modernización administrativa, política y económica. Los gobiernos posteriores, incluyendo los del Trienio Democrático de 1945 a 1948, lograron controlar en buena medida la corrupción, pero al transitar a la llamada dictadura perejimenista, de 1948 a 1958, recrudeció el fenómeno de la corrupción, sobre todo en los altos niveles de la administración pública, vinculados al desarrollo de la infraestructura física, a cuya construcción se le otorgó alta prioridad.

A partir de 1958, el periodo de la democracia civil se caracterizó por administraciones bastante honestas, sobre todo en los altos niveles de gobierno, aunque hay que aceptar que se registraron escándalos que “empañaron” el prestigio de la democracia. Fue notorio, por ejemplo, el caso originado por el proceso de control de cambio requerido tras la devaluación del bolívar en 1983, que dio lugar a la organización Recadi (Régimen de Administración de Divisas, entre 1983 y 1989), que terminó por convertirse en una fuente de enriquecimiento ilícito para miles de personas, tanto del sector público como del privado. Comenzaba así a extenderse el flagelo de la corrupción a toda la sociedad.

Además, al mirar de conjunto este periodo, puede apreciarse que, durante los tiempos de bonanza fiscal derivados de la elevación de los precios internacionales del petróleo, se recrudecían los intentos de establecer todo tipo de transacciones dolosas. En tales circunstancias afloraron negocios que comprometieron a funcionarios del sector público con numerosos personajes privados.

Ahora bien, hay que señalar que, a pesar del progreso material que alcanzó el país; alentado por el sesgo estatista que inducía el estilo de desarrollo rentista-extractivista imperante desde los años veinte del siglo pasado, se descuidó el clima favorable a los negocios y la inversión privada, y fue implantándose un entramado burocrático retardatriz del crecimiento, que a su vez sustentaba todo tipo de corruptelas contrarias al aumento de la productividad de la economía.

En una óptica positiva, no obstante, también es justo destacar que durante la democracia civil fuimos capaces de adelantar una serie de grandes proyectos de desarrollo, sin que hubiesen surgido denuncias sobre su transparencia administrativa. Tal fue el caso, por ejemplo, de la nacionalización de la industria petrolera, con compensación a las empresas transnacionales por la totalidad del valor de sus activos, según el valor en libros, sin que hubiese habido un solo reclamo ni se hubiera denunciado un caso de operación dolosa. Igual ocurrió con el gigantesco desarrollo hidroeléctrico del río Caroní o con la empresa Metro de Caracas, entre muchos otros.

Lamentablemente, apenas iniciado el periodo presidencial presidido por el teniente coronel Hugo 

Chávez en 1999, se estableció el llamado Plan Bolívar 2000, mediante el cual se rompía el principio de la “unidad del tesoro”, para que los jefes militares de todo el país pudiesen contratar obras y servicios de diferente tipo, sin ningún control administrativo, ni rendición de cuentas. Se inició un proceso para involucrar progresivamente a la institución militar en un amplio sistema de corrupción administrativa que, con el tiempo, se ha ampliado notablemente.

Posiblemente, el acto de gobierno de mayor trascendencia para elevar exponencialmente la corrupción en Venezuela y accidentar su desarrollo ulterior, fue la intervención y posterior destrucción de Pdvsa. Esta situación, que tuvo por objetivo colocar la industria petrolera nacional bajo el control clientelar del poder ejecutivo, subestimó por completo sus efectos perversos y abrió la espita para uno de los procesos de corrupción de mayor magnitud del mundo y para una dramática expoliación de la riqueza nacional.

Esto ha ocurrido a la par de una política contraria a la economía privada, marcada por expropiaciones de múltiples empresas y predios urbanos y rurales, y hostilidad hacia los negocios mercantiles, que se ha convertido en distintivo del llamado socialismo del siglo XXI. Todo ha constituido uno de los antecedentes más nocivos para el futuro institucional de Venezuela.

