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¿De qué Constituyente estamos hablando?

Opinión
Artículos de opinión
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Tiempo de lectura: 5 min.

“El concepto de constituyente en nuestra Constitución va mucho más allá de una Asamblea Constituyente, se trata del poder del pueblo para crear, recrear, fundar y refundar patria, para ejercer soberanía de manera permanente con la Constitución como instrumento fundamental de trabajo, como guía de navegación para esta generación y las que se están formando”.

Estas son palabras del entonces Vicepresidente Nicolás Maduro[1] cuando, en el año 2012, anunció la estrategia oficialista denominada Proceso Constituyente para el Segundo Plan Socialista[2], a través del cual el gobierno diseñó una metodología para divulgar el Programa de la Patria, presentado por Hugo Chávez en junio de 2012, buscando construir un Plan de Desarrollo que mediáticamente respondiera a un proceso de consulta popular.

Por cierto, es oportuno recordar, que ese Proceso Constituyente pretendió servir de referencia y marco para la campaña de los candidatos a gobernadores y alcaldes del oficialismo. Precisamente a Nicolás Maduro, actuando como Vicepresidente de la República, le correspondió el lanzamiento oficial de esa estrategia política.

Los profesores de Derecho Público de distintas Universidades del país, mediante un documento público, denunciaron que ese Proceso Constituyente era una estrategia para equiparar la consulta del Plan de Gobierno con un proceso creador y constituyente, similar al que se realizó en el año 1999.

Además, advirtieron que, con esa táctica de consulta, el gobierno buscó modificar la Constitución de 1999, mediante la aprobación de un Segundo Plan Socialista de la Nación, que se presentó como un documento político y jurídico equivalente a la Constitución o del mismo rango constitucional, buscando sustituir en la práctica al texto constitucional vigente[3].

Los profesores universitarios concluyeron, en aquel documento, que con el Proceso Constituyente para la aprobación del Segundo Plan Socialista el gobierno simplemente avanzó en la promoción y en el intento por consolidar el Estado Comunal Socialista Centralizado.

El resultado de aquella estrategia se concretó con la publicación del Plan de la Patria 2013-2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria del 4 de diciembre del 2013, a través del cual el gobierno, aliado con la Asamblea Nacional de ese momento, vendió la idea, falsa, de que había aprobado un nueva ley, cuyo contenido debería asumirse como obligatorio[4].

Es importante acotar, que el Presidente tiene la atribución de presentar un Plan de Desarrollo y que la Asamblea Nacional, tiene la potestad de aprobarlo, pero ello no significa en ningún momento que el Plan de la Patria haya sido aprobado como Ley vigente de la República.

La ruptura del orden constitucional, denunciada y declarada por la Asamblea Nacional, sin duda alguna, pone en evidencia el fracaso y el engaño de aquél objetivo, que según los medios públicos, buscaba aquél Proceso Constituyente de 2012, que vendió la idea de trabajar para la extensión y profundización de la Constitución.

En 2012 la Asamblea Nacional fue reconocida como Poder Público legítimo para concluir un supuesto proceso constituyente; años después, luego del resultado electoral del 2015, la imposibilidad política de manipular la autonomía del Poder Legislativo da origen a la tesis del desacato.

Nuevamente la palabra Constituyente aparece en la hoja de ruta del gobierno, nada nuevo, es una reedición de acciones del pasado, pero que en esta oportunidad pretende manipular otro mecanismo constitucional.

Por cierto, en el pasado, hay dos hechos que demuestran la manipulación política del término Constituyente, a saber: la realización en el año 2014 del Congreso Constituyente de Movimientos Sociales, Ambientales y Ecologistas por la Paz y la Vida, cuyo objetivo no era otro que conformar un Gran Movimiento Unitario, desde la construcción de un programa común en el marco del Plan de la Patria[5].

Otro antecedente ocurrió en el año 2005, cuando impulsaron una estrategia denominada Constituyente Municipal[6], que hoy podría valorarse como uno de los antecedentes del denominado Poder Popular[7].

Este nuevo intento por manipular el tema de la legitimidad popular es confuso, porque convierte a la Asamblea Constituyente en una excusa política para imponer un supuesto diálogo nacional, bajo los términos y condiciones unilaterales del gobierno nacional, buscando además, como consecuencia adicional, la posibilidad de retomar la reforma constitucional que fue rechazada en el referendo del año 2007.

En este sentido, llama la atención que Aristóbulo Istúriz califique la Constituyente como una generosidad del Presidente y como una alternativa por los hechos violentos para evitar muertos y confrontación.[8] Por su parte, Elías Jaua reconoce que ante la imposibilidad de no tener con quién conversar, han tenido que activar ese nuevo mecanismo[9].

Es así como el diálogo nacional aparece como uno de las razones en las cuales se busca justificar la convocatoria a la Asamblea Constituyente en el número 1 del Decreto presidencial del 1 de mayo de 2017, en el cual se plante que la Constituyente es una gran convocatoria de diálogo nacional para contener la escalada de violencia política, el reconocimiento político mutuo y la reorganización del Estado, pero claramente agrega que esa reorganización supone asumir el modelo de Estado Comunal rechazado en el Referendo que negó la reforma de la Constitución en el año 2007.

El engaño y el fraude de esa convocatoria, unen las voces de la Conferencia Episcopal Venezolana, de la Mesa de Unidad y de la Asamblea Nacional, quienes a través de distintos documentos, han coincidido en rechazar de manera contundente esa maniobra del gobierno, que nuevamente pretende estafar la voluntad del pueblo soberano.

La sociedad civil organizada, tiene en esos documentos publicados y divulgados por el sector religioso, político e institucional, el más adecuado y completo desarrollo jurídico y político de las razones de fondo y de forma que llevan a calificar de engaño y fraude la convocatoria que ha hecho el Ejecutivo Nacional a una Asamblea Constituyente.

La presión de calle debe tener entre sus componentes una sistemática campaña de debates y discusiones políticos orientados a divulgar, apoyar y respaldar el contenido político y jurídico que los actores señalados previamente han expresado para rechazar la supuesta Constituyente; no olvidemos que en el año 2007, la estrategia de salir a la calle y vencer la reforma constitucional con debates, asambleas y calle, resultó exitosa.

¿De qué constituyente estamos hablando? ¿Cómo ir a una Constituyente en un país donde el convocante desconoce al Poder Legislativo? ¿Cómo creer en un gobierno que ignora las necesidades elementales de los ciudadanos: agua, comida y medicinas?

La palabra final está en manos de los ciudadanos organizados.

[1]El Universal. Gobierno inicia proceso constituyente para elaborar un plan socialista. 10 de noviembre 2012. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121110/gobierno-inicia-pr...

[2]Noticias24.com Dirigentes oficialistas iniciaron el proceso constituyente para el segundo Plan Socialista 2013-2019. 10 de noviembre 2012. Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/135137/dirigentes-oficialist...

[3] 14 de diciembre 2012. Online en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_8006.htm

12 de mayo de 2017