COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Lo que Venezuela ha vivido en las últimas décadas no es una crisis coyuntural, sino el colapso estructural de una nación. Esta devastación, que ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional, no es un accidente; es la consecuencia directa de un modelo de Estado y de políticas públicas que han conducido al país a una Emergencia Humanitaria Compleja, reconocida internacionalmente.
Este colapso se manifiesta en la desaparición de la institucionalidad democrática, con la anulación de la separación de poderes y la violación sistemática de los derechos humanos y laborales. Se expresa en una inseguridad alimentaria crónica, producto de un sistema agroalimentario roto que niega una nutrición adecuada a millones de personas. Se refleja en el deterioro irreversible de los servicios públicos esenciales —electricidad, agua potable— y en la destrucción de nuestra infraestructura, afectando con mayor crudeza a los sectores más vulnerables. Nuestra educación y salud pública están en ruinas, amenazando el futuro del país.
El resultado es una catástrofe sin precedentes: una pobreza crítica que alcanza al 90% de la población y la diáspora de más de 8 millones de venezolanos, el 25% de nuestro pueblo, quienes se han visto forzados a huir en busca de un futuro.
Hoy nos enfrentamos a un momento decisivo. El régimen autoritario, principal responsable de esta destrucción, sigue aferrado al poder y controla el aparato del Estado. Su estrategia es clara: esperar que la atención internacional se desvíe, apostando a la distracción para consolidar su permanencia y perpetuar el statu quo.
Cualquier intervención o presión internacional que no conduzca a un cambio real de régimen será insuficiente. Si la comunidad internacional, y en particular la administración de Estados Unidos no facilita una transición democrática genuina e inmediata, el pueblo venezolano no tendrá más alternativa que intensificar su resistencia y oposición para forzar un cambio.
La reconstrucción de Venezuela solo es posible a través de una transición que restaure por completo el sistema democrático. Esto debe traducirse en mejoras tangibles y efectivas en los derechos humanos y laborales, en la seguridad alimentaria, la calidad de los servicios públicos, la recuperación de la infraestructura, la reactivación de la educación y la salud.
Para lograrlo, es fundamental la activa participación de todos los sectores de la sociedad. con movilizaciones sociales y políticas con una dimensión tal que impongan que imponga una nueva dinámica, sentando las bases irreversibles para la reconstrucción del país.
Desde la Red Agroalimentaria de Venezuela, insistimos en que la cadena que va desde la producción agrícola hasta el consumo de alimentos es el centro y la clave de la posible recuperación del país, para lo cual se requiere un cambio profundo en toda ella, con una Estrategia Agroalimentaria con nuevas bases, donde la participación del sector privado en las políticas para cada cadena de producción sea fundamental.
Adicionalmente, los cambios más recientes sufridos por la agricultura plantean otras políticas y medidas que garanticen: la recuperación de la superficie bajo explotación agrícola, el rescate del número de productores agrícolas, especialmente de pequeñas y medianas explotaciones, por medio de Programas Integrales de Producción y formas de Coordinación vertical en las cadenas.
Esta estrategia debe incorporar las propuestas técnicas ya desarrolladas por nuestra Red y nos sentimos en la necesidad de poner a disposición todas nuestras capacidades para apoyar la gestión de cambio necesario y exhortamos a la comunidad en general a conformar un frente unido que permita la discusión necesaria para realizar los urgentes cambios que el país reclama, en un ambiente de tolerancia, respeto y paz.
El futuro de Venezuela está en juego. Exigimos una transición real, ahora.
Febrero de 2026