Al final, la dictadura chavista-madurista ha sido la administración que más ha contribuido a masificar la corrupción pública en Venezuela. La corrupción quedó arraigada como flagelo desde los altos niveles gubernamentales, descendiendo hasta la base social, donde cientos de miles de ciudadanos integrantes de las organizaciones comunales disfrutaron de prácticas clientelares de naturaleza poco ortodoxa o dolosa, que inducían a la corrupción generalizada. Se volvieron rutina las alcabalas donde la Guardia Nacional extorsiona a todos los pobladores, pero especialmente a los más humildes. Y entre los grandes latrocinios, se llegó hasta el robo de una elección presidencial como ocurrió el 28 de julio del 2024.

Algo muy grave es que se ha impuesto una sensación social de impunidad total ante el delito. Esta situación se agravó, además, al involucrarse directamente el gobierno en el narcotráfico y en el contrabando de oro y otros metales. Estas actuaciones del crimen organizado internacional han constituido uno de los fenómenos más disruptivos para la seguridad de los países (Naím, 2006). Tal combinación delincuencial, con sus componentes nacionales y foráneos, ha tenido profundos efectos en el tejido social del país, incluyendo sus estructuras administrativas, las fuerzas armadas, los derechos humanos, la seguridad pública, así como la ética y la moral de la república. “El fenómeno de las drogas ilícitas, sobra decirlo, es un formidable generador de corrupción que afecta todos los niveles de la sociedad y que, por lo tanto, pone en peligro tanto el modelo político como el modelo económico” (Cepeda Ulloa, 2017)

La corrupción en una sociedad puede manifestarse de múltiples formas. Se comete un error al considerar esta lacra exclusiva de la administración pública. Pues ocurre que este fenómeno no solo está presente en las relaciones entre las instituciones gubernamentales y la sociedad en general, como se ha dicho, sino que además se manifiesta en una amplia gama de expresiones en las relaciones entre los ciudadanos. En primer término, es el caso del condicionamiento de las decisiones tomadas por los entes públicos que favorecen determinados intereses particulares en respuesta al pago de dinero, coimas u otros bienes materiales, o simplemente al tráfico de influencias. O, en el segundo caso, es común la infinidad de estafas y pillerías que cometen individuos contra los demás integrantes de su colectividad y que contribuyen a la impresión de que se trata de una sociedad corrupta en general o de una moralidad social deficiente.

Estimar el nivel de corrupción de una sociedad puede resultar complejo o parecer subjetivo. No obstante, existen instituciones que se han dedicado a establecer metodologías que sirven para aproximarse a tener una percepción bien fundamentada del mal que nos preocupa caracterizar.

Transparency International (TI), es una organización mundial, no gubernamental, sin fines de lucro, basada en Berlín, pero con capítulos en más de 100 países, cuyo propósito es promover acciones para combatir la corrupción y adelantar la transparencia en los asuntos públicos (Wikipedia, 2026). En el caso de Venezuela, se ha constituido la asociación civil Transparencia Venezuela, como un capítulo nacional de Transparencia Internacional. En el 2025 Transparencia Venezuela tuvo que refugiarse en el exterior debido a la persecución del gobierno.

Una de las publicaciones más relevantes de TI es el Corruption Perception Index (CPI), que se publica anualmente. La organización TI realiza un seguimiento de la corrupción en el sector público de los países. A estos efectos, el CPI considera una serie de factores, tales como: la prevalencia del soborno en el sector gubernamental; el uso indebido de recursos públicos; el acceso a la información y la transparencia administrativa; la libertad de prensa y la protección de denunciantes; y la capacidad del sistema judicial para sancionar la corrupción. Estos factores son analizados por equipos de evaluadores independientes, que luego en seguimiento de ciertas pautas permiten cuantificar y articular un índice de percepción de la corrupción, que refleja la limpieza u opacidad de las relaciones público-privadas. Dicho índice se ha fijado por convención y puede tener un valor entre cero y cien, siendo esta última calificación la que se aproxima más a una administración mayormente honesta.

