La Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, conjuntamente con todas sus Coordinaciones Regionales y del exterior, fieles a los valores y principios que expresamos al momento de establecer el Pacto Ciudadano para el Restablecimiento Constitucional en febrero del año 2021, e inmediatamente después de la Consulta Ciudadana realizada del 7 al 12 de diciembre de 2020, donde solicitamos el apoyo nacional e internacional para activar los mecanismos institucionales en función del restablecimiento de la democracia y la protección del pueblo de Venezuela; no sólo en concordancia con el mandato del Artículo 333 de la Constitución venezolana, sino también en resguardo de la obligación establecida en el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, y la Seguridad Colectiva establecida en el Artículo 28 de la propia Carta de la O.E.A., reiteramos, especialmente ahora cuando el pueblo venezolano se expresó contundentemente a favor de un cambio institucional y democrático en nuestro país el 28 de julio de 2024, que el restablecimiento constitucional y democrático es la única solución efectiva a la crisis venezolana. En este sentido, consideramos de suma importancia expresar lo siguiente a la Nación:

La elección presidencial del pasado 28 de julio, llevado adelante con la institucionalidad construida por quien ha ejercido subvertidamente la autoridad en Venezuela por más de 20 años, y que contó con el respaldo amplio de la comunidad internacional -en tanto y en cuanto mecanismo democrático para superar la crisis multiforme en nuestro país-, requiere mayor vigor para no convertirse en un nuevo y aún más doloroso escenario fallido.

La retórica, los diálogos, las negociaciones, la diplomacia, se ven emplazadas ante la verdad de los hechos: aun sin las condiciones electorales mínimas, se pudo constatar la voluntad popular en unas Actas que fueron acopiadas por la oposición y demostradas al mundo. O Nicolás Maduro Moros materializa el golpe a la voluntad popular el 10 de enero, o entrega el poder debido a presiones que no podremos visualizar hasta que ocurran. El proceso electoral del 28J es el hecho cierto que no puede sacarse el régimen de encima. Con mucha sensatez y tino histórico debemos revisar esta situación. Lo oportuno de las acciones que se deriven de este análisis, determinarán el curso exitoso de todo lo que se pretenda en Venezuela en el futuro inmediato.

Para ser eficaces en los procesos políticos que pretendan implantarse en los días subsiguientes para superar la tantas veces denunciada crisis venezolana, resulta capital identificar el proceso constitucional (elecciones, referendos, constituyente o restablecimiento constitucional) que, con base en la autodeterminación de los pueblos y la soberanía popular, mejor sirva a los efectos de aprovechar, rápida y efectivamente, los aspectos positivos de la jornada del pasado 28 de julio. En palabras concretas, se requiere poner sobre la mesa los mecanismos que permitan cumplir eficazmente (que se haga o cumpla) el restablecimiento constitucional ordenado en nuestra Constitución, así como el restablecimiento democrático ordenado por la Carta Democrática de la OEA

En nuestra opinión, el único marco general de actuación en la deformada realidad institucional de Venezuela, es el restablecimiento constitucional (y democrático) establecido en el artículo 333 constitucional. Los investidos o no de autoridad debemos colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución.

Conocido el talante hegemónico del régimen, violador del orden constitucional y secuestro de las instituciones de la república, hoy inexistentente, surge a partir del 22 de octubre del 2023 el firme liderazgo de María Corina Machado (MCM) que hace renacer la esperanza y fe en los venezolanos a quienes convoca, organiza y conduce al contundente triunfo electoral de Edmundo González Urrutia (EGU) el 28J; conformándose un extraordinario y robusto capital político de apoyo a su liderazgo, decidido y presto al cambio. Y a pesar de las condiciones adversas impuestas por el régimen al proceso electoral, era para todos  previsible el resultado aplastante contra su candidato Nicolás Maduro Moros, como de su negativa a reconocer su derrota y pretender mantenerse en el poder; y ante este detestable e indigno desacato a la voluntad popular, es igualmente previsible pensar  disponer de un accionar cívico,  organizado y legítimo de la inmensa  mayoría de los venezolanos direccionados por MCM Y EGU, en defensa y legitima validación a su voluntad soberana expresada el 28J. para el rescate y libertad de la nación con el apoyo adicional posible, legitimo, real y verdadero de la Comunidad Internacional, cada vez más interesada en resolver definitivamente el caso Venezuela,

Sin ánimo de obstruir o entorpecer cualquier iniciativa que permita concretar el relevo alternativo  constitucional en la presidencia, -prioridad nacional-,  y dada la manifiesta negativa del régimen a reconocer el legítimo y constitucional mandato popular del 28J, más la creciente y profunda  crisis estructural que la nación padece; para ANCO es un deber, consecuente con su accionar y su Propuesta Constituyente hecha a la nación de “El Gran Cambio” y que “El Pueblo Decida”, como depositario de la soberanía popular, la aplicación de ambas vienen a ser una condición ética adecuada y oportuna de sana política de Estado, en las circunstancias actuales y futuras inmediatas.

