El hecho de que algunos dirigentes de la oposición propongan el revocatorio como forma de concluir esta absurda pesadilla, no sería motivo de preocupación si a ella no viniera adosada una virulenta campaña de desprestigio de otras maneras igualmente válidas: la nacionalidad y la renuncia.

Los opositores que se adhieren sinceramente a la necesidad de poner fin a este desgobierno para salvar al País de mayores males, seguramente tendrán razones para preferir una u otra manera, en virtud de su viabilidad y del menor costo humano y social; pero los que anteponen sus intereses personales o grupales, pudieran estar calculando lapsos y oportunidades, intereses electorales y acuerdos subrepticios, con vista a las elecciones presidenciales de 2019.

Según el artículo 233 de la Constitución, «Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.»

Solo un amnésico grave podría vislumbrar un futuro revocatorio presidencial sin recordar al que fuera sometido Chávez en 2004, propuesto por una Coordinadora Democrática, hasta tal punto sumisa, que admitió una deformación de la letra, espíritu, propósito y razón del artículo 72 constitucional y la conversión del revocatorio en un plebiscito, sin asidero jurídico alguno.

El tercer párrafo del citado artículo 72 dice a la letra: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.» El verbo, es decir, la parte de la oración que nos informa la acción, es la forma compuesta «hubieren votado», del verbo votar. El «si» y el «no» plebiscitarios, acordados por el revocable Chávez y la oposición oficial, fue claramente inconstitucional y sin fundamentación jurídica alguna. Lo que pasó ya es historia.

Lo acontecido sería anecdótico, si las personas que rompen lanzas a favor del revocatorio presidencial no fueran las mismas que negociaron el pasado, hasta convertirlo en un plebiscito proclive a Chávez. Esta circunstancia nos hace temer lo siguiente:

- El CNE, en su condición de apoderado electoral del chavismo, hará cuanto esté a su alcance para que el revocatorio no se efectúe y, en el peor de los casos para él, se realice durante el cuarto año del revocable, con lo cual saldría Maduro, pero no el régimen;

- Como ya nos tiene acostumbrados, la oposición oficial protestará la inacción del CNE, se rasgará las vestiduras ante el retardo pero, al final, aceptará el abuso entre llantos y quejas;

- A buena parte de la oposición oficial le conviene que el revocatorio se postergue hasta el cuarto año del mandato, pues de esa forma Leopoldo López seguirá preso e inhabilitado y dejará de ser un estorbo para los planes presidenciales de otro. La defensa a ultranza que algunos hacen del revocatorio pudiera estar dirigida a descabezar electoralmente a Leopoldo y no –en realidad– a ponerle punto final al régimen.

Además, es casi seguro que la Ley de Amnistía sea declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues si no lo hiciere, los presos políticos obtendrían la libertad y el régimen perdería su rehén más valioso y buena parte de su capacidad de negociación, pues algunos «opositores» parecen dispuestos a ceder hasta lo inimaginable a cambio de que Leopoldo permanezca en Ramo Verde hasta después de las elecciones de 2019.

Espero estar equivocada. Amanecerá y veremos.

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