La última vez que un país europeo fue invadido, los responsables hablaban ruso, y la penúltima también. De este modo, así como ocurrió con Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968), ahora los sucesores de la no tan extinta Unión Soviética vuelven a ocupar territorio de un Estado soberano en Europa.

Por ello, el 24 de febrero de 2022 pasará a la historia por ser la primera vez en cinco décadas que un Estado europeo es invadido por otro. Ese día, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que ordenó a su Ejército realizar una «operación especial» para «la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como para llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa».

Desde que el Kremlin decidió invadir a su vecino, al que acusa de atacar a la minoría rusófona que vive en las provincias del este de Donestk y Luhansk y de poner en riesgo su seguridad con sus intenciones de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el mundo se ha horrorizado con las escenas de los misiles rusos cayendo sobre las ciudades ucranianas, así como por los tanques que se dirigen hacia ellas.

La agresión ha dejado, hasta el 7 de marzo, 406 civiles muertos, de los cuales al menos 28 eran niños, 801 heridos y más de un millón y medio de personas desplazadas hacia países vecinos como Polonia, Moldavia, Hungría o Rumanía, de acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la cual admite que la cifra real podría ser mucho mayor.

Asimismo, gobiernos como los de Estados Unidos y del Reino Unido han asegurado en los últimos días que tienen evidencia de que las fuerzas invasoras rusas realizan «ataques sistemáticos y deliberados contra la población civil que podrían constituir crímenes de guerra» con el propósito de quebrar la feroz resistencia de las fuerzas de Kiev, la capital de Ucrania.

La CPI mueve fichas

Lo anterior explica parcialmente por qué el pasado 28 de febrero el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó mediante un comunicado que había «bases razonables» para que su despacho abriera una investigación por crímenes de lesa humanidad en Ucrania y anunció el inmediato inicio de las averiguaciones.

Al respecto, declaró lo siguiente:

«Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que tanto los presuntos crímenes de guerra como los crímenes de lesa humanidad se han cometido en Ucrania, en relación con los hechos ya evaluados durante el examen preliminar de la Fiscalía».

A pesar de que Ucrania no forma parte del Estatuto de Roma esto es posible porque el mismo tratado en su artículo 12, párrafo 3, permite que Estados no partes del mismo remitan casos a la CPI y se sometan a su jurisdicción; en el caso de Ucrania, ello ha ocurrido en dos ocasiones.

Precisamente, ante la invocación de la mencionada norma, el pasado 11 de diciembre de 2020 la otrora fiscal Fatou Bensouda anunció que se había completado el examen preliminar sobre la situación de Ucrania, y concluyó que existía una base creíble para creer que crímenes de guerra y de lesa humanidad fueron cometidos durante las protestas en 2014 y en el conflicto con los territorios separatistas, como lo explicó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

Así, la primera remisión ocurrió el 9 de abril de 2014, y fue presentada por las propias autoridades del país, quienes solicitaron una investigación por los hechos ocurridos en su territorio a partir de 2014, cuando una ola de protestas antigubernamentales que comenzó a finales de 2013 fue duramente reprimida por el Ejecutivo, entonces encabezado por Víctor Yanukovich. Los manifestantes rechazaron las pretensiones de Yanukovich, un prorruso que trató de detener el proceso de Ucrania de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Tras meses de disturbios y confrontaciones, el mandatario fue destituido por el Parlamento y huyó a Rusia.

En la segunda oportunidad, Ucrania sometió a la CPI el 8 de septiembre de 2015 los eventos involucrados con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra derivados del movimiento separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk. En esa ocasión, la remisión se dejó abierta para todos los hechos posteriores a la fecha de la comunicación, lo que permitiría incluir los eventos actuales.

Además de la decisión del fiscal Khan de pasar a investigación estos casos previos, y para que no quedase duda sobre la necesidad de que la CPI investigue lo que está ocurriendo en Ucrania, el pasado 2 de marzo un grupo de cuarenta y un países miembros de la CPI (Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Macedonia del Norte, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y Suecia) solicitó que investigara los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio ucraniano.