Por lo que proponemos respetuosamente al liderazgo democrático, encabezado por el presidente electo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, así como los demás sectores representativos de la nación, a que en el momento más adecuado, acorde al contumaz despropósito y conducta  hegemónica del régimen, se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente plural, incluyente, participativa, electoral y democrática, como una solución que permite y da piso y legitimidad efectiva a la adecuada y oportuna gobernabilidad, como al proceso de acuerdos y garantías entre las partes involucradas (Oposición Democrática, Régimen y Comunidad Internacional), -como lo viene declarando la propia líder MCM-,  además guie y norme el Gran Cambio de la  impostergable y urgida reconstrucción y construcción real de la nación, en la necesidad de tener un verdadero Estado moderno, desarrollado, próspero y descentralizado.

Dos maneras tenemos para su convocatoria acorde con la Constitución (Artículos 5, 333, 347, 348, 349 CRBV). La primera mediante la recolección dentro y fuera del país del 15% de firmas de venezolanos inscritos en el Registro Civil y Electoral, (3.15 mm. aprox.), sin la injerencia del CNE. Cifra ampliamente superable de manera abrumadora. La segunda, convocada por el presidente en ejercicio, EGU. Ambas sin necesidad de convocar a referéndum consultivo, según sentencia del TSJ. De esta manera se constitucionaliza el proceso político nacional.

Por lo que respecta al proceso concreto con la fuerza constitucional para revertir deformaciones y establecer un orden institucional respetado internamente por todos los venezolanos y externamente por los países afectados y comprometidos en y por la crisis venezolana, reiteramos que el proceso Constituyente (Artículos 347 348 y 349 constitucionales) es el evento democrático-participativo con la fuerza republicana suficiente para convertir los acuerdos en soluciones eficaces y contundentes, con cabal, masiva y plural participación.

Es evidente que quienes ejercen la autoridad en Venezuela harán todo y más para no dejar el poder, entendiendo que, con el poder o sin él, enfrentarán consecuencias de orden penal internacional, al no poder contener -detener las causas judiciales foráneas que se ven fundamentadas, no solo por los crímenes cometidos, sino por la denunciada- y la comprobada incapacidad interna para investigar y sentenciar con verdadera justicia. No tienen los principales responsables de la crisis venezolana cómo solventar esto en una negociación directa con los organismos internacionales. No tienen los diálogos ni las negociaciones la capacidad constitucional ni la legitimidad para acordar estas materias. Pero, el tratamiento sensato y eficaz de estos temas nos ahorrarán lamentaciones en cualquier lugar en que nos ubiquemos en el contexto político venezolano.

En conclusión, los nudos institucionales y constitucionales del Estado venezolano solo pueden ser superados en un evento Constituyente. También, los asuntos relativos a la administración de justicia, a los bienes venezolanos y de venezolanos en el exterior, a las averiguaciones penales foráneas, al régimen de transición que examinaría la validez y vigencia de las actuaciones del Estado venezolano, entre otros temas cruciales e ineludibles, pueden ser abordados en una instancia con fuerza constitucional, originaria, republicana, cohesiva, restablecedora y refundadora como una Asamblea Nacional Constituyente.

Tenemos la convicción, demostrada por el amplio y contundente reconocimiento nacional e internacional, y en especial el de los EEUU, al triunfo electoral del presidente electo, Edmundo González Urrutia, que este se juramentará como próximo presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. Y es porque tenemos esa convicción que será necesario reafirmar todos ese triunfo de la soberanía popular con el comienzo de la reconstrucción institucional del país, y la vía legítima para hacerlo es que el presidente González Urrutia convoque al pueblo venezolano a una Asamblea Nacional Constituyente como una de sus primeras decisiones de Estado, con el fin de reconstruir entre todos la Nación, y garantizar la estabilidad política del país, como solución efectiva y permanente a la crisis de Venezuela.

Creemos que estos temas deben ser abordados con prontitud y seriedad dentro y fuera del país, ya que, millones de ciudadanos de todo el mundo, venezolanos o no, pueden tener aparejada su suerte individual al destino de lo que termine ocurriendo con la democracia en Venezuela.

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que, si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Simón Bolívar

Carta dirigida a Santander, octubre de 1826

Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO)

Caracas, 22 de noviembre de 2024

Enlace Oficial: https://ancoficial.blogspot.com/2024/11/comunicado-anco-el-restablecimiento.html