En su informe Corruption Perception Index de 2025, la TI presenta un estudio comparativo de 182 países. Aparecen con la mayor puntuación como naciones más honestas: los Países Bajos, los 4 países nórdicos, Singapur y Nueva Zelandia, con valores entre 80 y 89. Y se destacan para vergüenza nuestra, entre los tres países más corruptos del mundo: Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9).

Lo más grave es que, si se examinan los datos del CPI desde 2012, cuando se inicia el registro de estos índices, se observa que Venezuela tenía, para ese año, una calificación bastante baja de 19 y una posición de 165 entre 174 países evaluados. Para el año 2025, según las últimas estadísticas reseñadas, Venezuela se encuentra en la posición 180 entre 182 países evaluados. Esto indica que el fenómeno de la corrupción se ha intensificado en Venezuela en los últimos años: nos encontramos en una trayectoria de agravamiento del flagelo. Esto lo destaca de forma específica varias veces el informe antes citado para el 2025, lo cual debería ser motivo de seria preocupación nacional.

Como resultado de sus comprensivas investigaciones, la organización TI, ha demostrado que la corrupción tiene mucho que ver con la degradación del clima para hacer negocios e invertir por parte del sector privado, que, como se señaló anteriormente, es lo que suele marcar el ritmo de crecimiento de la economía.

De consuno, una organización como el Banco Mundial, preocupada por los factores que obstaculizan el desarrollo de las naciones, ha creado una agencia especializada en diagnosticar el clima para los negocios y la inversión, presente en cada país: B-Ready (World Bank Group). Dicha organización, en su informe para el año 2024: Business Ready Report, presenta una recopilación de datos que abarca 190 países. Para evaluarlos, considera tres aspectos fundamentales: el marco normativo vigente, los servicios públicos disponibles y la eficiencia operativa. Al jerarquizar la evaluación de los países de mejor a peor, Venezuela aparece con una puntuación de 188, es decir, está entre las tres naciones peor calificadas. Por el contrario, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Corea del Sur, aparecen en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5.

Cabe formular entonces una pregunta clave: ¿por qué razón Venezuela es calificada tan bajo, en los últimos puestos, tanto por sus niveles de corrupción social, como por el clima hostil hacia los negocios y la inversión privada?

No tenemos por qué afanarnos mucho para responder a este interrogante, pues ambos aspectos, como vimos, están íntimamente asociados. Las dificultades burocráticas u operativas para poner en marcha cualquier nueva empresa productiva constituyen una oportunidad para cometer actos de corrupción adicionales. Se establece así un verdadero círculo vicioso: mientras más embrollado es generar riqueza adicional a través del fomento de la iniciativa privada; más oportunidades existen para cometer y aumentar actos de corrupción.

El hecho de que vivimos de escándalo en escándalo, nos ha hecho perder el sentido comparativo de que nos encontramos realmente ante una situación muy grave de disfuncionalidad social y económica.

En cualquier sociedad en estado normal, estos resultados deberían haber activado las alarmas máximas, al menos entre los sectores dirigentes, y haber generado reacciones que convocaran una discusión nacional para debatir posibles soluciones y, seguidamente, acometer su remediación. Que esto no haya ocurrido en nuestro país, es ya un síntoma de que tenemos una falla muy grave en nuestra sociedad para identificar los males que la afectan y actuar en su corrección.

3. No puede haber desarrollo sostenible con corrupción

En las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando empieza a surgir sistemáticamente la bibliografía que explica las causas del desarrollo de los países, primero del desarrollo económico y luego del desarrollo puro y simple, el factor de la corrupción dentro de los países no recibía un tratamiento realmente crítico como factor retardatario del crecimiento económico. Gunnar Myrdal (1970), el Nobel de Economía sueco, acuñó el término “Estado blando” para referirse a la prevalencia en la mayoría de los países en desarrollo, caracterizada por la laxitud con que se aplicaban las leyes y reglamentos, lo que facilitaba la ocurrencia de numerosos delitos, como la corrupción, propios de una baja disciplina social. Myrdal, ponía el dedo en la llaga, cuando en mucha otra 

bibliografía no se le atribuía a la corrupción un rol determinante como obstáculo al crecimiento económico y al cambio social. Es más, algunos autores sostenían que cierto grado de corrupción era conveniente para mantener engrasados los mecanismos administrativos que hacían funcionar la economía.

