La ley de amnistía es un primer paso, pequeño, que se ha logrado luego de una intensa y dolorosa batalla de los familiares de los presos políticos en Venezuela. La ley llega cuando quedan más de 600 detenidos en las cárceles del Gobierno y más de 11.000 personas siguen sometidas a medidas restrictivas judiciales, según Foro Penal. Esa y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que si no se desmantela el aparato de justicia y de represión estatal, el objetivo de reconciliación nacional de la amnistía no será posible.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, consideró este viernes que «no hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad», luego de que la Asamblea Nacional chavista aprobara la ley de amnistía que ha generado dudas y críticas sobre sus implicaciones para la justicia y la verdadera reconciliación en el país.

«Estoy convencido de que podremos construir una amnistía a la medida de un país entero. Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite», indicó González en su cuenta de X.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Lo que Venezuela ha vivido en las últimas décadas no es una crisis coyuntural, sino el colapso estructural de una nación. Esta devastación, que ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional, no es un accidente; es la consecuencia directa de un modelo de Estado y de políticas públicas que han conducido al país a una Emergencia Humanitaria Compleja, reconocida internacionalmente.