¡No debería ser así!!! Pero siete meses después de la extracción de Nicolás Maduro, la estrategia estadounidense ha producido algunos resultados (mayor capacidad de influencia externa, apertura de canales de negociación y reactivación de intereses económicos) no ha mostrado resultados verificables en los asuntos que determinan la legitimidad de una transición: mejora de vida cotidiana, liberación de presos políticos, desmontaje del aparato represivo, restitución de derechos y ruta electoral creíble.

La estrategia de Washington corre el riesgo de confundir “estabilización administrativa” con transición democrática. Delcy Rodríguez mantiene el control de la administración interna y el chavismo conserva estructuras de seguridad, inteligencia, control territorial y capacidad de coerción. Mientras esos mecanismos permanezcan intactos, cualquier mejora económica puntual, acuerdo petrolero o anuncio de diálogo será insuficiente para cambiar la realidad política y social del país.

El problema de fondo

La política estadounidense parece haber apostado por una transición gradual: evitar vacío de poder, preservar la administración del Estado, sostener la actividad petrolera y negociar reformas institucionales con sectores del chavismo y una fracción de la oposición. La conversación formal iniciada en Caracas incorpora a Dinorah Figuera, exiliada durante ocho años y retornada al país con respaldo de Washington, para negociar reformas del sistema electoral e institucional.

La lógica tiene sentido operativo, pues una ruptura brusca podría abrir desorden, mayor migración, conflicto entre facciones armadas y colapso de servicios. Pero una estrategia razonable en el corto plazo puede convertirse en un error si no establece condiciones, plazos y consecuencias claras. El chavismo ha demostrado capacidad para usar diálogos prolongados como mecanismo para ganar tiempo, reordenar alianzas, reducir presión y preservar núcleos de poder.

La pregunta no es si se debe negociar. La pregunta es si la negociación está produciendo cambios irreversibles o si se está transformando en una cobertura política para que el sistema se adapte, se recomponga y sobreviva con nuevos interlocutores.

Señales que obligan a corregir

La población no percibe aún una mejora proporcional a la magnitud del cambio prometido. Persisten pobreza, deterioro de salarios reales, fallas de servicios y una economía cotidiana que no refleja los anuncios de apertura, reactivación petrolera o cooperación internacional. Si la transición no toca las condiciones de vida, pierde rápidamente su capital social.

La estructura coercitiva continúa siendo el principal obstáculo. Senadores estadounidenses de ambos partidos han advertido que las instituciones que sostuvieron años de persecución siguen intactas. La resolución impulsada por Ted Cruz y Jeanne Shaheen pide elecciones libres y transparentes, liberación de presos políticos y responsabilidad para quienes dañen a candidatos o actores políticos, con mención explícita a María Corina Machado.

Este punto es determinante: una transición no puede considerarse real mientras un sector político conserve capacidad de intimidar, detener, desaparecer o impedir el retorno de adversarios. La seguridad de los actores democráticos —incluida Machado— no es un asunto secundario ni individual; es la prueba de si existe apertura política efectiva.

La exclusión de Machado de la mesa formal profundiza el problema de legitimidad. Washington ha privilegiado un diálogo entre el gobierno interino y otros sectores de oposición, mientras la dirigente con mayor reconocimiento opositor permanece fuera y no puede regresar sin que ocurran reformas adicionales. Esto puede permitir conversaciones técnicamente ordenadas, pero reduce la capacidad del proceso para generar confianza popular y aceptación duradera.

La gestión de Dinorah Figuera debe evaluarse por resultados y no por anuncios. Su rol puede ser útil si logra compromisos visibles en materia de restitución de partidos, renovación del Tribunal Supremo de Justicia, cambio del Consejo Nacional Electoral, liberación de presos y convocatoria electoral.

El calendario divulgado apunta a avanzar en derechos políticos y partidos antes de octubre, renovar el Tribunal Supremo en noviembre y el CNE en diciembre. Sin cumplimiento verificable, la percepción de que la mesa funciona como maniobra distractiva será difícil de revertir.