En la actualidad, esa percepción ha variado sustancialmente y se acepta de manera generalizada que: “La corrupción es un flagelo que genera enormes pérdidas en todos los ámbitos, pero lo más preocupante es que también socava la confianza en las instituciones, limita la participación ciudadana y desacelera el avance del desarrollo humano” (Prensa Libre, 2023).

Lo cierto es que cuando se analiza a profundidad el fenómeno de la corrupción, se encuentran sus múltiples secuelas perturbadoras del desarrollo sostenible y del crecimiento económico:

Incidencia económica

En cuanto al crecimiento económico, que, con ciertas condiciones, es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible, puede decirse que la corrupción incide muy negativamente al degradar el clima para hacer negocios y promover la inversión privada. Actúa, en general, sobre la disponibilidad de capital para realizar la inversión productiva. El capital escaso en los países en desarrollo, al ir a parar parcialmente a los bolsillos de los corruptos, se desactiva como inversión, pues suele destinarse a bienes no reproductibles o suntuarios. La economía tiende, entonces, a volverse menos eficiente.

Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre por el encarecimiento de las obras de infraestructura, cuando su contratación está mediada por el pago de comisiones a los funcionarios de quienes depende su ejecución. Por esta vía, generalmente sucede que, al quedar deficitarios los presupuestos para la construcción de nuevas obras, se recurre a disminuir las partidas destinadas al mantenimiento del capital fijo, lo que deteriora este con mayor rapidez. Venezuela ofrece un caso típico de esta situación al reducir al mínimo el gasto en mantenimiento.

Por otra parte, si la relación capital/producto, esto es, la cantidad de unidades de capital requeridas por unidad de producto interno bruto generado, aumenta como resultado de la corrupción y de las dificultades para hacer negocios e invertir por parte de los privados, entonces ello conlleva necesariamente una disminución de la tasa de crecimiento económico y, por ende, de la productividad.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2016 estimó que solo el rubro de los sobornos en el sector público a nivel mundial puede ascender anualmente entre 1,5 y 2,0 mil millones de dólares (FMI, 2016). Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres (2018), afirmó ante el Consejo de Seguridad que el costo global de la corrupción equivalía al 5% del PIB mundial.

Incidencia social

La merma del gasto que debe efectuarse, especialmente en servicios de salud y educación, como resultado de la corrupción, tiene consecuencias directas en el bienestar social, en detrimento de la calidad de vida de la población y de su futuro. Esto suele ocurrir simplemente porque los dispensadores de ambos servicios sustraen, para beneficio propio, recursos que de otro modo deberían destinarse a brindar bienestar a los ciudadanos. Esto sucede, por ejemplo, cuando los administradores perciben coimas dependientes del monto de los insumos adquiridos para operar el servicio; cuando se sustraen los insumos destinados a prestar el servicio para provecho propio; o cuando el personal que presta los servicios no cumple con los horarios exigidos, entre muchas otras faltas que parecen menores, pero cuyo acumulado puede reducir considerablemente la calidad del servicio social prestado.

La deficiente prestación de servicios sociales, debido a la corrupción, disminuye o neutraliza su rol distributivo de ingresos, contribuyendo así a la desigualdad entre los diversos estratos poblacionales y, por ende, al aumento de la pobreza.

Incidencia institucional

La gente suele tener buen olfato para identificar los niveles de honestidad con los que operan las diversas instituciones públicas y privadas. Cuando se corre la voz de que en una institución prevalece la deshonestidad en su funcionamiento, lo primero que ocurre es la pérdida de confianza en ella. Es muy grave cuando ello sucede, por ejemplo, en la administración de justicia, como es el caso de Venezuela, pues se viene abajo el acatamiento social que sus decisiones deben suscitar, perdiéndose el respeto indispensable para que ella cumpla su rol de control de las desviaciones de la sociedad.

