El silencio autoimpuesto en buena parte de los medios de comunicación de Venezuela es el resultado de una política diseñada e implementada desde el poder por el Estado venezolano. En enero del 2007 Andrés Izarra ex ministro de Comunicación e Información del gobierno de Hugo Chávez y, en ese momento presidente de Telesur, declaró: “El socialismo necesita una hegemonía comunicacional. La hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución”.
Nicolás Maduro en sus 8 años en el poder, ha continuado e incluso profundizado la política de hegemonía comunicacional iniciada por Chávez. Doce años después de las declaraciones de Izarra, en junio del 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, dejo constancia en su informe que el gobierno venezolano “ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia visión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios independientes”.
Reputados investigadores venezolanos de las ciencias de la comunicación reconocen que, hoy en día, el gobierno venezolano ha logrado imponer su hegemonía comunicacional en el país. La instrumentación de esta política se ha traducido en cierres de periódicos y emisoras de radios cuyo número se ha reducido sustantivamente. De 140 periódicos en el 2002 hoy sobreviven 20. Entre el año 2009 y el 2020 cerraron 180 emisoras de radio por instrucciones del gobierno. Según datos del Instituto de Prensa y Sociedad y la ONG Espacio Público.
En el campo televisivo el cierre de Radio Caracas TV marcó un hito. Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV, destaca que de los 22 canales de televisión a nivel nacional, 13 de ellos pertenecen al sector público y son utilizados fundamentalmente con fines ideológicos y propagandísticos. A ello habría agregar, según Andrés Cañizales, periodista, investigador y director de Medianálisis, que el control que ejerce CONATEL sobre la televisión nacional ha llevado a que en las televisoras privadas impere la autocensura y que en ellas haya desaparecido la labor informativa casi por completo. El periodismo independiente ha migrado hacia el espacio digital, pero éste tiene un impacto limitado en la población debido a su limitada penetración en los sectores populares y al atraso tecnológico del servicio de internet en el país. A esto habría que añadir la escalada en la censura digital adelantada por el gobierno. De acuerdo al reporte “Sin derechos en Internet” de VSF, durante el 2021 fueron bloqueados 68 dominios de Internet, de estos la gran mayoría corresponden a medios de comunicación.
La reducción y colonización estatal del espacio público ha sido avalada y complementada con el desarrollo progresivo de un entramado de normas que bajo un manto de “aparente” legalidad y justicia, busca impedir y coartar la libertad de prensa y expresión en el país. Ello incluye la Ley Resorte promulgada en el 2004, La Ley de Reforma del Código penal promulgada en el 2005, La Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones promulgada en el 2010. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la tolerancia, promulgada en el 2017.
Los efectos de la hegemonía comunicacional en Venezuela se ven reflejados en los resultados que para el año 2021 arrojan el “Índice de Reporteros sin Fronteras” y el “Índice Chapultepec de la libertad de Expresión y de Prensa de la SIP”, donde Venezuela aparece junto a Nicaragua y Cuba con los índices más bajos respecto a la libertad de expresión y prensa dentro de América Latina.
Nota: este escrito es una versión corta del artículo de Ramón Cardozo titulado “Venezuela: en búsqueda de la hegemonía comunicacional” publicado recientemente en su columna regular en el Portal de la agencia alemana de noticias DW en español.
Profesor UCV.