El costo de no corregir

Mantener la estrategia sin cambios puede generar cuatro consecuencias:

• Normalización del poder chavista. La cooperación práctica con Delcy, sin exigencias verificables, puede fortalecer su capacidad de presentarse como administración aceptable ante Estados Unidos, mientras conserva los instrumentos que hicieron posible la represión
• Pérdida de legitimidad democrática. Si el proceso marginaliza a Machado, no permite el regreso seguro de exiliados ni libera presos políticos, la población puede interpretar que se negocia una redistribución de poder entre élites, no una recuperación de la soberanía popular
• Frustración social y desmovilización o explosión. La brecha entre promesas de cambio y continuidad de pobreza, servicios deteriorados y miedo político es el terreno más fértil para apatía, migración y desesperanza… o también una explosión social porque el miedo está siendo vencido
• Deterioro del respaldo en Washington. La iniciativa bipartidista en el Senado indica que la duda sobre la estrategia ya no proviene únicamente de opositores políticos de Trump. Republicanos y demócratas están reclamando elecciones, liberación de presos y protección de los actores políticos… con las elecciones de medio término a la “vuelta de la esquina”

Qué debe cambiar

Estados Unidos debería pasar de una estrategia basada en diálogo y estabilidad a una estrategia de estabilidad con condiciones. Esto exige vincular toda cooperación política, económica, petrolera y financiera a resultados concretos y medibles.

Primero, debe fijar un cronograma público para la liberación de presos políticos, retorno seguro de exiliados y restitución de derechos de partidos y dirigentes. No deben ser compromisos genéricos ni etapas indefinidas: cada avance debe tener fecha, mecanismo de verificación y consecuencia por incumplimiento.

Segundo, debe exigir garantías de seguridad verificables para candidatos, dirigentes, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. La posibilidad de que María Corina Machado regrese y participe libremente es la prueba más visible de que el país está saliendo de un modelo represivo.

Tercero, debe condicionar el acceso a ingresos petroleros, alivios de sanciones, inversiones y financiamiento a reformas institucionales irreversibles: renovación independiente del CNE, Tribunal Supremo con garantías, observación internacional y fecha cierta para elecciones.

Cuarto, Washington debe ampliar la legitimidad del proceso. La inclusión efectiva del sector de Machado no es una concesión simbólica: es necesaria para que los acuerdos tengan respaldo social, competencia electoral real y viabilidad posterior. Sin Machado no hay transición sostenible, porque no habrá confianza suficiente para cerrar la disputa política ni para atraer inversión de largo plazo.

Conclusión

La estrategia de Estados Unidos no puede sostenerse sin cambios si el resultado práctico es una estabilización del chavismo sin democratización de Venezuela. La política de “primero orden, después democracia” solo será defendible si el orden se usa para desmontar la represión y abrir elecciones, y no para administrar indefinidamente el mismo sistema con otra fachada.

Hace tiempo era posible advertir este riesgo: que, sin condiciones claras, plazos verificables y participación de quienes representan una alternativa democrática, el diálogo podía terminar facilitando el reordenamiento del chavismo. No conviene llegar al momento de decir: “se los dije”. Todavía hay una ventana para corregir, pero se está cerrando: cada mes sin resultados concretos fortalece a quienes administran el poder y debilita a quienes esperan un cambio real.