Un caso que la bibliografía comenta con frecuencia es cuando la corrupción pervierte la gestión ambiental, provocando la desobediencia a las regulaciones y normas exigidas para el cuidado del capital natural. La resultante es el aceleramiento de las agresiones contra la naturaleza y, por ende, sobre la sustentabilidad ecológica del desarrollo.

Ha existido preocupación en los países por investigar la felicidad de su gente y los factores que la determinan. El World Happiness Report es un informe del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford que se publica anualmente y en el que se incluye el índice de felicidad de cada país. Entre los factores considerados para estimar el índice referido se encuentra la percepción de la corrupción en la sociedad del país. En último término, ello representa la confianza institucional.

En Venezuela, para el 2025, su índice de felicidad es de 5,683 y su rango entre los países es el 82 de 147. Esto nos coloca en el último lugar de América Latina. Sin embargo, el decrecimiento de dicho índice desde el 2012 es de los mayores: -1,263 con un rango de 139.

En países con una alta percepción de corrupción, la felicidad cae drásticamente. Su coeficiente de -0.645 significa que su impacto negativo, es casi el doble del impacto positivo del dinero (0.366). Esto sugiere que la confianza en las instituciones es clave para el bienestar (The World Happiness Report, 2026).

Y lo más serio de los anteriores comentarios, es que la desconfianza institucional termina por deslegitimar políticamente los sistemas democráticos con serio peligro para su estabilidad; en Venezuela hemos apreciado palpablemente este efecto. Al contrario, la experiencia muestra que en la medida en que se desarrollan democracias más fuertes y genuinas, se incrementan la conciencia y la acción contrarias a la corrupción y se favorece un ambiente propicio a la inversión privada.

La destrucción institucional que hemos sufrido en Venezuela en los últimos años ha precedido al aumento explosivo de la corrupción y a la parálisis económica. De ahí que la lucha contra el flagelo ha de considerar prioritariamente el fortalecimiento institucional.

4. Esquema de una agenda para la corrección del mal

De todo lo que hemos dicho se desprende una relación bidireccional: la atmósfera favorable a la inversión depende en gran medida del éxito en la lucha contra la corrupción y viceversa.

La agenda para revertir el mal que afecta a Venezuela actualmente debe tener, por lo tanto, dos fases de implementación paralelas: adelantar una lucha en todos los frentes contra la corrupción e instrumentar una política pública de mejora del clima para los negocios y la inversión. Ambos asuntos deben ser indisociables.

Con relación al primer aspecto se conoce bien que dicha lucha ha de constar al menos de los siguientes elementos:

• Educación ciudadana en todos los niveles.
• Reforma estructural de la administración pública (de las organizaciones y de los procedimientos).
• Liderazgo: buenos ejemplos mediante la conducta de los dirigentes.
• Sanciones severas para quienes cometan actos de corrupción.
• Fortalecimiento del Poder Judicial para hacerlo más eficaz en la lucha contra la corrupción.

En cuanto a la creación de una atmósfera favorable a los negocios y la inversión, se cuenta con un análisis detallado por parte de la citada organización del Banco Mundial (Doing Business), sobre los principales factores que coadyuvan a este fin:

• Facilidades para iniciar nuevos negocios. Agilización de permisos de construcción.
• Contar con servicios continuos de electricidad, agua y comunicación.
• Registro de propiedades confiable.
• Disponibilidad y obtención de financiamiento.
• Protección de los inversionistas minoritarios.
• Régimen impositivo aceptable.
• Comercio transfronterizo.
• Exigencia del cumplimiento de los contratos. Cómo se resuelven las insolvencias.

A esto puede agregarse que los países que tienen un índice elevado de honestidad según el Corruption Perception Index del TI cuentan con eficaces políticas públicas para el combate de la corrupción y, por ende, son los que muestran mayor vigor en su progreso.

