Si había dudas de las características arbitrarias y autoritarias del régimen, esta semana esas dudas deben de haber quedado despejadas. La represión casi salvaje utilizada por la GNB, las policías estadales, o los colectivos, contra la ciudadanía que protesta pacíficamente contra las miserias impuestas por el desgobierno fue la característica principal de la semana que recién termina.

En varias de las capitales del interior de la república, o lo que queda de ella, como Mérida, Tucupita, Cumaná y Barcelona, la gente con hambre, no solamente de alimentos, fue reprimida sin ningún tipo de consideración o recato por las “autoridades” competentes y los arrestos arbitrarios no se hicieron esperar. Padres y madres, hermanos, niños y recién nacidos, minusválidos en silla de ruedas, y muchos estudiantes, pasaron a incrementar la listas de golpeados y procesados con régimen de presentación periódica fundamentados en delitos inexistentes que de manera expresa cualquier funcionario policial puede imputar, prácticamente, sin derecho al pataleo.

El pago de vacuna a los funcionarios para obtener nuevamente la libertad, se ha convertido en un nuevo y próspero negocio amparado por fiscales y jueces que también reciben su buena tajada. No pagar esta vacuna (o no tener como pagarla) significa, prácticamente, la diferencia entre la vida o pasar todo tipo de penurias, todas ellas con riesgo de perder la primera en nuestras cárceles, donde el pran reinante tiene la última palabra. Todo para disuadir a la gente de que proteste.

Otra forma de amedrentamiento, esta, más peligrosa, es la utilización de colectivos armados como fuerza de choque inicial con la presencia de policías y guardias para mantenerlos controlados. El problema es que están actuando sin esta supervisión por lo que los desmanes y otros abusos se manifiestan y ante los que la gente no pueda hacer mayor cosa. Pero sin presencia policial o de la guardia, los manifestantes también pueden reaccionar violentamente contra estos colectivos y las consecuencias serán completamente imprevisibles.

Ya no podemos decir que el gobierno tiene la última palabra, porque cada día es más notorio el poco control de este sobre los colectivos. La necesaria intervención de la FANB se hace cada vez más evidente y entonces tendremos que decir: “que Dios nos agarre confesados”

El comentario de la semana

1 de julio, 2016