Jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones jurídicas dictadas por órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Tiene el valor de ser fuente de conocimientos que contribuye a evitar que una misma situación jurídica sea interpretada de forma distinta. Jurisprudencia es la doctrina establecida por los órganos judiciales que se repite en más de una resolución. En otras palabras, la jurisprudencia es el entendimiento de las normas jurídicas, basado en las sentencias que han resuelto casos tomado en cuenta en las normas.
Ahora bien, conocidas las sentencias de este Tribunal Supremo (TSJ) que tenemos, sobre todo en materia de Derechos Humanos y constitucionales, ellas solo deben servir como ejemplos de lo que nunca debe ocurrir, de lo antijurídico, de lo anti-derecho y anti justicia.
Una de las últimas sentencias de este TSJ, creo la última, referente a la supuesta inhabilitación para detentar cargos públicos de María Corina Machado, es una monstruosidad del tamaño más alto, de lo contrario a derecho y a la justicia. Pienso que este TSJ, cuando se produzca el cambio radical que viene y que todo el país espera con ansiedad, será totalmente renovado y sus nuevos integrantes, que deben ser académicos idóneos, probos, éticos y con dignidad a toda prueba, tendrán que revisar esos exabruptos cargados de antijuridicidad.
No sé hasta dónde llega esa capacidad de revisión del órgano, pero considero que sí es posible, toda vez que los humanos nos equivocamos, con intención o sin ella, y tenemos el derecho y deber de corrección y en consecuencia declarar esas sentencias como no existentes, para no contaminar la jurisprudencia que debe ser fuente de sabiduría y rectitud jurídica.
El próximo TSJ debe ser una rama del Poder Público Nacional totalmente independiente y autónomo tanto en lo orgánico como funcional. Una administración de justicia incondicional a intereses ajenos, al poder ejecutivo, es una aberrante situación que desarticula totalmente la normalidad ciudadana que debe ser garantizada por el Estado.
Una montaña gigantesca de tareas le corresponderá al próximo e inmediato gobierno del cambio, debe establecer prioridades y dentro de ellas necesariamente debe estar garantizar el estado de derecho para todos y una administración de justicia dedicada exclusivamente a hacer valer la verdad. La administración de justicia, con razón, es llamada la “Reina de los poderes públicos”.