La afirmación de que los pensionados y jubilados en Venezuela están "condenados a muerte" por la crisis económica de los últimos 25 años es una expresión muy fuerte que refleja la extrema vulnerabilidad y las severas dificultades que este grupo ha enfrentado. Si bien no se trata de una condena literal, la prolongada crisis económica ha tenido consecuencias devastadoras para su calidad de vida, acceso a necesidades básicas y salud. La tragedia que sufren los trabajadores venezolanos a causa de una política de Estado que lo que ha hecho es generar pobreza extrema a millones de ciudadanos por los miserables ingresos y el nulo poder adquisitivo condena a muerte a los pensionados y jubilados.

No hay ninguna duda de que el impacto es brutal para todos los sectores laborales del país, sin capacidad para adquirir la canasta alimentaria calculada en 530 dólares mensuales y mucho menos la canasta general de bienes y servicios (alimentos, vivienda, vestido, salud, educación) que sobrepasa los 1.200 dólares. Diferentes estudios en cifras por demás alarmantes, señalan que solo el 10%de la población tiene ingresos para adquirirlas.

En este contexto, si la situación es difícil para un trabajador activo cuyos ingresos mensuales en promedio en el sector privado rondan los 200 dólares, más aún lo es en el sector público, donde el monto de ingreso ronda los 125 dólares, pero hay que hacer la salvedad de que en realidad el salario ha sido minimizado y sustituido por los bonos, llámense de guerra, independencia, de Navidad, lo cual constituye un fraude al concepto de salario establecido en la Constitución, y contratos colectivos, hoy ilegalmente suspendidos.

Para los pensionados y jubilados la tragedia es aún mayor al conducirles la política estatal a una situación prácticamente de exterminio, al serles inaccesible un sistema de salud básico, que evidencia las condiciones precarias extremas de un sector laboral que supera los 6 millones de trabajadores inactivos (pensionados del IVSS, jubilados de la administración pública, pensionados de la Misión Amor Mayor).

Veamos en detalle la actual composición de la población jubilada y pensionada y sus ingresos; los pensionados, es decir, los 6 millones reciben una pensión mensual de 130 bolívares mensuales cuyo valor actual ante el dólar es de 1,36 dólares y un bono de guerra económica de 42 dólares. Entretanto, los jubilados de la administración pública reciben un monto por jubilación que varía según la deprimida escala salarial de cada ministerio, que en promedio no sobrepasa los 50 dólares y un bono de guerra económica aproximado de 92 dólares. Hay trabajadores de gobernaciones y alcaldías cuyas jubilaciones registran solo 250 bolívares mensuales, equivalente a 2,63 dólares.

Con estas irrisorias cantidades como pensionados y jubilados no pueden aspirar a una vida digna, algunos se ven obligados a regresar a la vida activa a pesar de las mermadas condiciones físicas y otros perciben remesas de familiares. Sin medicinas, ni comida, esta crítica situación equivale a una condena de muerte anticipada. El gobierno ha congelado el aumento de salarios durante 3 años, asigna discrecionalmente bonos en grandes campañas publicitarias-populistas, como el de guerra económica entre otros y luego, los esquilma o recupera en el pago de servicios borrón y cuenta nueva de la electricidad, el IVA al 16%, las deducciones del SSO, Cantv, Hidrológicas, Transporte etc, reduciendo casi a cero el ingreso de los trabajadores activos, pensionados o jubilados. Venezuela está en el último lugar de América en materia salarial, aumentando la desigualdad entre empleados públicos y privados.

En esta emergencia humanitaria compleja: el hambre no da tregua. Comer en Venezuela sigue siendo un lujo para millones. Venezuela se mantiene entre los 10 países con mayor inflación de alimentos del mundo. En el primer semestre de este año, el salario mínimo solo alcanza para cubrir el 0,28% de la canasta alimentaria familiar. El 43% de la población enfrenta inseguridad alimentaria sin acceso estable a suficientes alimentos de calidad. El 69,3% de la población no tuvo acceso a servicios de salud. 11,2 millones de personas con enfermedades graves (39,4%) no cuentan con garantías de atención médica, según la Plataforma HumVenezuela, creada por la sociedad civil de Venezuela, para el monitoreo, documentación y seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, 8 de cada 10 centros de salud públicos estaban inhabilitados para atender a la mayoría de la población en Venezuela. Más del 75% del personal médico y de enfermería capacitado ha abandonado los hospitales públicos. Esta grave situación, es calificada como una emergencia humanitaria compleja donde los adultos mayores son uno de los grupos más afectados. Se habla de un "estado de exterminio" en términos de las condiciones de vida extremas que enfrentan millones de ellos.

En resumen, aunque la frase "condenados a muerte" es una hipérbole, describe de manera cruda la desesperación y el riesgo vital al que la crisis económica venezolana ha sometido a una gran parte de la población de la tercera edad durante las últimas décadas.

En relación a los trabajadores, da la impresión, por los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre que, el régimen con su consigna “Patria o Muerte” solo presta atención a una parte de la misma.