En América Latina y particularmente en Venezuela es tradicional que seamos exageradamente reglamentistas; para casi todo tenemos una ley, un reglamento, una norma, un estatuto, siempre con la noble intención de que las personas actúen dentro de unos patrones de comportamiento deseables y aceptables por la sociedad. Esto es particularmente aplicado a las instituciones públicas del país.

La reglamentación, en general, tiene sus ventajas pero también enormes desventajas cuando no se usan apropiadamente, particularmente cuando no nos cuidamos de su obsolescencia ni aplicamos los correctivos a tiempo y acertadamente.

Esta situación en Venezuela se ha exacerbado durante los últimos veinte años durante los cuales han sido promulgadas leyes para casi todo pero la mayoría de ellas violadas, con mucha frecuencia y sin el consiguiente castigo.

El ámbito universitario no escapa a esa condición, la cual ha frenado, en cierto grado, el apropiado desarrollo y progreso de las instituciones del sector, haciéndolas aún mas vulnerables a los factores adversos a las mismas. Esa exagerada reglamentación promueve la rutina, la inflexibilidad cuando de cambios se trata y limita la capacidad de innovación.

A ese respecto y a manera de ejemplo, existen múltiples reglamentos con relación a cuál debe ser el comportamiento de estudiantes y profesores, pero cuando alguno de ellos se salta, no solo el reglamento correspondiente, sino también el comportamiento ético acorde con su condición universitaria, son tantos los vericuetos legales y sub legales a los cuales se apela, que la sanción o castigo nunca llega o se aplica muy tardíamente. Sucede que, a veces, creamos marcos demasiado rígidos de cumplir pero procedimientos sancionatorios demasiado laxos y complicados.

Otro ejemplo fehaciente son los reglamentos de ingreso de profesores los cuales, hacen prácticamente imposible que un profesional o científico de reconocidos y demostrables méritos pueda ingresar, por primera vez, a la carrera docente en las categorías superiores del escalafón. Se sigue manteniendo la categoría de instructor como la vía preferencial de ingreso, destinada a profesionales recién graduados de poca o ninguna experiencia. Eso supone para las universidades un exagerado costo económico y de tiempo en la formación de su personal académico.

Las equivalencias y revalidas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias existentes, se manejan de manera muy arcaica, con base a los contenidos de materia por materia, sin ninguna consideración a la integralidad de la formación del aspirante a incorporarse, a mitad de camino, a una carrera o aquel que aspira a ejercer legalmente una profesión universitaria sin ser graduado de una universidad venezolana. Esta situación se hará cada vez más compleja a medida que aparezcan nuevas carreras y profesiones con diferentes nombres pero con contenidos muy similares.

Lo mencionado anteriormente nos lleva a pensar que la adaptación de nuestras universidades a un mundo en rápido y permanente cambio ocurre, en muchos casos, muy tardíamente, lo que trae como consecuencia, entre otros aspectos, lo lentos que se hacen los cambios de programas y curricula, no solo en cuanto a sus contenidos sino también en los métodos de enseñanza de los mismos, dificultando adaptarlos a las nuevas realidades locales, nacionales y mundiales.

La rigidez reglamentaria da poca oportunidad a cada profesor de innovar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde con las características de cada materia, cada especialidad, cada ciencia, encasillándolas todas bajo un mismo patrón.

Sobre este tema, estoy convencido de que deben existir las leyes, reglamentos y normas necesarias como guía general para el buen funcionamiento institucional, pero con las vías procedimentales que propicien el dinamismo y la capacidad de actualización permanente de nuestras universidades, de acuerdo con los avances de la ciencia, de la tecnología, la cultura en general y en particular con el progreso de la humanidad a la cual pertenecemos.

Sobre este particular seguramente encontraremos posiciones encontradas entre los más tradicionalistas y los muy proclives al cambio, pero siempre, mediante el análisis y la discusión, ha de encontrarse un punto de equilibrio que beneficie a nuestras universidades. LQQD.

Profesor Titular (J), UCLA, Ingeniero Agrónomo, Ph.D.