El 4 enero de 2011, Chávez vetó la aprobación de lo que los diputados oficialistas calificaron como “la mejor Ley de Educación Universitaria que se ha podido hacer en este país”. Según palabras del presidente, esa ley, si bien presentaba muchas fortalezas, también tenía muchas debilidades. Una vez vetada la Ley, convocó a sus partidarios a abrir un gran debate en el país. “Abramos el compás”, dijo, ya que “merece ser discutida con amplitud”.

Chávez exhortó a los parlamentarios que asumirían sus curules el 5 de enero de 2011, a levantar la sanción de esta ley aprobada por la recién fenecida Asamblea Nacional e instó a crear una comisión nacional para promover el debate, en aras de diseñar un nuevo instrumento legal. Después de esta exhortación, no se habló más del asunto, ni en el parlamento ni en las universidades.

De hecho, durante los siguientes 11 años no surgió alguna iniciativa para retomar la discusión sobre una nueva ley que sustituyera a la vigente Ley de Universidades. Esta mora no solo es atribuible a los diferentes parlamentos; las instituciones de educación superior tampoco promovieron la reapertura del asunto.

Ese letargo contrastó con lo sucedido durante el periodo previo a la discusión del proyecto de ley que finalmente terminó aprobándose el último día de sesiones de la AN en 2010. Ante la inminente discusión, tanto la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) como un conjunto de profesores de diferentes universidades públicas y privadas, con más de 40 mil firmas de respaldo, introdujeron en la Asamblea Nacional dos sendos proyectos de ley que nunca fueron discutidos en el hemiciclo. Inclusive se habla de la existencia de por lo menos 6 proyectos más.

Después de transcurridos esos largos 11 años, sorpresivamente para finales de enero de 2022 vuelve a hablarse de la necesidad de elaborar y aprobar un nuevo proyecto de ley para la educación más alta en el país. De hecho, tanto el Consejo Nacional de Universidades, a través de una comisión Ad hoc, como una comisión parlamentaria, inician una serie de consultas con miras a elaborar un instrumento para ser discutido y aprobado por la Asamblea Nacional.

En los medios universitarios hay consenso en considerar que es necesario elaborar una ley acorde a los tiempos. La ley de universidades vigente aprobada en 1958 y reformada en 1970, no puede responder a las nuevas realidades y retos. No solo la complejidad de la sociedad del conocimiento amerita nuevas respuestas, sino que nuestras instituciones se encuentran hoy colapsadas, debido al agotamiento de un modelo económico rentista que ya no las puede sostener. Las IES deben adecuarse a las exigencias de un mundo globalizado que crea riqueza y bienestar dependiendo cada vez más del conocimiento y cada vez menos de los recursos no renovables.

La brecha existente entre los países productores de ciencia y tecnología con respecto a América Latina y el Caribe se agranda cada vez más. Transitar el siglo XXI con una universidad anclada en el siglo XX, amplia esta brecha. Si además de esto, se privilegia la demagogia y el populismo por sobre la excelencia y la productividad académica, la posibilidad de acortarla a mediano plazo, es una ilusión.

Sin pretender agotar el tema, algunas propuestas que valdría la pena discutir para incorporar a la nueva ley, serían las siguientes:

Una Ley para la Educación Superior y no para la Educación Universitaria. El mundo de la educación superior es y debe ser diverso. Denominar a todas las Instituciones de Educación Superior (IES) como universidades, es desnaturalizar el término y esconder la diversidad deseable que debe existir en el complejo mundo de la formación profesional. La existencia de Tecnológicos, Politécnicos e instituciones con salidas intermedias o carreras cortas a nivel técnico, diversifica la oferta y brinda alternativas en atención a las exigencias de un mercado de trabajo que se ha transformado radicalmente.

Autonomía organizativa para superar modelos poco eficientes. Este es un tema pendiente, la Ley vigente organiza a las Universidades Nacionales con una estructura estandarizada por facultades y escuelas que hoy en día ha sido superada por formas más eficientes de organización que permite un uso más racional de los recursos y talentos existentes. La Ley debe permitir a las IES, en aras de la autonomía organizativa, diseñar los modelos de organización más adecuados y pertinentes.

Fuentes alternas de financiamiento: sería ilusorio pensar que las IES públicas puedan recuperarse, sostenerse y desarrollarse a partir de un presupuesto público cada vez más comprometido y con menos afluencia de recursos financieros por la renta petrolera. Es necesario sentar las bases legales para que las IES puedan explorar fuentes alternas de financiamiento, bien a través de la creación de Fondos de Desarrollo, venta de tecnología y servicios a entes públicos y privados, incluyendo la posibilidad de ampliar su oferta académica a través de la modalidad virtual a la demanda internacional. Se obtendrían recursos económicos fuera del presupuesto que, constitucionalmente, deben asignar a las IES públicas, el gobierno nacional.

La heterologación de los salarios docentes con base a la productividad académica. La figura de la homologación salarial ha traído más inequidades que justicia. Este es un tema que hay que discutir con serenidad. Pagar los mismos salarios por escalafón y tiempo de dedicación, con independencia de la actividad real del profesor, más que estimular la productividad académica, la desestimula. Es injusto que un docente que hace tareas de docencia, investigación, gestión administrativa o extensión, perciba exactamente el mismo sueldo que aquel que solo se dedica a una sola de estas actividades.

Un Sistema de Evaluación y Acreditación de las IES. Una manera de rendir cuentas, mejorar la productividad académica y brindar un servicio educativo de calidad, es a través de la creación de un Sistema de Evaluación y Acreditación de las IES, que de manera autónoma y con criterios científicos establezca un ranking detales instituciones. Esta acreditación servirá, no sólo para asegurar la calidad de la oferta académica, también aportará información para hacer una distribución presupuestaria en función de variables que van más allá del número de estudiantes matriculados. Esta propuesta se concatena con el de la heterologación de los salarios docentes. Aquellas IES con mayor productividad de sus profesores, recibirán presupuestos para sueldos docentes, con los incrementos ajustados en función de esta productividad.

Los aquí expuestos no son todos los asuntos que deben discutirse. Seguramente hay muchas otras ideas y propuestas circulando por el país. Estas son apenas algunas de ellas.

POLITIKA UCAB

Marzo 16, 2022

https://politikaucab.net/2022/03/16/pensar-la-educacion-superior-del-sig...