Al comenzar este año la salida a la crisis política que cada vez más nos arrastra hacia el sótano de nuestra historia, solo se vislumbran tres opciones que parecieran no tener ninguna vinculación entre sí, aunque siempre habrá quien argumentará a favor de la posibilidad de conciliarlas.

Una y la más expedita es el golpe de estado seco, que no tenemos en lo personal ninguna manera, ni conceptual ni operativa de ayudar a hacer realidad y que da la impresión de que no contaría en contra ni siquiera con la conformista expresión “más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Otra, sin duda la más dolorosa en términos de vidas perdidas y bienes materiales destruidos es la tan mentada rebelión popular o explosión social que pareciera el término apropiado, que lejos de muestra de conciencia política organizada daría rienda suelta a las pasiones humanas más primitivas que justificadas por el hambre y la falta de esperanza, nos llevarían a ignorarlo todo y a “jugarnos a Rosalinda” sin ninguna garantía para nadie, sin importar el papel de activos o pasivos que decidamos o nos veamos obligados a adoptar.

La que queda, la salida política, solo posible a través de la presión concertada de todos los integrantes de la sociedad, civil y militar, para el logro de un acuerdo que permita no solo el indispensable cambio de gobierno, sino la reconstrucción del país mediante la refundación de sus instituciones y la adopción de un cuerpo de normas de convivencia innegociables.

La Asamblea Nacional Constituyente Originaria es la única vía que hemos tenido siempre; sus detractores la descartan por ser un acto repetido fallidamente en nuestra historia, por la abundancia de leyes existentes y por la imposibilidad de lograrla en un régimen dictatorial. Con ello, a la par de descalificarla como instrumento constitucional vigente y más fácil de instrumentar que otros intentados, abonan el terreno para el sostenimiento de la polarización política, negatoria de la diversidad y del pluralismo indispensable para la existencia de la democracia, afianzando la permanencia de regímenes de gobierno centralistas, desconocedores de las realidades y necesidades locales, e imbuidos de la presunción repetidamente errada de que la gente no sabe lo que quiere y que siempre tendremos necesidad de unos pocos que nos guíen.

La elección de una Asamblea Constituyente promovida, organizada y supervisada por la sociedad se traduciría de inmediato en el cese de todos los poderes constituidos dando paso a un ejecutivo concertado de transición y a la designación también transitoria del resto de los poderes de acuerdo a criterios de capacidad y honestidad de muy fácil comprobación práctica.

Transcurrido el lapso que la misma constituyente propusiese, una vez aprobado por los venezolanos en el ineludible referendo, el país tendría que elegir los poderes constitucionales a los que hubiere lugar, siendo condición previa indispensable que de inmediato (2017) y sin ninguna otra consideración se procediese a la elección de gobernadores y Consejos Legislativos, así como a la de alcaldes y Concejos Municipales a finales de este año.

¿Qué tienen que negociar los políticos por mandato de sus empleadores, es decir, de todos nosotros?

La modificación inmediata, concertada e inapelable de la Ley Electoral y la Ley del Poder Electoral para no solo garantizar la obvia necesidad de imparcialidad de los procesos eleccionarios, sino además la representación proporcional de las ideas en los órganos colegiados y las condiciones de financiamiento público y privado de las futuras campañas.

Hacer realidad lo que ha propuesto tanta gente y que es hoy clamor nacional, solo demanda capacidad política, sentido de trascendencia histórica y desear vehemente y sinceramente un país diferente y de TODOS. La mayoría así lo quiere.

PD:

No es cierto que tengamos la mejor constitución del mundo, ni que ella proteja los derechos de los venezolanos. De hecho ha sido la más manoseada e incumplida.