La nueva Asamblea Nacional, surgida de la voluntad popular, ha asumido, entre sus tareas, discutir y aprobar una ley de amnistía.
En palabras sencillas, la amnistía es una decisión política, atribuida por la Constitución al Poder Legislativo, que se concreta en la renuncia del Estado a la persecución penal por determinados hechos calificados como delitos, los cuales quedan así borrados o cancelados y, por tanto, sus pretendidos autores o partícipes, libres de toda imputación, acusación o condena.
A la amnistía se recurre en todos los países en circunstancias en las cuales, en razón de conflictos o en épocas de confrontación política, la dinámica del proceso social y la tranquilidad pública demandan poner fin a situaciones que los órganos formales de la justicia no han resuelto o lo han hecho atendiendo a distorsiones y presiones, generadoras de entuertos que, por ello, deben ser rectificados.
Así como decimos, después de una ruptura dolorosa familiar que, en aras de los sentimientos nobles de hermandad, se impone la reconciliación y el olvido de las ofensas que nos han lastimado, en una sociedad organizada, por el bien común y para remediar situaciones extremas de persecución y afectación de derechos, surge la necesidad de llegar a acuerdos para el restablecimiento de la armonía y la tranquilidad de la colectividad.
No es fácil para quien tiene el poder propiciar y aceptar una amnistía, pero el Estado, colocándose por encima de intereses circunstanciales y sacrificando posiciones radicales, a la altura de los tiempos y por el bien de todos, debe facilitar salidas de encuentro de quienes han estado en posiciones extremas, exacerbados los sentimientos de venganza, incompatibles con el valor y el ideal de justicia.
En Venezuela, la amnistía tiene larga tradición en toda nuestra historia republicana y, en épocas recientes, en el año 2000, se tendió un manto de olvido sobre los hechos calificados como delitos por acciones llevadas a cabo para derrocar a un gobierno elegido por el pueblo y, en 2007, después de los sucesos de Abril de 2002, una ley de amnistía puso fin a la persecución penal contra los partícipes en esos acontecimientos, con exclusiones que hoy se deben remediar.
No hacen falta muchas normas para el éxito de esta ley. La ley de amnistía de Chávez de 2000 se limitó a 5 artículos y la ley española de 1977 solo se extendió a 12 disposiciones, después de una guerra fratricida. Pero lo que es fundamental es el logro de un consenso con miras a la meta de reconciliar al país, restableciendo un clima de concordia que no lo habrá con disidentes políticos presos.
La amnistía tiene que ver con la confrontación política y con las posiciones de intransigencia del gobierno en una sociedad polarizada; la amnistía tiene que ver con las diferencias en la conducción de la sociedad y la lucha por las ideas; y resulta fundamental que quien detenta el poder apoye y propicie una iniciativa de reconciliación, ya que, de otra manera, los obstáculos se multiplicarán para no permitir el logro de los objetivos propuestos.
El Proyecto de ley de amnistía hoy sometido a la discusión y aprobación de la Asamblea, con las características propias de la compleja situación que debe resolver, en el contexto del realismo mágico penal venezolano, con el denominador común para todos los hechos de la intencionalidad o motivación política, es una propuesta coherente, concreta, casuística -como lo exige la situación- respetuosa de los derechos del pueblo, con las limitaciones que impone la Constitución para que no se convierta en instrumento de impunidad por hechos que la Carta Magna no lo permite y que abre la puerta a una Comisión plural que debe hacer seguimiento a la ley y oír a todas las fuerzas vivas de la sociedad y, en particular “a las víctimas de la violencia en todas sus formas”.
Con la amnistía no hay vencedores ni vencidos; no hay impunidad por hechos que repudia la colectividad y que, hoy día, carecen de toda sanción; se aleja la justicia de la venganza; y no hay estímulo a la violencia ni al delito.
Sencillamente, en medio de la crisis que estamos viviendo, con esta ley se da un paso firme y decidido hacia la reconciliación de los venezolanos, haciendo buenas las palabras del Papa Francisco, recogidas en la Exposición de Motivos del Proyecto y que debemos hacer nuestras: “No hay que tenerle miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo”.
Muchos problemas que padecemos no pueden resolverse con leyes, pero una ley de amnistía, ciertamente, será un instrumento eficaz para iluminar este trecho de la vida de los venezolanos.
El Nacional, 15 de febrero 2016