Hay momentos en la historia de los países en los que las instituciones (y algunos de sus ciudadanos) dejan de cumplir su función y responsabilidades y pasan a ser piezas sueltas de una maquinaria diseñada para simular normalidad. Venezuela ahora atraviesa uno de esos momentos. La Asamblea Nacional, lejos de actuar como órgano de representación y control, se ha convertido en un instrumento para construir y profundizar, mediante reformas de leyes, una realidad falseada que pretende sustituir el orden constitucional.

Desde el 3 de enero, el país ha sido conducido hacia una reconfiguración política que no responde a una verdadera transición democrática, sino a una mutación controlada del poder. Bajo la apariencia de reformas legislativas y reorganización institucional —nuevos Fiscal General, Defensora del Pueblo, Jubilación anticipada de Magistrados—, se ha desplegado una estrategia orientada a asegurar la continuidad del statu quo, ahora con nuevos matices y colores.

La aprobación de normas como la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley Orgánica de Minas, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, junto con los proyectos en curso sobre el Tribunal Supremo de Justicia y los derechos socioeconómicos, no puede analizarse de forma aislada. Estas actuaciones, sumadas al nombramiento de nuevas autoridades —insisto, Fiscal General, Defensora del Pueblo y magistrados— configuran un rediseño institucional dirigido a blindar el poder, no a democratizarlo.

Es un nuevo marketing político. Reingeniería de poder. Lo que se presenta como reforma es, en realidad, una operación de consolidación. Una transición sin ruptura real, sin restitución del orden constitucional y sin devolución efectiva del poder al ciudadano.

Más grave aún es que este proceso ha sido acompañado por una forma de tutela externa que, lejos de corregir las distorsiones del sistema tiránico de 27 años, ha terminado por validarlas bajo un esquema distinto. La injerencia internacional, particularmente la de Estados Unidos, no ha producido la restauración democrática esperada por los venezolanos. Por el contrario, ha contribuido a sostener una continuidad con rostro renovado, una adaptación funcional del mismo modelo de poder. El mismo circo, pero con nuevos trucos.

Es una metamorfosis política que recuerda —no por casualidad— a las transformaciones descritas por Franz Kafka: cambios visibles en la forma, pero no en la esencia.

Mientras tanto, la Constitución permanece suspendida, invalidada, en la práctica. Sus principios —soberanía popular, separación de poderes, legalidad, respeto de los derechos humanos, pluralidad política— han sido desplazados por decisiones que responden solo a intereses de preservación política. Los derechos fundamentales, en todas sus dimensiones —políticas civiles, sociales, económicas, culturales y ambientales— continúan vaciados de contenido real.

Desde el punto de vista constitucional, el panorama es claro: la situación derivada de los hechos del 3 de enero ha superado ampliamente los límites de una falta temporal. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia siguen mudos. La imposibilidad material de ejercicio del cargo presidencial por más de noventa días configura una falta absoluta, con una consecuencia directa e ineludible: la convocatoria a elecciones libres.

No se trata de una interpretación política, sino de una exigencia constitucional. Sin elecciones libres, no hay transición. Es el deber ser. Sin restitución del orden constitucional, no hay legitimidad. Sin participación real del pueblo, no hay democracia.

Lo que hoy se intenta consolidar no es el cambio que los venezolanos han esperado durante años, sino una reorganización del mismo sistema que ha producido 27 años de arbitrariedades, abusos y violaciones de derechos.

Frente a esto, la respuesta no puede ser la resignación ni la dependencia de soluciones externas ni concertadas en pasillos o calles extranjeras. La salida sigue estando, como siempre debió estar, en las manos de la sociedad venezolana y en su Constitución.

Sabemos que el escenario ha cambiado, que las estrategias deben ajustarse y que la lucha por la democracia enfrenta nuevas condiciones y retos. Pero también implica no perder de vista lo esencial: ningún proceso impuesto desde fuera sustituye la voluntad soberana del pueblo. NINGUNA.

Las instituciones pueden estar secuestradas, pero la fuerza de las ideas, el corazón vibrante y la capacidad de organización social siguen siendo factores determinantes. La historia demuestra que los regímenes no solo caen por presión externa, sino por la acumulación interna de conciencia, resistencia y propósito.

No subestimemos ese poder.

Porque cuando una sociedad decide reensamblar sus piezas, ordenar las piezas sueltas de una maquinaria diseñada para vivir en democracia y normalidad, incluso las estructuras más rígidas —esas que hoy parecen firmes y seguras— pueden terminar revelando lo que realmente son: un sistema lleno de tuercas y tornillos sueltos.

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