Por ejemplo, en Singapur, la creación de la Oficina de Investigaciones sobre Prácticas Corruptas, una agencia independiente con amplios poderes para investigar y enjuiciar la corrupción, ha sido un componente clave en la transformación del país, desde su etapa como nación en desarrollo recién independizada, donde prevalecían todo tipo de delitos administrativos, hasta alcanzar un liderazgo global en la lucha contra la corrupción.

Las Naciones Unidas aprobaron en 2003 una Convención, que ha sido ratificada por la mayoría de los países, y que constituye el único instrumento mundial jurídicamente vinculante contra la corrupción (Naciones Unidas, 2003). En su prólogo, dicha Convención establece que:

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países –grandes y pequeños, ricos y pobres–, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

La conclusión principal de todo lo anterior es que los países que se fortalecen institucionalmente para luchar contra la corrupción y establecer un clima favorable a los negocios del sector privado, son los que a la postre progresan más exitosamente. Para el próximo proceso de reconstrucción, en el que, en todos los órdenes, nuestro país está obligado a acometer una vez que se produzca el cambio político indispensable, la lección de referencia es absolutamente prioritaria.

5. Acotación final

Nuestra intención, como se ha mencionado, ha sido indagar sobre los principales factores que han contribuido al descalabro socioeconómico tan grave que ha sufrido la sociedad venezolana en el siglo XXI. Señalamos, que el interés mayor de la indagatoria es prevenir que la prolongación en el tiempo de esos factores pueda entorpecer nuestro desarrollo futuro. Si eso llegase a ocurrir, no sería exagerado decir: que Venezuela no tiene porvenir.

Estamos convencidos de que en Venezuela existen factores causales con profundas raíces históricas cuyo verdadero papel todavía no ha sido investigado con la profundidad que merece. El caso, por ejemplo, ya mencionado, de la cultura administrativa y ciudadana que contribuyó a fomentar el estilo de desarrollo rentístico-extractivista o la gobernanza militar, con todas sus características indeseables.

Y podríamos formular comentarios similares sobre otros de los factores que planteamos como hipótesis al inicio de este trabajo.

Mas, como tratamos de explicar, existen fuertes indicios de que, durante el ajetreo de las últimas décadas, se crearon propensiones sociales a una corrupción sistémica, hasta el punto de que este fenómeno llegó a alcanzar niveles que destacan a escala mundial, como lo señala el Índice de Percepción de la Corrupción. No es pues por inquina hacia el régimen actual, ni antipatía por los venezolanos, que aparezca nuestro país como la nación más corrupta de todo el continente americano. De persistir esa situación, en el futuro todo esfuerzo de desarrollo se volverá nugatorio. Esto es lo que debemos evitar, por lo que lo procedente es formular una política pública de lucha efectiva contra la corrupción e implementarla de manera eficiente. Esta política, por su complejidad, demanda establecer amplias alianzas entre el sector público, el privado, las academias, los medios de comunicación social y la sociedad civil en general, para hacer de esta causa una prioridad nacional. He aquí otro de los grandes retos que enfrenta Venezuela en su futuro de reconstrucción.

A lo largo de mi carrera pública, siempre he tenido preocupación por los temas relacionados con la corrupción, ya que estoy convencido de que constituye un flagelo muy perjudicial para la buena marcha del país y, por mis propios principios y valores adquiridos en el hogar y a través de una buena educación recibida.

Cuando me correspondió desempeñar la posición pública más alta alcanzada (ministro de Obras Públicas), se dieron las circunstancias en las que el país disfrutaba de uno de los periodos de gran bonanza petrolera registrados. Pude percibir entonces a través de mis relaciones sociales y profesionales, que se estaba gestando un tiempo propicio para grandes negociados relacionados con el sector público. Ello me producía profunda inquietud y me indujo, siendo ministro, a dar una declaración de alerta que adquirió un carácter inusitado por provenir de un funcionario gubernamental de tan alto nivel.