Noticias Destacadas

• NTN Consultores: el chavismo no solo está administrando el poder, sino que está librando una campaña comunicacional para convertir la transición en una narrativa de continuidad ordenada. La estrategia busca blanquear a Delcy Rodríguez, disminuir la centralidad de María Corina Machado, multiplicar interlocutores y ganar tiempo mientras preserva sus capacidades reales de control.
• Diario Las Américas. Rick Scott: María Corina Machado debe volver a Venezuela y competir en las elecciones. El senador republicano por Florida dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que Venezuela debe celebrar elecciones el próximo año y que todos los candidatos deben tener una oportunidad real de competir, incluida Machado
• El Pitazo: Ramos Allup sobre la mesa de diálogo: esa comisión empezó mal y está prolongando al régimen de facto. El dirigente de Acción Democrática no estima que ese proceso tenga resultados exitosos del país e insistió en sus críticas por la ausencia del resto de los partidos de la Plataforma Unitaria y la líder opositora María Corina Machado
• EFE: Israel informó a EE.UU. del bombardeo al aeropuerto sirio y atacó sin recibir respuesta
• AP: Jefe de seguridad de Irán amenaza a vecinos que se sumen a medidas económicas de EEUU
• ANSA: Trump insiste: “Ormuz es territorio estadounidense”
• ANSA. Vladimir Putin jura venganza: “Ucrania abrió la caja de Pandora atacando la economía”

Lo que no fue noticia (y debería serlo)

• Qué la comunicación oficial busca separar la figura de Delcy Rodríguez de los costos políticos del chavismo. El mensaje no es ideológico; es gerencial: “hay administración, interlocución con Washington, petróleo, estabilidad y diálogo”. Con ello intentan hacer aceptable una transición sin cambio sustantivo de quienes controlan el Estado. El riesgo es que Estados Unidos premie una apariencia de gobernabilidad mientras permanecen intactos los mecanismos de control político, económico y territorial. La pregunta que debe dominar el debate no es si Delcy puede administrar la coyuntura, sino si está desmontando el sistema que hizo posible la represión
• O que la exclusión de María Corina Machado de la mesa no necesita ser presentada como una derrota. El dispositivo comunicacional funciona mejor si se la deja como figura moral, internacional y simbólica, mientras otros actores ocupan el espacio de las decisiones. La mesa impulsada por Washington entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera se instaló sin Machado ni Edmundo González; ambos han dicho que no bloquearán avances reales, pero reclaman resultados verificables y una ruta electoral. La operación persigue una idea peligrosa: que se puede construir una transición “técnica” sin la persona y el movimiento con mayor capacidad de representar el mandato político de cambio. El objetivo no es necesariamente destruir a Machado; es volver prescindible su participación para que el sistema negocie una apertura limitada sin ceder el poder real
• Ni que la gestión de Dinorah Figuera puede tener valor si produce avances concretos. Pero, en ausencia de transparencia, cronograma público, liberaciones, garantías y cambios institucionales verificables, la mesa corre el riesgo de ser percibida como un instrumento para consumir tiempo político. La comunicación del proceso privilegia la imagen: reuniones, comunicados, fotos, regreso de exiliados y lenguaje de “reconstrucción” o “fortalecimiento democrático”. Sin embargo, ciudadanos y observadores han reclamado transparencia precisamente porque no conocen suficientemente los objetivos, método ni calendario de la negociación. El chavismo gana aun si no concede: cada semana de diálogo sin resultados reduce presión, divide expectativas y facilita su reacomodo
• Tampoco que Otra pieza central es el uso de empresarios, operadores económicos y voceros de “estabilidad” para instalar que cualquier ruptura del modelo actual traería caos, pérdida de empleos, caída de inversiones o represalias. Para sectores que construyeron privilegios, acceso a divisas, licencias, importaciones, contratos y protección bajo el chavismo, una transición auténtica implica competir bajo reglas, transparentar relaciones y eventualmente enfrentar responsabilidades.

No todos los empresarios vinculados al Estado comparten la misma conducta o interés, pero el incentivo estructural existe: preservar el arreglo actual resulta menos riesgoso que aceptar una apertura con reglas, auditorías, competencia y justicia. La campaña mediática busca entonces presentar la continuidad como “pragmatismo” y el cambio profundo como “radicalismo”. La respuesta democrática debe evitar atacar indiscriminadamente al sector privado. Debe separar claramente entre actividad empresarial legítima y captura de rentas públicas. El mensaje correcto es: habrá inversión, propiedad y estabilidad, pero sin opacidad, privilegios ni impunidad.

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