El Grupo Ricardo Zuloaga y el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente, se pronuncian ante la agudización de la crisis del sector eléctrico nacional que afecta a millones de venezolanos.

La vida sin energía eléctrica es inimaginable. El fluido eléctrico está presente en todo, desde el hogar a las industrias, las oficinas, la salud, la alimentación, la educación y el entretenimiento. Es indispensable contar con un servicio eléctrico continuo, confiable, asequible y sostenible para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.

El actual Sistema Interconectado Nacional se ejecutó durante las cuatro décadas de democracia de 1958 a 1998 y fue piedra angular en el desarrollo de las industrias del petróleo-gas; del hierro, acero y aluminio, del sector comercial y en el aumento de la calidad de vida de la mayoría de la población. Integrado por empresas públicas y privadas, llegó a ser considerado el mejor de América Latina, con una cobertura del 97 por ciento de la población, excelente calidad de servicio, uso de tecnología de punta, robustez, estabilidad y confiabilidad. Hasta 1999, cuando se producía alguna interrupción se recuperaba con rapidez y mínima afectación a los ciudadanos.

En las últimas dos décadas, la degradación del servicio eléctrico se ha hecho evidente. En el 2006 comenzaron las fallas críticas y en 2008 hubo cuatro apagones nacionales, no olvidemos que en marzo de 2019 en Venezuela hubo un apagón general que afectó 23 estados del país. Se estima que los cortes de electricidad causaron más de 1.000 millones de dólares en pérdidas. A finales de 2009, Corpoelec, por el mal manejo de los embalses hidroeléctricos y la indisponibilidad del parque térmico, comenzó a racionar el consumo de electricidad.

En la actualidad, la capacidad térmica disponible escasamente sobrepasa los 2.000 MW de los 18.000 MW instalados. Por otra parte, la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní está limitada por el descenso de la demanda de Guayana y por la capacidad de la Red Troncal de Transmisión. En Guayana existe una reserva rodante de 2,300 MW que, de no usarse localmente, debe ser descargada por los aliviaderos o se corre el riesgo de un apagón nacional en caso de fallas de generación en el sistema centro occidental.

Para justificar sus fallas el Gobierno ha utilizado múltiples excusas como: saboteo, la sequía o el daño causado por fauna silvestre. Sin embargo, la crisis actual es de su exclusiva responsabilidad y las causas del deterioro son la obsolescencia de todo el equipamiento, falta de mantenimiento, personal con escasa competencia profesional, deficiente operación y corrupción generalizada.

Se estima que en las dos últimas décadas se ha asignado al sector eléctrico más de 105 mil millones de dólares. Con la emergencia eléctrica decretada en el 2010, se hicieron adjudicaciones directas a firmas sin experiencia y se adquirieron unidades usadas y con sobreprecio. Es necesario señalar que el costo total de la inversión realizada en los 40 años de democracia (1958-1998) alcanzó los 47,000 millones de US$.

El Sistema Interconectado Nacional tiene en la actualidad instalados unos 35.000 MW y la demanda de electricidad pasó de 18.600 MW en el año 2013 a unos 12.400 MW actualmente, de los cuales solo pueden ser atendidos unos 10.400 MW. Este déficit es compensado con el racionamiento del servicio que afecta a millones de consumidores, ocasionando daños en hogares y equipos eléctricos por la variación del voltaje suministrado.

Es preciso que se entienda que Venezuela tiene una capacidad instalada hidrotérmica nominal tres veces mayor que la demanda actual, sin embargo la indisponibilidad es tan alta (75%) que hay racionamiento diarios en varias regiones del país a pesar de que casi la mayoría tiene generación instalada suficiente que, de estar disponible, las harían autosuficientes. La prioridad actual es rehabilitar lo que se pueda de lo instalado para lograr eliminar o reducir el racionamiento actual. Definitivamente, lo que se necesita actualmente es energía firme que no la aportan ni la eólica ni la solar como se está proponiendo.

El sistema eléctrico nacional se ha tornado inviable; la gestión pública ha fracasado y de no avocarse a su reingeniería integral, con la participación de los especialistas del sector, estaremos agudizando el mal al persistir en la vieja práctica de adoptar medidas coyunturales (parches). Para esto, sociedades técnicas y grupos de expertos han desarrollado planes serios y bien formulados en el país. Lo que hace falta es voluntad política y capacidad para ejecutarlos.

Se estima que las inversiones requeridas para recuperar el sistema eléctrico superan los 15.000 MM$, en un periodo de tres a cinco años. Las inversiones deberán distribuirse en generación alrededor del 35%, en transmisión 25% y 40% en distribución y comercialización, siendo prioritario rehabilitar lo que sea posible.

La solución de la crisis del sistema eléctrico pasa por cambios institucionales profundos: la ideología del régimen; un nuevo modelo económico que se aparte del rentismo y esté orientado preferentemente hacia el bienestar de los ciudadanos; un nuevo marco legal que promueva un modelo diferente de gestión del sector eléctrico basado en la eficiencia y transparencia y operado por un equipo de profesionales con sólidos conocimientos en la prestación del servicio y comprobada ética.

Es imperativo incorporar la energía eléctrica como un elemento prioritario en la política energética del país. Dentro de los nuevos elementos de una política energética es necesario emitir una nueva Ley del Servicio Eléctrico, que permita la participación de los privados en todas las actividades relacionadas con el sistema, ya que la del 2019, que aún está en discusión, no es un mapa de ruta que sirva de guía y estímulo a la inversión privada. En el mapa de ruta contemplado en la ley se deberá definir temas como la descarbonización de la matriz energética, la accesibilidad a la energía y la seguridad energética, la garantía del suministro; la visión de los retos del futuro; las tendencias sociales y de consumo del servicio; la gestión de clientes; la adaptación de las empresas al cambio y los desafíos en recursos humanos y en particular en el desarrollo de la industria del gas.

Esta Ley deberá contribuir a generar un clima de seguridad jurídica que haga viable la consecución de las inversiones privadas necesarias.

Finalmente, para implementar los cambios necesarios se considera indispensable la acción conjunta de un estado responsable y de una población consciente de sus derechos y deberes.

Caracas: 17 de octubre de 2022