Expuse, en mi rueda de prensa semanal del 25 de octubre de 1974, con los redactores del área económica, según la crónica del notable periodista del diario El Nacional, José (Chepino) Gerbasi, que he considerado útil transcribir íntegramente, lo siguiente:

“El ministro de Obras Públicas, Arnoldo José Gabaldón, hizo ayer un preocupante llamado en torno a lo que él calificó como ‘un reblandecimiento, un debilitamiento de los niveles éticos que se ha producido en Venezuela en los últimos años. Este reblandecimiento –recalcó– debe llevar a la reflexión a los dirigentes de todos los sectores del país’.

Saliéndose de los temas que suele tratar con los redactores económicos, apartándose de las explicaciones sectoriales que está haciendo sobre el Presupuesto de 1975, el titular de Obras Públicas, sin ni siquiera habérselo preguntado, quiso hablar ayer de los principios de moralidad en la vida nacional.

‘En los últimos años –dijo– se ha observado en Venezuela un reblandecimiento, un debilitamiento, de los niveles éticos. Esto –agregó– afecta tanto al funcionariado público como al privado. Se trafica constantemente con influencias y se consideran aceptables prácticas que, en países con alta moralidad social, se consideran indeseables. No hay castigo para las personas que cometen actos en contra de la cosa pública y la frivolidad social en Venezuela; posiblemente, como consecuencia de la abundancia relativa de los recursos existentes, está llegando a límites que sobrepasan los alcanzados en países de riqueza muy superior a la nuestra.’

‘¿Propone algo concreto ante esta situación?’

‘Creo que es necesario llevar a cabo una campaña de denuncias sistemáticas sobre una serie de hechos que se están convirtiendo en la norma, porque de lo contrario, la impudicia va a dar al traste con el sistema en el que una gran cantidad de venezolanos estamos comprometidos a consolidar. Esto es realmente preocupante, porque la carencia generalizada de probidad constituye un pésimo ejemplo para los jóvenes que se levantan y que todavía no se han corrompido y, quizás la más grave es cuando empiezan a considerar aceptables –por amoralidad más que por inmoralidad– ciertas prácticas completamente reñidas con los niveles de moralidad social que deben imperar en un país realmente civilizado.’

Pero, pregunta el periodista: ‘¿tiene algunos casos concretos a los que puede hacer referencia?’

‘No. Mi denuncia la hago en términos abstractos con el propósito de alertar, pues veía que se nos venía encima una situación que, si no se controlaba, podría acabar con la joven democracia en la que estábamos comprometidos a construir. Deseaba resaltar, además, que este no era un problema exclusivo de la administración pública, pues, como ha quedado claro, el sector privado también tiene una alta responsabilidad.’”

No deseaba, en efecto, en ese momento, ser protagonista de un nuevo escándalo político administrativo. Sin embargo, transcurrido más de medio siglo desde la entrevista, puedo afirmar que realmente me encontraba sumamente incómodo y disgustado en ese momento, porque consideraba que el gobierno debía comenzar con urgencia las obras del Metro de Caracas y que existían intereses privados presuntamente conectados con funcionarios de alto nivel que se oponían a ello, por razones comerciales o dolosas. En mi libro Las palancas del desarrollo sustentable (Gabaldón, 2024) expliqué ampliamente la dura batalla que tuve que librar para superar dichos obstáculos y dar inicio a esa obra fundamental para la colectividad caraqueña.

Nos encontramos ahora en una posición internacional nada honrosa en materia de moralidad social. Sabemos que ello dificultará mucho la llegada de nuevos capitales indispensables y anulará el esfuerzo colectivo que los venezolanos hagan para superar el subdesarrollo. Por lo tanto, invitamos a todos, en especial a la clase dirigente, a poner en la agenda nacional prioritaria la lucha contra la corrupción en todas sus expresiones y a promover un clima de confianza favorable a la expansión productiva. De lo contrario, no saldremos de la crisis.

1. Referencias bibliográficas

Adriani, A. (1998). Textos escogidos. Biblioteca Ayacucho. Volumen 217. Publicado por la Fundación Biblioteca Ayacucho. Caracas. 361 pp.

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Domingo 13 de septiembre de 2026

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