Recordemos que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueden remitir casos a la Fiscalía de la CPI relacionados con aquellas situaciones en que presuntamente se han cometido crímenes de su competencia, aunque esto parece descartado visto el poder de veto que ya Rusia ha ejercido sobre lo relativo a su actuación en Ucrania.

Investigación cuesta arriba

Como ha quedado demostrado, Ucrania aceptó la jurisdicción de la CPI hace más de un lustro atrás en dos ocasiones, y tras la remisión de lo que está ocurriendo a causa de la actual invasión rusa en Ucrania queda claro el anuncio y la competencia del fiscal Khan para incluir cualquier presunto delito cometido en el territorio del país europeo del 20 de febrero de 2014 en adelante; de esta manera, la Fiscalía y la Corte pueden conocer los crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio que se estaría perpetrando en territorio ucraniano

Esto permitiría sentar en el banquillo de los acusados a Vladimir Putin o alguno de sus generales e incluso soldados, pues aunque Rusia tampoco es miembro de la CPI, con la remisión del caso por cuarenta y un países, sus autoridades deben responder ante la Fiscalía y el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos).

No obstante, la posibilidad de que la actual administración rusa colabore con cualquier investigación es poco menos que una ilusión. Así lo han dejado en claro desde Moscú, al rechazar participar este 7 y 8 de marzo en las audiencias que otro tribunal internacional, la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ), celebró con el propósito de analizar las alegaciones del Kremlin de que en Ucrania se habría estado ejecutando un genocidio contra la minoría rusa que vive en el este del país.

Sin embargo, debe advertirse que los poderes de la CPI son limitados para obligar a países a colaborar. También es cierto que de dictarse órdenes de captura contra funcionarios rusos, tales decisiones son de obligatorio cumplimiento en los 123 países miembros, por lo que el rango de acción de estos individuos quedaría severamente limitado, incluyendo aquellos que tengan condición de diplomáticos u ostenten altos cargos gubernamentales.

A los días de ocurrida la agresión militar, las autoridades ucranianas denunciaron también a Rusia ante la CIJ, solicitando medidas provisionales ante la misma, esperando que ordene el cese de las actividades militares.

El juzgado antes mencionado, que como la CPI está ubicado en La Haya, tiene entre sus competencias resolver disputas sobre:

«la interpretación de un tratado; cualquier cuestión de derecho internacional; la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional y la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional».

Lo anterior de acuerdo con el artículo 36 de su Estatuto. Además, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los Estados involucrados en el pleito.

Sin embargo, debemos aclarar que a diferencia de la CPI, la Corte Internacional de Justicia no tiene las potestades descritas para el primero, por lo que depende, en principio, de la voluntad de los Estados para que se cumplan sus decisiones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Nadie es ajeno a lo que acontece actualmente en el conflicto Rusia-Ucrania, sobre todo cuando este episodio histórico representa un grave peligro para la paz y la seguridad internacionales. Lo que ocurre en Ucrania ya está generando efectos en la economía mundial, y a eso no es ajena Venezuela.

De ahí entonces que si bien se valora positivamente la iniciativa de la CPI, que es un significativo paso en la lucha contra las atrocidades que están ocurriendo en Ucrania, lo cierto es que deben seguirse activando otros mecanismos por parte de la comunidad internacional que realmente garanticen a los ucranianos, víctimas de la invasión rusa, el restablecimiento de los derechos humanos y de su soberanía nacional, y no solo a limitarse a investigar los hechos que están ocurriendo, que puede demorar largo tiempo.

Por ello son necesarias todas aquellas acciones de negociación que traigan el cese de las hostilidades, pero sin impunidad, pues una paz con injusticia es solo la antesala del siguiente conflicto, que siempre puede ser el último.

16 de marzo

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